Jesús Jiménez Rincón

Expediente 1558/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1558/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Jesús Jiménez Rincón

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso **** del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número *** Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *** por el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 46 a 52). En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 46 a 52), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo colegiado, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del recurso de queja 291/2019, en la cual en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y se ordena capturar su reingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado. ADMISIÓN Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 107, 108, 112, 115 y 116, de la ley de la materia, se admite la demanda promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Secretario de Educación, con sede en esta ciudad. 2. Subsecretario de Educación Estatal, con sede en esta ciudad. 3. Director de Educación Básica, con sede en esta ciudad. 4. Comité Estatal de Escalafón de la Secretaría de Educación del Estado, con sede en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN El artículo 110 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." En el caso concreto, la parte quejosa adjuntó al original del escrito aclaratorio con registro 012436, seis copias, cuando debió adjuntar siete de conformidad con el numeral anteriormente transcrito, que corresponden una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cuatro para las autoridades responsables y dos más para la apertura del incidente de suspensión relativo. Con fundamento en los artículos 114 y 130 de la ley en comento, ante la falta de una copia del escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se posterga la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto la parte quejosa exhiba la copia necesaria para el trámite correspondiente, esto mientras no sea decretada la sentencia ejecutoria de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio jurisprudencial: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE" INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con dos minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Se hace del conocimiento de las partes, que se estima innecesario emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación de este proveído, el cual deberán remitir refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado, por lo que se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no remitir sus informes justificados en los términos precisados se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberán: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados, en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d) antes precisados, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 64, 237, fracción I, 251, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO En virtud de que aún no se encuentra integrada la litis constitucional, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto a la parte tercero interesada y su respectivo emplazamiento, en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. APERCIBIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. PRUEBAS Con fundamento en lo previsto por el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en la forma y términos en que lo hace, así como las documentales que anexa a su escrito de demanda y al diverso ocurso presentado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, con registro 012436, las cuales se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. DESTRUCCIÓN DE COPIAS Sin que sea necesario glosar el legajo de copias certificadas que remite la autoridad oficiante, toda vez que el mismo consta de las actuaciones del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señaladas como: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ***. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizado integralmente el escrito inicial de cuenta y anexos que acompaña, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V , interpretada a contrario sensu. En efecto, previo al estudio de la causa de improcedencia aludida, resulta procedente precisar que, de los referidos antecedentes del acto reclamado, si bien se advierte que el acto que en esta vía se reclama deriva de un incidente de prescripción de ejecución de sentencia emitida en un juicio especial hipotecario en el que la aquí quejosa es parte, a criterio de quien esto determina, debe señalarse que debe aplicarse para el análisis de la procedencia del juicio, las reglas establecidas en la fracción V, del dispositivo legal antes invocado. Lo anterior es así, pues no obstante que la incidencia de donde deriva el acto reclamado, se tramitó una vez concluido el juicio, y en relación a ello, pudiera resultar aplicable la disposición contenida en la fracción IV, del citado numeral 107, de la ley de la materia, lo cierto es, que al tratarse de un procedimiento autónomo (incidental), el cual se lleva por cuerda separada, el mismo se equipara al procedimiento en lo principal, pues sus fases dependen de la presentación del escrito inicial, el emplazamiento a la parte contraria, plazo para desahogar pruebas, y la resolución relativa. Así entonces, de la lectura de los preceptos legales transcritos, se puede advertir que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004 , cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001 , de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.". Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora, en el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca de apelación ***, mediante la cual revocó la resolución interlocutoria de uno de julio de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia derivada del juicio especial hipotecario ***, y en la que se ordenó la reposición del procedimiento incidental. En otras palabras, el acto reclamado lo constituye una resolución que revoca la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento ante las violaciones procesales que la alzada advirtió, por lo que se debe analizar si las consecuencias producidas por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación. Ello, en razón de que la reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; sin embargo, en algunos supuestos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, casos en los que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia , de rubro y texto, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION." En esa línea de pensamiento, la naturaleza de la resolución de segunda instancia que en esta instancia constitucional se reclama, no causa una afectación de imposible reparación, ya que sobre dicho acto controvertido imperan las características siguientes: a) Tiene su origen en un incidente de prescripción de ejecución de sentencia derivada del juicio especial hipotecario ***; b) Sólo tiene como objeto ordenar la reposición del procedimiento; c) En el que se resolverá si es procedente o no la prescripción de la condena emitida en el juicio especial hipotecario solicitada; y, d) Que la declaratoria de improcedencia del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, aún no existe. De modo que únicamente tiene como efecto la continuación del procedimiento del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, previo a que se subsane las violaciones procesales advertidas. Por tanto, si bien la resolución de segunda instancia aquí reclamada pudiera afectar derechos, estos son únicamente de naturaleza adjetiva o procesal, es decir, tal afectación no se configura materialmente, dado que como se advierte, con su emisión no se le impide a la parte quejosa el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, ni menos aún se le priva de alguno de ellos, sino que dicha afectación dependerá de que se dicte una resolución que no le favorezca. En ese sentido, si bien la reposición se dio porque la Sala estimó que se transgredieron las normas del procedimiento al no haberse emplazo a la incidencia relativa a la persona moral Sólida Administración de Portafolio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada Grupo Financiero Banorte; además que el emplazamiento al tratarse de la primera notificación en la incidencia, se realizó por estrados cuando debió hacerse en el domicilio, lo que si bien pudiera considerarse le ocasiona perjuicio a la parte quejosa, debe estimarse que dicho agravio no es de imposible reparación, pues la reposición del procedimiento para efectos de subsanar dichas deficiencias procesales, no implica que la resolución que eventualmente sea dictada en el incidente relativo, le sea desfavorable, y aun de serlo, estará en aptitud de agotar los respectivos medios ordinarios defensa para conseguir su nulificación. Circunstancia que desde luego es suficiente para estimar que en el caso resulta improcedente el juicio de amparo intentado, al no surtirse una de las dos condiciones que enmarca el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, para su procedencia, a saber, que el acto reclamado afecte materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa. Luego, aun cuando la accionante de amparo estime incorrecto el fallo de segunda instancia reclamado, este no tiene el carácter de irreparable en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no afectar de manera directa e inmediata algún derecho fundamental, por lo que no es reclamable en amparo indirecto. Es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro y texto, siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENAN REPONER EL PROCEDIMIENTO." Cabe señalar que no es óbice a lo anterior que la reposición pueda implicar una dilación en el procedimiento de origen, pues ello en modo alguno significa vulnerar lo previsto en el artículo 17 constitucional, en virtud que toda reposición para subsanar violaciones fundadas comprende necesariamente un retardo del procedimiento en mayor o menor medida, sin que ello involucre una violación a la garantía de justicia pronta. Pues estimarlo de otra manera, los fines prácticos que tiene la reposición llevaría al extremo de que la violación a las formalidades esenciales del procedimiento, aun cuando fueran advertidas por órganos terminales, no se ordenara por la pérdida de tiempo que ello implicaría. Luego, el sólo retardo en la impartición de justicia que pudiera entrañar la reposición del procedimiento no justifica la procedencia del juicio de amparo, habida cuenta que toda decisión de esa índole involucra una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera implica violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior por el contenido que la informa (analogía de razón), la jurisprudencia que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." En tal sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jesús Jiménez Rincón. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del numeral a los demás profesionistas que refiere, por así haberlo solicitado la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."

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