Jesús Iván Ortega Morales

Expediente 1589/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1589/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Jesús Iván Ortega Morales

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa 'para la devolución de documentos

  2. Principal

    dado que el veintiséis de marzo de dos mil veinte entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, lo procedente es realizar la valoración del presente expediente conforme al citado Acuerdo General vigente. En tales condiciones, se advierte que el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, incisos b) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo tanto, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, y carecer de relevancia documental. Deberá hacerse constar la anterior valoración en la caratula del presente expediente; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este órgano jurisdiccional. Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede no obran documentos originales pendientes de dar destino legal, y tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se han incorporado la totalidad de las promociones, documentos, autos, notificaciones y constancias, mismas que coinciden en su totalidad, lo anterior en términos del artículo 35 del Acuerdo General vigente antes citado.

  3. Principal

    AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal de Tepoztlán y otras autoridades. Registro de la demanda. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se establece que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, asimismo, los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico, tales como, copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, así como, copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. En relación con lo anterior, se requiere a la parte quejosa, para que en caso de no contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", realice el trámite correspondiente, a efecto de estar en posibilidad de consultar el expediente electrónico, de conformidad con lo establecido por el artículo 77, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal. Desechamiento. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: El quejoso señaló como acto reclamado en esencia la orden de clausura del establecimiento denominado "Tepoztlán de Aventura". Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal. Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate desde el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, ya que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda de amparo. En esa tesitura, la confesión expresa de la parte quejosa hace prueba plena respecto del conocimiento de la controversia génesis del acto reclamado y, por ende, desde ese momento tuvo oportunidad de promover el juicio constitucional. Aunado, a que resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que dice le agravia, prepondera sobre cualquier otra fórmula empleada en la Ley, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el cual establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". En esas condiciones, se colige que el promovente del amparo, tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto que por esta vía constitucional reclama, desde el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, como él mismo lo precisa en el capítulo de su demanda de amparo que denomina "FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE SE RECLAMA". Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el día cinco de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que transcurrió del tres al veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediando como días inhábiles los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno, todos de noviembre de dos mil veintidós, de donde se advierte que cuando menos desde esa fecha la impetrante estuvo en aptitud de promover este juicio de amparo, y si la demanda de amparo fue presentada hasta el día cinco de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea. De lo antes trascrito, resulta evidente que la quejosa al tener conocimiento del acto reclamado el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, y de acuerdo a las reglas generales antes transcritas, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de octubre de dos mil veintidós y comenzó a transcurrir su término a partir del tres de noviembre de dos mil veintidós, por lo que, como ya se dijo desde esa fecha el ahora promovente estuvo en aptitud de promover este juicio de amparo desde la data citada. Por lo anterior, hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, basta con que el quejoso haya expresado la fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedora del acto reclamado, tomando en cuenta que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que fue enterada del acto reclamado con fecha veintinueve de octubre de dos mil veintidós, por tanto, como se adelantó, resulta NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE AMPARO presentada por ***************. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por ***************, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia.

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