Jesús Jiménez Castañeda
Expediente 917/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2019
Partes del expediente
- Jesús Jiménez Castañeda
Actuaciones
- Principal
** Tepic, Nayarit, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el ocurso enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por el quejoso **, a través del cual pretende ampliar su demanda de amparo; ahora bien, agréguese a sus autos para que únicamente obre como corresponda, dado que en proveído de treinta de noviembre de la anualidad pasada, esta Juzgadora se declaró impedida para conocer del presente asunto en términos del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que la suscrita figura como quejosa en juicio de amparo semejante al presente, pues de no ser así podría verse afectada la imparcialidad de la suscrita. Aunado, a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal del Citado Circuito, el cual se encuentra pendiente la calificación correspondiente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por así haberlo solicitado, provéase respecto de la suspensión de los hechos nuevos en la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa. Lo anterior se considera de esa forma, por el mismo criterio que se hizo valer en proveído de treinta de noviembre del año anterior, a saber, que la suscrita estima que no se actualiza la hipótesis a que hace alusión el numeral 53 de la Ley de Amparo, que contiene el caso de excepción para proveer en relación con la indicada medida precautoria, a saber, cuando el juzgador aduzca tener interés personal en el asunto, por lo siguiente: El artículo en cuestión se lee: "Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento." Dicha causa de excepción debe entenderse, de manera armónica con el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo, que contiene precisamente el motivo de impedimento para conocer de un juicio de amparo, al tener un interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tenga su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción que antecede. Ahora bien, a fin de evidenciar con claridad qué debe entenderse por interés personal, se estima conveniente realizar las siguientes precisiones: En el juicio de amparo, los impedimentos son supuestos que, de actualizarse, tienen como consecuencia que un juez no pueda conocer de un caso en concreto. Los supuestos que dan pie a los impedimentos son factores o circunstancias personales, que podrían distorsionar la imparcialidad del juzgador. El efecto directo de los impedimentos es la incapacidad subjetiva de la persona que desempeña un cargo jurisdiccional, como consecuencia de alguna de las hipótesis señaladas por la ley aplicable. En ese sentido, la causa de impedimento por interés personal en el asunto, prevista en la fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, ha sido entendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés que muestre el funcionario sobre el asunto que va a fallar de manera directa desde el momento en que tuviese conocimiento del mismo, y debe entenderse como el interés material y económico que tenga el juzgador en el asunto, de tal manera que pueda obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos. El argumento anterior se encuentra contenido en la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1001, del Tomo VII, Junio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: **Así como en la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1374, del Tomo XLIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: **Atento a ello, se insiste, el interés personal a que alude el numeral 51, fracción II, de la Ley de Amparo, debe entenderse, de modo indefectible, como el interés material y económico que tenga el juez en el asunto que originó el juicio de amparo. En tal virtud, si bien es cierto la suscrita, en la mencionada determinación de treinta de noviembre del año anterior, consideró actualizada diversa causal de impedimento, es distinta a la indicada en la fracción II del numeral 51 de la Ley de Amparo, por lo que de aquélla no se desprende la existencia de un interés personal de mi parte en el juicio de amparo que nos ocupa, precisamente, porque carezco de la expectativa de obtención de algún beneficio de índole material o económica en la resolución del mismo; lo que da lugar a que, se reitera, en el caso sí se esté en aptitud de realizar el pronunciamiento respectivo, en relación a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, al no actualizarse la hipótesis a que hace alusión el arábigo 53 de la ley de la materia, esencialmente porque no existe interés personal de esta Juzgadora Federal en el asunto, como quedó expuesto con antelación. Ahora bien, no pasa inadvertido que la parte quejosa solicita la medida cautelar en su escrito de ampliación de demanda de amparo, respecto de la aplicación del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; en tanto que la suscrita promovió una diversa ampliación de demanda en contra de la propia legislación tildada de inconstitucional, por lo que podría estimarse que al compartirse los motivos de inconstitucionalidad expresados por la parte quejosa, así como sus pretensiones, existiera por quien esto resuelve, un interés personal en la resolución de este asunto, lo que motivaría, en su caso, un impedimento para pronunciarse en relación con la medida cautelar solicitada. Sin embargo, tal circunstancia no puede, en modo alguno, entenderse como subyacente de un interés personal en la resolución del litigio, cuenta habida que, como se especificó supralíneas, para la actualización de dicha figura es indispensable la existencia de una expectativa de obtención de algún beneficio de índole directa, material o económica que tenga el juzgador en el asunto que originó el juicio de amparo, lo que no acontece en la especie, como se expuso con antelación. En todo caso, dicha hipótesis se encuentra contenida en la diversa fracción VI del propio numeral 51 de la ley de la materia, que prevé, con suma claridad, como causal de impedimento, que el juzgador figure como parte en algún litigio de amparo semejante al de su conocimiento; empero, en su caso, la actualización de esta causal, no conlleva al impedimento para el pronunciamiento de la medida suspensional, en virtud de no estar contemplada en el referido artículo 53. De igual forma, la suscrita estima que el hecho de compartir eventualmente los motivos de inconstitucionalidad expresados por la parte aquí quejosa, así como sus pretensiones, podría dar lugar a un supuesto de interés personal distinto del preceptuado en la fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, que pudiere ser equiparado a alguna