Jesús Jiménez Rincón
Expediente 490/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2017
Partes del expediente
- Jesús Jiménez Rincón
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la comunicación de cuenta de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada por dicho tribunal, así como dos tomos de pruebas del expediente **** y un tomo del toca *********, con motivo del recurso de queja interpuesto por **********, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; se hace del conocimiento de las partes que al substanciar el aludido recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el impetrante del amparo Jesús Jiménez Rincón, contra el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en los autos del juicio de amparo indirecto 490/2017. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por *********, en contra de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación **********. .". Se acusa recibo de estilo al tribunal ocursante y se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvanse a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, dos tomos de pruebas del expediente *****, así como un tomo del toca *******. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de *****, quejoso en este asunto, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, constando en el mismo los motivos y fundamentos legales que fueron tomados en cuenta para resolver en el sentido asentado, lo cual sustenta su legalidad; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este expediente y tres tomos que remitió la responsable anexos a su informe con justificación, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la comunicación de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por **** contra actos de la siguiente autoridad: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Asimismo, remite el informe justificado rendido por la autoridad responsable, certificación de días inhábiles y copia certificada del emplazamiento al tercero interesado. Acúsese recibo. Lo anterior, por considerar que ese tribunal carece de competencia para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. Con apoyo en los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Dado lo voluminoso de las constancias que remitió la responsable, en tres tomos, se dejan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para que puedan enterarse de su contenido, respetando folios, rúbricas y entresellos. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 490/2017-XV. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda o su improcedencia, se acuerda: El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Analizado el contexto de la demanda y el escrito de cuenta, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, del escrito de demanda y anexos, se advierte que el aquí quejoso, fue notificado de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete reclamada, por medio de lista el veintidós de marzo de dos mil diecisiete del cual tuvo conocimiento pleno. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable las que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de dicho ordenamiento legal, se tiene que la resolución reclamada le fue notificada al quejoso el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por lo que, en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, surtió efectos el día hábil siguiente, esto es el veintitrés del citado mes y año. Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo comenzó a computarse del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete para fenecer el veinte de abril del año en curso, cómputo en el que fueron descontados los días veinticinco, veintiséis de marzo, uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril, por ser sábados y domingos, así como del diez al catorce de abril por semana santa, en tal virtud, si la demanda de amparo fue presentada hasta el doce de mayo de dos mil dieciséis, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. No obste, lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo promovida por el quejoso fue promovida en la vía directa ante la responsable presentada ante la misma el veinte de abril del año en curso, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales ya les fue otorgado valor probatorio pleno, se advierte que en el juicio ordinario mercantil **** promovido por ****, éste último promovió juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia definitiva de veinticinco de febrero de dos mil once, dictada en el toca civil **** por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad (fojas 14 a 29 del tomo dos), amparo del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual se resolvió el veintiséis de abril de dos mil doce, negando el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a **** (fojas 39 a 71 del tomo dos). Posteriormente, el quejoso promovió juicio de amparo en la vía directa contra la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada en el toca civil **** por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en la que se confirmó la resolución de liquidación de intereses moratorios dictada en juicio ordinario mercantil **** (fojas 13 a 36 del tomo dos). Mismo, que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad radicándolo bajo el amparo directo **** y por auto de diez de octubre de dos mil trece, se declaró incompetente para conocer de dicho asunto, haciéndole del conocimiento al promovente que el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento compete a los tribunales colegiados, procede únicamente contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por lo primero, como aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario o, los interesados hubieren renunciado expresamente a éstos, si la ley lo permite; en tanto las segundas, como aquéllas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario a través de los cuales pudieran ser revocadas o modificadas, en términos de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo (foja 43 del tomo dos). A la postre, el aquí quejoso de nueva cuenta interpuso demanda de amparo en la vía directa contra la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil quince, que confirmó la interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil quince pronunciada por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, dictada en el expediente número ****, relativo al incidente de liquidación de intereses moratorios (fojas 16 a 33 del tomo dos). Juicio de amparo, que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, radicándolo bajo el amparo directo ****, declarándose de nueva cuenta legalmente incompetente, toda vez que en términos de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, la competencia de los tribunales colegiados procede únicamente contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por lo primero, como aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario o, los interesados hubieren renunciado expresamente a éstos, si la ley lo permite; en tanto las segundas, como aquéllas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario a través de los cuales pudieran ser revocadas o modificadas, por lo que, si el acto que reclamó el quejoso derivaba de una resolución interlocutoria relativo al incidente de liquidación de intereses moratorios, dictada en ejecución de sentencia, no se trata de la decisión cuya naturaleza haya resuelto la suerte principal en definitiva, ni que tenga por efecto darlo por concluido (foja 39 del tomo dos). Ulteriormente, el quejoso **** promovió por tercera ocasión juicio de amparo en la vía indirecta contra la determinación de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada en el toca de apelación ****, en el que se confirmó el auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis pronunciada por el Juez Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario mercantil **** el que se aprobó el remate a favor de la parte actora de los bienes muebles embargados (fojas 14 a 47 del tomo dos). Amparo unistancial