Jesús Jaime Ávila Cruz
Expediente 1046/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Jaime Ávila Cruz
Actuaciones
- Principal
... causa estado auto que tuvo por desechada la demanda de amparo... se ordena archivar el expediente como asunto concluido...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo, en vía de notificación personal, notifico por medio de lista a la parte quejosa Jesús Jaime Ávila Cruz, el auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve que dice: Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de agosto de dos mil diecinueve. PERSONERÍA Se tiene por recibido el escrito presentado por Jesús Jaime Ávila Cruz, por su propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. FORMACIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE Se ordena formar expediente, su registro en el libro de gobierno bajo el número 1046/2019, y su alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, debe precisarse que del análisis integral al escrito de demanda se advierte que Jesús Jaime Ávila Cruz, señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes: "ACTO RECLAMADO: La inminente sanción pecuniaria y penal sobre mi persona, así como todas las consecuencias jurídicas que la autoridad responsable ha decretado en mi contra como derivada consecuencia de que me resulta jurídica y físicamente imposible cumplir con el requerimiento que me ha estado haciendo en el sentido de que le devuelva la cantidad de $776,200.00 y la cantidad de $952,266.75 pesos, cantidades que la propia responsable me entregó el día 14 de diciembre de 2018 y además de que me las entregó ME MANDATÓ a que se las entregase a 207 trabajadores, a prorrata. Cumplí la orden que me dio la presidenta y ahora reclamo que la misma autoridad me esta requiriendo por el reintegro de tales importes y amenaza con sancionarme pecuniaria y penalmente si no lo hago. ME ENTERÉ DEL ACTO RECLAMADO EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE." Ahora, respecto de la interpretación del referido acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica los derechos constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto en sentido estricto) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es el quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos u omisiones futuras, probables o remotas, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". En el presente caso el promovente refiere que la presidenta de la Junta Laboral responsable lo está requiriendo para que devuelva las cantidades de setecientos setenta y seis mil doscientos pesos y novecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos con setenta y cinco centavos, ($776,200.00) y ($952,266.75), cantidades que le fueron entregadas por la misma en catorce de diciembre de dos mil dieciocho, para que fueran repartidas entre doscientos siete trabajadores relacionados con el expediente laboral 1380/2013, asimismo, lo previno con la utilización de medios de apremio consistentes en sanción pecuniaria o arresto en caso de no cumplir con tal requerimiento; sin embargo, basa su pretensión en una probabilidad; de ahí que el acto reclamado se considere como futuro de realización incierta, toda vez que, no existe dato alguno que genere certeza o por lo menos una presunción fundada de que se vaya a hacer uso de los mismos, pues su efectividad depende de la conducta que asuma la parte quejosa en relación al mandato judicial o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Lo que trae como consecuencia la improcedencia de su demanda, debido a que el quejoso acude a esta instancia sin que exista actuación alguna de autoridad que vulnere su esfera de derechos, pues lo único que existe es una suposición de su parte, ya que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la Justicia Federal a efecto de restituir al gobernado en el goce de los derechos humanos violados, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación (mera probabilidad), como sucede en la especie. Estimar lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." De igual manera, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J. 14/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 141, Tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial." Igualmente, sirven de sustento por identidad jurídica la tesis y jurisprudencia I.3o. C.121 K (9a) y I.6º.T. J/33 (10a), sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros y textos siguientes: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." "APERCIBIMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, CONSISTENTE EN QUE DE NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL LAUDO, SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O A LA CONTRALORÍA GENERAL. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO QUE DEPENDE DE LA CONDUCTA QUE AQUÉL ASUMA. Los actos futuros e inciertos son aquellos cuya realización es remota e incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. De ahí que el apercibimiento dirigido al titular de una dependencia, consistente en que de no cumplir con lo ordenado en el laudo se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación o a la Contraloría General, se ubica como un acto futuro e incierto en razón de que tal apercibimiento, en todo momento, va a depender de la conducta que aquél asuma en relación con el mandato judicial, de manera que si cumple no se hará efectivo el apercibimiento, y de no cumplir, entonces sí se hará efectivo, pero lo destacable es que la vista no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el demandado cumpla o no con el laudo, es decir, con sus obligaciones como servidor público y, al ser futuro e incierto, no se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales; por lo que en ese caso, es correcto el sobreseimiento decretado por un Juez de amparo, por ubicarse en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XII, de la misma legislación." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo contenidas en las fracciones XXIII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo promovida por Jesús Jaime Ávila Cruz, respecto al citado acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Bulevard Camino del Seri número 44, colonia Fovissste, Código Postal 83288, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a David Rene López Jacobo, Roberto Wilson Martínez, Martin Ricardo Millanes Gaxiola y Martin García Fimbres, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Felipe de Jesús Millanes Gaxiola y Oswaldo Contreras Acuña, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional registrada en el referido sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante James Ronald Arriola Aguirre, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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