Jesús Jacinto Cisneros Alvear
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Jacinto Cisneros Alvear
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA RAFAEL IBARRA DELGADO CAUSADO ESTADO,
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE INDICA: "SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe."
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ****, a través del cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de quince de diciembre actual y aclara que sus actos reclamados son los siguientes: Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, del análisis realizado a la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones V y VI; 170, fracción I; 171 y 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;. Mientras que el artículo 61, fracción XVIII señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; La interpretación de los artículos citados, ponen en consideración, dos aspectos destacados: a) Que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emanados dentro de un juicio, siempre y cuando tengan una ejecución de imposible reparación, o bien cuando es promovido por un tercero extraño. b) Que las violaciones procesales cometidas en el juicio sólo pueden ser reclamables en amparo directo, que se promueve contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio de que se trate. De ahí, es preciso señalar qué se entiende por actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación y por tercero extraño a juicio. Así, respecto de los actos de ejecución irreparables, debe entenderse como aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate. En cambio, cuando los actos ejecutados dentro del juicio infrinjan las leyes del procedimiento y afectan las defensas del quejoso, es decir, violaciones procesales, no tienen una ejecución de imposible reparación, entonces la vía para combatirlas, es el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por su parte, los terceros extraños, son aquellas personas que sin figurar como parte formal dentro de juicio, sufren una afectación en el mismo. Cabe precisar que han sido equiparados a los terceros extraños las personas que siendo parte formal dentro de un juicio laboral, no son llamados legalmente a deducir sus derechos, siempre y cuando exista un fallo; pues si aún no se ha dictado éste, no se les puede atribuir dicho carácter, en la medida que tienen la posibilidad de acudir al juicio natural a defenderse, alegando esa violación procesal, en su caso, en los agravios del juicio de amparo directo promovido en su contra. Resulta aplicable el diverso criterio 2a./J. 47/2011 (10a.), con registro 2000293, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V del mes de febrero de dos mil doce, Tomo 2, Materia Común, visible en la página mil seiscientos veintisiete (1627), de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Establecida la anterior premisa de derecho, de las manifestaciones que formuladas por el quejoso en su escrito de demanda, el escrito aclaratorio y las documentales anexas, se aprecia que en el juicio especial hipotecario 212/2020, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, contra el aquí quejoso Jesús Jacinto Cisneros Alvear y otra, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - catorce de diciembre de dos mil veinte- no se observa que se haya dictado la sentencia correspondiente, e incluso a esa data, aun se encontraba transcurriendo el plazo (diecisiete días hábiles), que le fue otorgado al peticionario de amparo -demandado en el juicio de origen-, para que contestara la demanda instaurada en su contra, opusiera excepciones y defensas y ofreciera las pruebas que considerara pertinentes, dado que fue notificado el veinticuatro de noviembre pasado. ?????? Por tanto, es inconcuso que no se ha emitido la sentencia correspondiente ni siquiera a la data en que fue presentada la demanda de amparo -catorce de diciembre de dos mil veinte.- En ese tenor, si la parte quejosa reclama la cédula de notificación de veinticuatro de noviembre pasado, practicada dentro del cuaderno de exhorto 34/2020-1, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, formado con motivo del diverso derivado del juicio especial hipotecario 212/2020, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, a través de la cual se le hizo de su conocimiento el acuerdo pronunciado el cinco de septiembre del año en curso, en dicha comunicación oficial y el proveído emitido en el juicio de origen el cuatro de agosto del año que cursa, en el que, entre otras cosas, se admitió la demanda que se hizo valer contra el quejoso y otra, y se ordenó la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, así como el exhorto deducido de dicho juicio, pero a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no se ha dictado el fallo respectivo; resulta improcedente el presente juicio, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracciones V y VI; 170, fracción I, 171 y 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Ello es así, dado que puede concluirse que el impetrante de amparo tiene la posibilidad de comparecer al juicio natural e impugnar los actos reclamados a través de los medios legales correspondientes. Significándole que de llegar a resultar desfavorable la resolución del medio de defensa, puede atacar esa violación procesal, en su caso, mediante el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de origen. Así las cosas, si como ya se dijo, el juicio de amparo procede contra actos dentro del juicio siempre que se promueva por un tercero extraño, y de autos quedó demostrado que la parte impetrante de amparo no tiene tal carácter, pues no se ha emitido la resolución respectiva en el juicio especial hipotecario 212/2020, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. Habida cuenta que a través de la cédula de notificación que impugna y que le fue entregada de manera personal, tuvo conocimiento fehaciente de los datos de identificación del juicio de origen, de la persona moral que lo está demandando Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, así como las prestaciones que se le reclaman -mismas que se encuentran precisadas en el escrito inicial de demanda-, y los hechos constitutivos, por lo que resulta inconcuso que deviene inobjetable la improcedencia de este juicio, al no ser persona extraña al juicio en cuestión. Tiene exacta aplicación al caso, la tesis 1a./J. 9/2012 (10a.), sostenida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 681, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Registro 2000619, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Asimismo, funda los argumentos vertidos en esta resolución la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), con registro 2000348, emitida en esta Décima Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, página cinco (5), de epígrafe y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." En consecuencia, lo que procede en la especie es desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Jacinto Cisneros??????? Alvear, por notoriamente improcedente respecto de los actos que se atribuyen al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, de conformidad con la hipótesis que resulta de interpretar en forma relacionada la fracción XIII del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que mediante circular CAP/3/2020, suscrita por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de diciembre del año en curso, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, suspendiendo los plazos y términos procesales, se ordena que la notificación del presente proveído se realice una vez que se reanuden las labores en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente."
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto; se tiene por recibido el oficio enviado electrónicamente por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de ocho de diciembre actual, y al efecto acusa recibo del oficio 222, por el que se le notificó la sentencia emitida en este sumario, el veinte de febrero del año en curso; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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