Jesús Jaime León Alvarez

Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
126/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Jesús Jaime León Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, queestablece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] la promovente de amparo acude a dar cumplimiento a la prevención formulada en autos, sin satisfacer la misma. Al respecto, conviene traer a contexto que en la referida prevención se requirió a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, aclarara lo siguiente: Precise correctamente el acto reclamado, si en el caso es: [a] la omisión de dar respuesta a su escrito de cinco de enero de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de Personal de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos Veracruz; o, [b] la falta de atención médica (en su vertiente de expedir licencia médica), en caso de ser este último acto, indique si es su deseo señalar como autoridades responsables a: a) Secretaría de Salud Federal; b) Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas; c) Jefe de Jurisdicción Sanitaria en Tampico; d) Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y e) Oficina de Representación Federal de Trabajo en Tamaulipas Zona Sur, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En efecto, una vez analizado el escrito aclaratorio debe decirse que la referida prevención no se encuentra cumplida, toda vez que si bien es cierto, el promovente manifiesta que reclama la omisión de dar respuesta a su escrito de cuatro de enero de dos mil veintiuno [hoja dos de su escrito aclaratorio], dirigido al Jefe de Personal de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos, Veracruz, presentado el cinco del mes y año en cita; lo cierto es que también en el propio escrito [a foja nueve], insiste en reclamar la falta de cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria Generada por el Virus SARS-CoV2, emitidas por el Secretario de Salud en el acuerdo emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; lo que se traduce en la falta de atención médica (en su vertiente de expedir licencia médica, o como lo refiere en su escrito que se provee, ordenar su resguardo domiciliario corresponsable). Es decir, que insiste en señalar como actos reclamados los indicados en su escrito inicial de demanda, pero sin señalar como autoridades responsables a las precisadas en el auto de prevención, lo que genera incertidumbre sobre cuál es el acto que realmente reclama; todo lo cual resulta necesario a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la quejosa no señala de manera clara cuál es el acto concreto del que se duele, pues no manifiesta expresamente si reclama de manera destacada [a] la omisión de dar respuesta a su escrito de cinco de enero de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de Personal de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos Veracruz [lo que, según refiere, tendría como consecuencia que analizara la necesidad de ordenar su resguardo domiciliario]; o, [b] la falta de atención médica (en su vertiente de expedir licencia médica, o como lo refiere en su escrito que se provee, ordenar su resguardo domiciliario corresponsable), en caso de ser este último acto, indique si es su deseo señalar como autoridades responsables a: a) Secretaría de Salud Federal; b) Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas; c) Jefe de Jurisdicción Sanitaria en Tampico; d) Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y e) Oficina de Representación Federal de Trabajo en Tamaulipas Zona Sur, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En las relatadas consideraciones, no se tiene por cumplida la prevención que se le formuló a la parte quejosa, por lo que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de rubro y texto siguientes: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda. En ese sentido, al no tener por cumplida la prevención realizada al promovente, y a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción su favor, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interrumpe el término de cinco días que le fuera concedido para ello, el cual será reanudado el día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo; por lo que hágase saber a la parte quejosa que cuenta con cinco días hábiles para cumplir con lo solicitado; ello, en razón de que la notificación del acuerdo de prevención le fue realizada el doce de febrero de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos al día hábil siguiente [quince del mes y año en cita], y el escrito con el que pretendió cumplir se presentó el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo aludido o en su caso se dé cumplimiento a lo solicitado. Cobra aplicación a lo así determinado, la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que dice: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, once de febrero de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Jaime León Alvarez, contra actos del Jefe de Relaciones Laborales de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos Veracruz de Pemex Transformación Industrial con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 8°, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 126/2021-III-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en los artículos 112 y 114, de la Ley de Amparo: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. De una interpretación literal y sistemática a los referidos preceptos en relación con la fracción III del numeral 114 de la ley de la materia, se advierte que, se debe prevenir la demanda de amparo cuando se advierta alguna irregularidad en la