Jesús Iván Luna Vindiola

Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
661/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Jesús Iván Luna Vindiola

Actuaciones

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la junta responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero interesado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofertadas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación y las exhibidas por la parte quejosa al tenor de su escrito de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 661/2022 L-I; y, RESULTANDO Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Jesús Iván Luna Vindiola, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al magistrado instructor de la Cuarta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y actuario adscrito. En veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: a) Del actuario adscrito a la Cuarta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento a todos y cada uno de los demandados para la continuación del proceso dentro del expediente laboral número 135/2022; y, b) Del magistrado instructor de la Cuarta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista por el artículo 113 de la Ley de Servicio Civil. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto señalado en el inciso b) reclamado a la autoridad responsable magistrado instructor de la Cuarta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado, sin que la agraviada haya desvirtuado tal negativa. Dicha inexistencia se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado, relativas a las diversas actuaciones que integran el expediente 135/2022, concretamente la determinación dictada en diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que se advierte que se radicó la demanda en cuestión y le asignó número de expediente, y se ordenó el emplazamiento de los demandados en el juicio de origen, el cual fue efectuado el siete de junio de dos mil veintidós. De lo anterior se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -veinte de mayo de dos mil veintidós- al no haber sido emplazados a juicio la contraparte del actor aquí quejoso, no existía la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista por el artículo 113 de la Ley de Servicio Civil, al no encontrarse debidamente integrado el juicio de origen. Documentales a las que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo adquieren plena eficacia demostrativa. En consecuencia, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se determina sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso b). IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se le atribuye al actuario adscrito a la Cuarta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativo, precisado en el inciso a), toda vez que así se advierte de las constancias remitidas al rendir informe justificado; constancias que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen eficacia probatoria plena. Lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de esta última. V. Causa de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables magistrado instructor y actuario notificadora ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se advierte que en siete de junio de dos mil veintidós, se emplazó y notificó a la parte demandada Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por lo que la afectación de que se dolía el peticionario de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así las cosas, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso a). En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo se determina el sobreseimiento en este juicio conforme al numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Jesús Iván Luna Vindiola respecto de los actos reclamado precisados en los incisos a) y b), apartado II, por las razones expuestas en los considerando III y V, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la magistrada y el actuario notificador de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para los efectos legales a que hubiere lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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