Jesús Jiménez García

Expediente 1786/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1786/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Jesús Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. ... Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Petición. La autoridad responsable Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla: a.- Rinde su informe justificado; y, b.- Ofrece prueba. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. Jesús Jiménez García, por conducto de su apoderado legal Osiris Monterrubio Trujillo. B.- Terceros interesados. 1.- Elmex Superior, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2.- Market Pro, Sociedad Anónima de Capital Variable. 3.- Dirección de Administración Central, Sociedad Anónima de Capital Variable. C.- Autoridad responsable. Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla. D.- Actos reclamados. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. I. - Sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativa. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. En la especie, la autoridad responsable Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, manifiesta y acredita que el once de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 0811/2022, de su índice, dictó un auto en el que, en síntesis, acordó lo siguiente: 1.- Tuvo a la parte demandada a la parte demandada: a).- Dando contestación a la demanda interpuesta en su contra. b) Interponiendo las excepciones, defensas y objeciones. c) Anunciado las pruebas. 2.- Dio vista a la parte actora, aquí quejosa, con la imposibilidad de emplazar a la demandada Market Pro, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Market Pro, para que manifestara lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo no se continuará con el procedimiento en contra de la citada demandada. 3.- Ordenó correr traslado a la parte actora con el escrito de contestación de demanda y sus anexos, para dentro del término de ocho días, a fin de que objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y, en su caso, ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica. Acuerdo que notificó al aquí quejoso el once de octubre de dos mil veintidós, como se advierte de la notificación por buzó electrónico asentada por el Secretario Instructor. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acorde con lo expuesto, resulta conveniente destacar que la calificación sobre la existencia o no de los actos reclamados deriva también de atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al Tribunal de Amparo, existía o no un acto de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. En esa medida, de las constancias se observa que la demanda de amparo fue remitida vía electrónica el cinco de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el juicio laboral 0811/2022, el expediente no guardaba estado para desahogar la fase escrita dentro del procedimiento, sí como señalar fecha para la audiencia prelimliminar. Esto es así, toda vez que cuando fue presentada la demanda de amparo, aún no se tenía por contestada la demanda laboral, ni se encontraba emplazada una de las empresas demandadas, lo que proveyó el Tribunal responsable en acuerdo de once de octubre del año en curso. Por lo anterior, en el citado proveído se requirió al aquí quejoso para que dentro del plazo de ocho días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y, en su caso, ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, y manifieste lo que a su interés convenga respecto a la empresa demanda que aún no ha sido emplazada al juicio laboral. Por lo tanto, al no haber transcurridos los plazos otorgados por el Tribunal responsable, éste no está en posibilidad de fijar fecha para la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual deberá tener verificativo dentro de los diez días siguientes una vez concluidos dichos plazos; por lo que no se actualizan las omisiones señaladas por el quejoso respecto a desahogar la fase escrita del procedimiento previsto en los artículos 873-A, 873-B y 873-C de la Ley Federal del Trabajo, así como de señalar fecha para que se lleve a cabo la Audiencia Preliminar en el juicio laboral de origen. Esto tomando en cuenta el contenido de los numerales 873-A, 873-B y 873-C de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: De los artículos antes transcritos se aprecia que: 1. Una vez emplazada la parte demandada tiene el término de quince días para dar contestación a la demanda, exponer las excepciones y defensas que tuviere a su favor y, en su caso, objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora y reconvenir. 2. En caso de que la parte demandada no conteste la demanda dentro del término concedido, se tendrá por contestada en sentido afirmativo. 3. Una vez contestada la demanda, el Tribunal correrá traslado a la actora para que en un plazo de ocho días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y, en su caso, ofrezca pruebas en relación a las objeciones plateadas y réplica. 4. Con el escrito de réplica y sus anexos, se correrá traslado a la parte demandada para que dentro del plazo de cinco días formule su contrarréplica por escrito y, en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido en éste. 5.- En el supuesto de que el demandado presente su contrarréplica, se correrá traslado con ésta a la parte actora para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga. 6. Una vez transcurridos los plazos antes señalados, se fijará fecha para celebrar la Audiencia Preliminar, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Por tanto, del informe de cuenta se aprecia que aún no transcurren los plazos concedidos a la parte actora para formular su réplica respecto a la contestación de la demanda y, en su caso, se presente una contrarréplica, así como las manifestaciones de la parte actora respecto a esta última, aunado a que aún no se ha emplazado a una de las demandadas en el juicio laboral de origen, por lo que el expediente no guarda estado para que el Tribunal responsable desahogue la fase escrita del procedimiento y señale fecha para el desahogo de la Audiencia Preliminar, pues están transcurriendo los términos concedidos a las partes, y por tanto, no existen los actos reclamados. De lo anterior se colige que al promoverse la demanda de amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable no existía. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Hecho último que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Esto tomando en cuenta la jurisprudencia 99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h, de la Décima Época de rubro y contenido que enseguida se citan, la cual establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por tanto, queda claramente demostrado que no existen los actos reclamados en el presente juicio de amparo, y el quejoso no aportó los medios de prueba para desvirtuar su inexistencia. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de fundamento, las tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el entendido que se resuelve atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el asunto de origen. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Gabriela Toxtle Limón, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  3. Principal

    Oficio. La Jueza Noveno Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, pretende informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Gestiones. Este juzgado federal toma conocimiento de lo informado en el oficio de cuenta, empero, dado que las constancias que se adjunta carecen de firma autógrafa en la certificación relativa se determina: Requerimiento. A fin de contar con los elementos suficientes para hacer el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento ordenado en la ejecutoria de mérito, requiérase a la Jueza Noveno Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla para que en el término de tres días, informe y acredite las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en autos.

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