misma. Por tanto, dicha circunstancia debe dar lugar a que se prevenga a la promovente para que satisfaga dicha anomalía dentro del plazo legal de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados a las autoridades que indica, entre otros, los siguientes: Se hace consistir en la omisión de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen ACCIONES EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS.CoV2, que fueron emitidas por el secretario de Salud José Carlos Alcocer Varela, en el que Acuerdo de 31 de marzo del 2020, y publicado en el Diario Oficial de la Federación en misma fecha, en el cual en su artículo PRIMERO, FRACCION V, se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generado por el virus SARS-CoV2, entre otras la mencionada en el artículo primero, fracción V, del acuerdo. De lo antes citado, se advierte que la parte quejosa refiere diversas manifestaciones en torno a los actos que reclama, sin precisar el acto concreto que reclama a la autoridad que señala como responsable. Además, de la demanda se aprecia que el quejoso reclama las omisiones de la autoridad que ponen en peligro su salud al dejar de aplicar en su favor lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De igual manera, en el capítulo de antecedentes refiere que solicitó mediante escrito de cinco de enero de dos mil veintiuno, al Jefe de Personal de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos Veracruz, resguardo domiciliario y al efecto inserta el escrito respectivo, misma que manifiesta ha sido omisa en dar respuesta. Sin embargo, dado que conforme a la Ley General de Salud, reconoce como autoridad sanitaria a la Secretaría de Salud Federal y en ese aspecto conforme al artículo 134 fracción XIV de la citada normatividad, la Secretaría de Salud Federal emitió los acuerdos de veinticuatro y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID 19), que sirven como sustento para el Acuerdo que señala el quejoso en su demanda de amparo. En ese contexto, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte se estableció de manera categórica que en términos de la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas la implementación de medidas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Ahora, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, precisa que corresponde a la Secretaría de Salud del estado, entre otros aspectos atender y desarrollar las responsabilidades en materia da salud a nivel estatal; y, en ese aspecto, el numeral 4 fracción IV párrafo segundo de la Ley General de Salud para el estado de Tamaulipas, establece que: [E]l Secretario de Salud podrá delegar la facultad de autoridad sanitaria en los Jefes de Jurisdicción Sanitaria. Por su parte el artículo 10 Bis, de la Ley de Salud para el estado de Tamaulipas , indica que la Secretaría de Salud a través de una Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas así como a la inicialmente indicada y en específico en las materias a que se refiere el numeral 3° de esa disposición. Asimismo, el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo y los diversos 5, fracción XVIII y 101 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la obligación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de salud en el trabajo. En ese contexto, es claro que el Jefe de Personal de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos Veracruz no es autoridad responsable, sino tercero interesado en términos del artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo , al atender una relación obrero patronal con el promovente; por tanto, es la Secretaría de Salud Federal; la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas; el Jefe de Jurisdicción Sanitaria en Tampico; la Comisión Estatal para la protección contra Riesgos Sanitarios y la Oficina de Representación Federal de Trabajo en Tamaulipas Zona Sur, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a quienes les asiste el carácter de autoridades responsables, ya que con las facultades que han quedado señaladas, tienen injerencia en la aplicación del acuerdo cuya omisión de observar se duele el promovente. Por tanto, ante las irregularidades precisadas con anterioridad, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: Precise correctamente el acto reclamado, si en el caso es: [a] la omisión de dar respuesta a su escrito de cinco de enero de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de Personal de la Terminal Marítima y Administración Portuaria Pajaritos Veracruz; o, [b] la falta de atención médica (en su vertiente de expedir licencia médica), en caso de ser este último acto, indique si es su deseo señalar como autoridades responsables a: a) Secretaría de Salud Federal; b) Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas; c) Jefe de Jurisdicción Sanitaria en Tampico; d) Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y e) Oficina de Representación Federal de Trabajo en Tamaulipas Zona Sur, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el entendido de que la aclaración, la tiene que hacer [1] de manera directa la promovente y no sus autorizados, [2] por escrito y [3] bajo protesta de decir verdad, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración debe hacerla el directo quejoso, ya que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Carlos Moreno Zaragoza y Alicia Moreno Zaragoza, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Respecto al acceso al expediente electrónico; dígasele que, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Bertha Alicia Carrillo Salinas, que autoriza y da fe. Doy fe. JUEZ SECRETARI@

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