Jesús Javier Alarcón Lizárraga
Expediente 796/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Javier Alarcón Lizárraga
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 30153/2023, presentado vía juicio en línea (con firma electrónica) por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través del cual informa que mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 796/2023; memorial que se ordena agregar en autos para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes como asunto definitivamente concluido. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 19, fracción I, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este cuaderno de antecedentes es destruible transcurridos seis meses.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre del presente año, se recibió la boleta con folio electrónico 5601804, en la que consta que el expediente del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al haber declinado competencia este órgano jurisdiccional en proveído de dieciocho de septiembre del presente año. En razón de lo anterior, gírese atento oficio vía interconexión, al titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional si aceptó o no la competencia declinada respecto del juicio de amparo 796/2023, promovido por Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Javier Lira González y José de Jesús Flores Segura, toda vez que dicha información resulta necesaria a fin de proveer lo que en derecho corresponda en este cuaderno.
- Principal
Téngase recibido y agréguense a los presentes autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como constancia el correo electrónico enviado desde la dirección siat@cjf.gob.mx, a través del cual remite la boleta con folio electrónico 5601804, en la que consta que el expediente del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al haber declinado competencia este órgano jurisdiccional en proveído de dieciocho de septiembre del presente año.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Javier Lira González y José de Jesús Flores Segura, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal Zona********************con sede en********************. El Juez acuerda SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 796/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso de veintidós de agosto del año en curso, dicado en la causa penal 640/2023 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región********************con sede en********************, por el delito de desempeño irregular de la función pública. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO. La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones procesales con preferencia a los demás de su clase. Para ello, la competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional, por lo que las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser la autoridad que conocerá, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad de aplicar el derecho, por ello se señala que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. Entre los criterios que se tienen para establecer la competencia para conocer de un juicio de garantías se encuentran los siguientes: Por razón de materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. Debido a la creciente necesidad de especialización por parte del resolutor, la tarea judicial se reparte con base en este criterio; por lo que encontramos órganos juzgadores que conocen de las materias penal, civil, laboral y administrativa (especializados). Por razón de grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. Las leyes procesales establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el pleito sea sometida a una revisión por parte de un operador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicho fallo fue dictado con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse, siendo que, en materia de amparo, este grado se fija de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado que se impugne, ya sea que se promueva la demanda correspondiente como amparo directo o uniinstancial ante un tribunal colegiado de circuito o bien, ante un juzgado de distrito como amparo indirecto o biinstancial. Por razón de territorio. Este es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es definido actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. Aunado a lo anterior, las reglas competenciales tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, siendo ésta la que fija la competencia por razón de territorio, a saber: a). Será competente el juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b). Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito; haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, será competente el del lugar donde se presente la demanda. c). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el de la jurisdicción donde se haya presentado la demanda. En la especie los quejosos Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Javier Lira González y José de Jesús Flores Segura, en su escrito inicial de demanda señalaron como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal Zona********************con sede en********************. ACTO RECLAMADO. El auto de vinculación a proceso de veintidós de agosto del año en curso, dictado en la causa penal 640/2023 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región********************con sede en********************, por el delito de desempeño irregular de la función pública. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa, por las consideraciones siguientes: En principio, debe señalarse que para determinar la competencia entre jueces de distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si los actos requieren ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener o hayan tenido ejecución, los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de amparo, del cual derivan las siguientes reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, en asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Cuando se reclamen actos que requieran ejecución material, será competente, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del numeral 37 de la ley en cita, el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto; b) Tratándose de actos reclamados que deban ejecutarse en distintos lugares y su ejecución haya comenzado en un distrito y sigan ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, conforme a la regla establecida en el párrafo segundo del precepto en comento; y, c) Si se reclaman actos que no requieran ejecución material, será competente de acuerdo con la regla establecida en el párrafo tercero del numeral señalado, el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado los reclamados. Dado que las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, en principio, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso de veintidós de agosto del año en curso, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región********************con sede en********************, de lo que se advierte que la ejecución material del acto reclamado tuvo verificativo en esa ciudad, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los quejosos, reclamado vía constitucional se ejecutó y surtirá sus efectos en********************, asimismo, la autoridad que lo emitió tienen su jurisdicción en aquella ciudad; y los quejosos se ubican también en aquel lugar, toda vez que en el escrito inicial de demanda afirman tener su domicilio en calle ********************número********************colonia********************en********************. Situación que revela que la competencia para conocer del asunto se surte a favor de los Juzgados de Distrito con residencia en********************, por razón de territorio, en la inteligencia de que el acto reclamado destacado se ejecutó y produce sus consecuencias jurídicas en la Ciudad de Culiacán, donde ejercen jurisdicción dichos jueces, ello porque es el domicilio de la autoridad responsable, donde radican los quejosos, toda vez, que como ya se dijo, los quejosos tienen su domicilio en calle ********************número********************colonia********************en********************. En consecuencia, este juzgado SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO para conocer del presente juicio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y se declina a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Apoya lo anterior la tesis con registro digital: 2017104, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 2957, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO O QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO." En consecuencia, se ordena remitir el expediente en que se actúa y copias de la demanda de amparo que se provee, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que realice el turno correspondiente, a fin de que el juzgado en turno determine si acepta o no el conocimiento del presente asunto, en términos del citado artículo 48 de la ley de la materia. Con motivo de lo anterior, se comisiona a la Oficial Administrativa encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que permita la vinculación del expediente electrónico del presente asunto, para que pueda ser consultado por el órgano que corresponda conocer de la demanda que nos ocupa. Con copia del escrito de demanda y anexos, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al expediente principal físico, para los efectos a que haya lugar. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se le tiene señalando como autorizadas en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ******************** y********************quienes tienen sus cédulas profesionales ********************y ********************, reconocidas en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se les tiene proporcionando el correo electrónico ********************como medio no procesal y con número telefónico 6692707674. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Resérvese la notificación de los quejosos, hasta en tanto la autoridad federal emita pronunciamiento respecto de la aceptación o no de la competencia declinada. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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