Jesús Iván Martínez Ruiz

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Jesús Iván Martínez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Jesús Iván Martínez Ruiz, interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente sí se concedió suspensión de plano del acto reclamado, y no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó en el amparo, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante el Secretario que autoriza y da fe Michelle Jesús Peralta Rodríguez. MAGR//MJPR/dinorah.*

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ***, no desahogó la prevención formulada mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, dentro del término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca en funciones de Juez de Distrito, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número de origen 27/2021 (orden 137/2021), del índice de este Juzgado. Sin que sea necesario acusar de recibo, en razón de que el mismo se genera electrónicamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el quejoso en el acto de la notificación omitió precisar si ratificaba o no su demanda; en consecuencia, una vez que trascurra el plazo de tres días decretado en auto inicial, acuérdese lo procedente. En otro aspecto, atento a las manifestaciones que realizó el impetrante del amparo al momento de su notificación en la diligencia de quince de abril del año en curso, en el sentido de que tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza, con motivo de los golpes que recibió el día de su detención en la Comandancia Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Ante tal circunstancia, con fundamento en los 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista con lo anterior al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que, en su caso, instruya la investigación de acuerdo con sus facultades y con los estándares nacionales e internacionales, y verifique la posible comisión del delito de tortura infringida al quejoso. Al caso es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justica de la Nación, visible en la página 561, Tomo I, Libro 6, seis de mayo de dos mil catorce, decima época, registro 2006483, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Notifíquese. .*

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica del Juez y Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que se remite la misiva del Comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; por lo que se provee: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la misiva y telegrama de cuenta, signados por el Comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, así como por el Encargado Incidental del Sexto Sector de Seguridad, con sede en el Espinal, Juchitán, Oaxaca, a través del cual comunican el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, de conformidad a los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo. De lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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