Jesús Javier Reyes Sánchez y Otros.
Expediente 1063/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Javier Reyes Sánchez y Otros.
- Jesús Javier Reyes Sánchez
- Jessica Rodríguez Cruz y Otros.
- Jessica Rodríguez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Coordinadora de la Brigadas Especiales del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal del presente asunto y, en caso de que ya se haya ordenado el archivo de éste, se le remita copia del mismo. Al respecto, mediante oficio que al efecto se libre, comuníquese a la oficiante que el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa y, mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, causó estado dicha determinación, ordenándose el archivo del presente asunto. Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto en su artículo 2º, expídase la copia del acuerdo de archivo y, remítasele anexa al comunicado que se libra. Finalmente, se tiene a la responsable señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, la dirección que cita en el comunicado de cuenta, de conformidad con el artículo 28 fracción Il, de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la determinación en que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración el expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo.Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que obre en el expediente físico y electrónico las constancias de notificación a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que notifique personalmente a la quejosa el presente auto, así como el diverso de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese como está ordenado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS ASÍ COMO EL DIVERSO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. EN San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que obre en el expediente físico y electrónico las constancias de notificación a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que notifique personalmente a la quejosa el presente auto, así como el diverso de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese como está ordenado. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la autoridad denominada Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, por el que informa que le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna marca Pfizer, al menor quejoso J.O.R.R. adjuntando copia del expediente de vacunación para acreditar su dicho. Infórmese lo anterior con el oficio de cuenta y su anexo, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en atención a la queja 562/2021, de su índice. Por otro lado, se tiene a la citada autoridad oficiante informando que la información proporcionada se encuentra clasificada como confidencial, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 113, fracción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado de autos se desprende que los actos reclamados de forma esencial consisten en: la falta de aplicación de la de la vacuna contra el SARS-CoV2. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, el acto reclamado esencialmente consiste en la falta aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV2. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón que de las constancias que corren agregadas a este sumario, así como la remitida por la autoridad oficiante, se desprende que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se aplicó al menor quejoso J.O.R.R. la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, COVID-19 (registro 11916) y, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, la segunda dosis (registro 12870). Cuestiones que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda - cinco de octubre de dos mil veintiuno-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 19/05/22 16:47:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (señalada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiunmo). Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que obste a lo anterior, el hecho que el presente asunto no se encuentre integrado, pues lo cierto, es que la esencia del reclamo constitucional ha cesado -como se expuso anteriormente-, por lo que, aun y cuando no se cuente con la totalidad de informes justificados, ello no implica que pudiera variar la determinación a la que se arribó, pues conforme a las constancias que se hizo referencia, es inobjetable que fueron aplicadas las vacunas contra el virus antes precisado, lo que precisamente era materia del reclamo, esto es, la abstención de aplicar la multicitada vacuna. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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