que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, radicándolo bajo el amparo ****, el cual mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ya que el acto reclamado no puede ser considerada como una resolución que tenga el carácter de sentencia definitiva, pues no decide el fondo de la controversia, ni es una resolución que pinga fin al juicio, sino que se trata de una resolución dictada en ejecución de sentencia, haciéndole de su conocimiento al quejoso que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, entendiéndose por sentencias definitivas las que decidan en el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas (fojas 55 y 56 del tomo dos). De lo relatado se evidencia, con meridiana claridad que el aquí quejoso, con anterioridad al juicio de amparo en que se actúa, había promovido diversos juicios de amparo en la vía uniinstancial, de los cuales correspondió conocer al antes Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residentes en esta ciudad, todos ellos con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva. De los oficios por los que los tribunales declararon legalmente incompetentes para conocer de los actos reclamados en los aludidos amparos, ya que no constituyen una sentencia definitiva, ni resolución que hubiera puesto fin al juicio, que son los únicos casos en que procede el juicio de garantías uniinstancial en materia civil, entendiéndose por la primera la que decide el juicio en lo principal, y por la segunda, aquella que sin resolverlo lo da por concluido, respecto de las que las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Lo expresado evidencia que cuando presentó la demanda de amparo, el peticionario no ignoraba que los autos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, como lo es la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación ****, con el cual confirmó el auto de uno de febrero del referido año, pronunciado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla dentro del juicio ordinario mercantil ****, debe ser combatido a través del amparo indirecto, pues no se trata de una sentencia definitiva, ni de una resolución que ponga fin al juicio sin resolverlo; pese a ello, asumió una conducta de aparente desconocimiento en el tema y, de nueva cuenta, promovió amparo directo, lo que pone de relieve que su proceder dejó de ser de buena fe, como lo exige la propia naturaleza del juicio constitucional. En efecto, como se desprende de lo actuado en el toca de origen, es del pleno conocimiento del aquí quejoso que en el juicio de origen ya se dictó la sentencia definitiva ya que promovió amparo directo en contra de la misma en el cual se le negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, por lo que, de acuerdo a lo que le indicó reiteradamente los tribunales referidos en los diversos juicio de amparos indirectos 884/2013, 630/2015 y 674/2016, no cabía lugar a duda de que, respecto de la determinación de dieciséis de marzo del año en curso, emitida por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en la que confirmo el auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ordinario mercantil ****, en el cual se requirió al demandado la entrega la escritura de adjudicación del bien inmueble embargado, no procedía amparo en la vía directa y que, por ende, procedía el indirecto, lo que evidencia, con meridiana claridad, que no se trata de un entendimiento incorrecto de lo señalado en la ley de la materia, ni de una simple equivocación respecto al órgano competente para conocer de un determinado acto reclamado o del lugar en que debe presentarse la demanda, por lo que, se tiene que el proceder del quejoso **** dejó de ser de buena fe. En ese orden de ideas, si la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete fue notificada al ahora quejoso el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, surtiendo sus efectos el veintitrés siguiente, en tanto que la demanda fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, el doce de mayo de dos mil diecisiete, se concluye, sin lugar a dudas, que la demanda fue presentada extemporáneamente por hacerlo fuera del plazo de los quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el término venció el veinte de abril del año en curso, cómputo en el que fueron descontados los días veinticinco, veintiséis de marzo, uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril, por ser sábados y domingos, así como del diez al catorce de abril por semana santa. Ello es así, ya que si bien existe criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para establecer la fecha en que se interpuso una demanda de amparo biinstancial promovida como directo, debe estarse a aquella en que se presentó ante la autoridad responsable, mas esa regla ha de operar en los casos donde por una verdadera duda del quejoso inste su petición de amparo en la vía inadecuada, puesto que es evidente que dicho criterio jurisprudencial se encuentra inspirado en el principio de la buena fe, que estriba en el estado de honradez y convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un hecho u opinión, o la rectitud de una conducta razonable y honesta de las partes, lo que debe presumirse y admitir la demanda. Pero cuando la parte quejosa conoce perfectamente cuál es la vía en que ha de promover el amparo correspondiente, verbigracia, porque con anterioridad había instado otro u otros juicios de amparo en la vía directa contra una determinación de la misma naturaleza que la que constituye el acto reclamado, razón por la que el Tribunal Colegiado de Circuito se declaró legalmente incompetente expresando las causas por las que el acto de autoridad era impugnable en la indirecta, es obvio que al formular el nuevo amparo ya no se encuentra el promovente en el dilema de que se trata, por lo que su proceder no es de buena fe; de ahí que, como en el caso que nos ocupa se esté en un caso de excepción a la jurisprudencia por lo que debe tenerse como fecha de presentación de la demanda de amparo la de recepción en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito. Entonces al considerar que la fecha de presentación de la demanda de amparo es la que aparece en el acuse de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es el doce de mayo de dos mil diecisiete, puesto que el quejoso no puede eludir que tenía conocimiento de que es a través del amparo indirecto en el que debió combatir la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación ****, con el cual confirmó el auto de uno de febrero del referido año, pronunciado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, ya que a pesar de que no fue exactamente contra tal resolución que promovió los anteriores amparos directos, sino contra diversas violaciones procesales, lo cierto es que, en todas esas ocasiones se le hizo saber por parte de dichos tribunales que el amparo uniinstancial en materia civil sólo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por la primera la que decide el juicio en lo principal, y por la segunda, aquella que sin resolverlo lo da por concluido, respecto de las que las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, siendo evidente que el acto reclamado no encuadra en ninguno de esos supuestos; de suerte que, en efecto, no sea posible estimar que se trata de un error o bien desconocimiento por parte del promovente. Entonces, como el acto reclamado se notificó al promovente el veintidós de marzo del año en curso, es claro que a partir del día siguiente en que surtió efectos dicha actuación, transcurrieron más de los quince días que prescribe el artículo 17 de la ley de la materia para la interposición del juicio constitucional, lo que, se reitera, ocurrió el veinte de abril del citado año. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **** Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad; autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** y en términos restringidos a las demás personas que señala, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso..
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