circunstancia análoga prevista en la fracción VIII del ordenamiento legal citado, que implicara que, precisamente, derivado de ese interés personal, existiere un riesgo de pérdida de imparcialidad, dado que ese presunto interés personal que me impediría estar en aptitud de resolver en relación a la suspensión requerida, se encuentra previsto con suma claridad en la aludida fracción II del arábigo 51; la que, como quedó visto, ha sido definida como el interés directo, material y económico que tenga el juzgador en el asunto, de tal manera que pueda obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos. Ahora bien, las causas análogas a que hace relación la fracción VIII del artículo que nos importa, deben ser entendidas como diversas de las previstas en las restantes fracciones del multicitado artículo 51, cuenta habida que este numeral, en sus distintas fracciones I a VII, establece casos concretos de causas por las que un juzgador debe declararse impedido para conocer de un juicio de amparo, y solo en tratándose de hipótesis diversas a las ahí anotadas, es factible acudir a las causas análogas a que se refiere aquella fracción. En ese sentido, debe reiterarse, si la causal de interés personal se encuentra prevista en una fracción diversa, e incluso ya ha sido conceptualizada de modo puntual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma no es susceptible de ser invocada, como análoga, con sustento en la fracción VIII en cuestión, puesto que ello se estima permisible tratándose única y exclusivamente de causales de impedimento que no estén previstas en las restantes fracciones, pero que pudieren generar una pérdida de imparcialidad por parte del Juzgador. Empero, como se dijo, el hecho de que pudieren compartirse los motivos de inconstitucionalidad expresados por la parte quejosa, así como sus razones y pretensiones, no actualiza un interés personal diverso del preceptuado y conceptualizado en la fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, mucho menos considerarlo de modo análogo en la fracción VIII, precisamente porque, se reitera, tal concepto de interés personal se encuentra contenido en una porción normativa distinta y su conceptualización, interpretación y alcance, fue plenamente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho de otro modo, se está en aptitud de recurrir a la analogía, cuando las hipótesis que se estiman actualizadas no se encuentran contempladas en la norma; lo que no acontece en la especie, cuenta habida que el interés personal se encuentra señalado en la citada fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, aunado a que tal concepto, se reitera, ya ha sido definido por el Alto Tribunal de la República; por lo que aun cuando existiere semejanza entre lo planteado por la parte quejosa y los motivos de inconformidad expresados por la suscrita en un diverso juicio de amparo, en relación con la propia legislación combatida, no actualiza la existencia de un interés personal en el asunto de cuenta, porque, en todo caso, podría considerarse una mera opinión expresada en mis motivos de disenso, pero en modo alguno esto constituiría la expectativa de obtención de un beneficio directo, material y económico en este juicio, como se puntualizó en párrafos precedentes. Por tanto, en términos del primer apartado del artículo 53 de la Ley de Amparo y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Carta Magna, esta Juzgadora, al no tener un interés personal en el presente asunto, se encuentra constitucional y legalmente obligada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en el presente juicio de amparo. De ahí que aun cuando la suscrita considera que se encuentra impedida para conocer del fondo del asunto, por figurar como parte procesal en un juicio de amparo semejante al del conocimiento, también lo es que con motivo de este pronunciamiento no existirá a favor de ésta, beneficio personal directo, material y económico alguno, pues sus efectos se vincularán estrictamente a favor de la parte quejosa, al ser aplicable el principio de relatividad de las sentencias que prevé el artículo 107, fracción II, constitucional. Aunado a lo anterior, a criterio de la suscrita, se actualiza la regla de necesidad como excepción a las hipótesis de impedimento, para asumir competencia para conocer de la suspensión solicitada en la ampliación de su escrito de demanda de amparo, pues además de que existe la permisión legal antes referida, los efectos de las normas reclamadas podrán llevar consigo la ejecución de actos que no sólo podrán resultar de difícil sino de imposible reparación y que obligan a esta juzgadora a garantizar cautelarmente los derechos humanos del quejoso, atento a lo que prevé el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, pues asumir una posición contraria conllevaría a privar transitoriamente y en perjuicio de los promoventes, su derecho fundamental al recurso judicial efectivo que contiene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en términos del diverso numeral 27.2 de esa Convención, en modo alguno puede ser suspendido en su eficacia jurídica. Corolario de lo anterior, resulta que al actualizarse el supuesto de excepción a que hace alusión el artículo 53 de la Ley de Amparo para resolver acerca de la medida cautelar solicitada, la suscrita ordena se provea respecto de la suspensión solicitada en el escrito de ampliación de demanda, con fundamento en los diversos 125 y 128 de la legislación en cita, para lo cual, déseme nueva cuenta con dos copias de la demanda que nos atañe. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos, en representación del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México y en atención al mismo, agréguense únicamente a sus autos el comunicado y anexos de mérito para que obren como corresponda, en virtud de que mediante proveído de veintitrés del presente mes y año, se proveyó al respecto.
- Principal
E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y del Director General de Ingresos de dicha Secretaría, del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, así como del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Bucerías, Nayarit, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto relativo al ordinal 21 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada Ley, reclamado a las autoridades denominadas Gobernador Constitucional y Congreso Local, ambos del Estado de Nayarit, así como al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, el amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia de control constitucional, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
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