Jesús Iván Landeros Valdez

Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
19/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Jesús Iván Landeros Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO CARLOS OSIEL GÓMEZ MARROQUÍN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: "Ensenada, Baja California, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar ??????????????? que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veinte , se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Manaure Rafael Rivera Garibay, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California, en los términos y para los efectos siguientes: - " [.] Dejando intocado todo aquello que no fue materia de estudio en este juicio de amparo, deje insubsistente la audiencia verificada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 352/2019, y en su lugar, reponga el procedimiento a partir de que el imputado expresó su decisión de que en el mismo momento se resolviera sobre su situación jurídica, a fin de que tenga conocimiento de las consideraciones del fiscal investigador y datos de prueba en los cuales las sustenta, para que así, con conocimiento de causa, manifieste si solicita que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia o, si en su caso, considera se haga dentro de los plazos marcados por la ley (setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro). - Una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente sobre la solicitud de la representación social de vinculación a proceso.[.]" Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California. En acatamiento a ello, mediante oficio recibido en este juzgado el siete de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California, se le tuvo informando que el seis de octubre de dos mil veinte, dio inicio a la audiencia de vinculación a proceso y solicito prórroga a fin de dar cumplimiento al fallo protector concedido en autos; asimismo, en oficio recibido por este órgano jurisdiccional el veintiuno de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California, informó que el veinte de octubre de dos mil veinte, dio inicio a la audiencia de vinculación a proceso y se le tuvo en vías de cumplimiento del fallo protector; por tanto, se le requirió a la citada autoridad responsable para que el plazo de tres días hábiles, contado a partir del veintiséis de octubre de dos mil veinte, para que dé total cumplimiento al fallo protector dictado en auto. En cumplimiento a ello, mediante oficio recibido en este juzgado el tres de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California, remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en donde resolvió la situación jurídica del aquí impetrante de derechos fundamentales Manaure Rafael Rivera Garibay.? ??????????????? A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con las constancias de referencia, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, realizando manifestación el quejoso, por conducto de su autorizado legal, mediante escrito recibido en este juzgado el veinte de noviembre de dos mil veinte, por lo que de conformidad con el numeral antes citado, este órgano jurisdiccional procede a examinar el cumplimiento dado al fallo protector. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California, no ha dado cumplimiento por completo a la sentencia de amparo, por las siguientes consideraciones. Los efectos para los cuales se concedió el amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente asunto, consisten en que la autoridad responsable realice lo siguiente: - " [.] Dejando intocado todo aquello que no fue materia de estudio en este juicio de amparo, deje insubsistente la audiencia verificada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 352/2019, y en su lugar, reponga el procedimiento a partir de que el imputado expresó su decisión de que en el mismo momento se resolviera sobre su situación jurídica, a fin de que tenga conocimiento de las consideraciones del fiscal investigador y datos de prueba en los cuales las sustenta, para que así, con conocimiento de causa, manifieste si solicita que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia o, si en su caso, considera se haga dentro de los plazos marcados por la ley (setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro). - Una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que estime procedente sobre la solicitud de la representación social de vinculación a proceso.[.]" Ahora, si bien de las constancias remitidas por la autoridad responsable no se advierte plenamente que esta cumplida. Si bien, es cierto que se recibió el oficio 4152, en el que el Juez Militar de Control de la Región II Militar, con residencia en Tijuana, Baja California, informó que el imputado solicitó la ampliación de término a ciento cuarenta y cuatro horas, para efecto de que se resolviera su vinculación a proceso; sin embargo, la autoridad responsable no remitió constancia alguna donde acreditara tal circunstancia; además de que en el auto de vinculación no se hizo manifestación alguna al respecto; pues no se desprende que el imputado haya expresado su decisión de que en el mismo momento se resolviera sobre su situación jurídica, a fin de que tuviera conocimiento tanto, de las consideraciones del fiscal investigador, así como los datos de prueba en los cuales las sustenta, para que así, con conocimiento de causa, manifestara si solicitaba que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con residencia en el Campo Militar Número 2-F, en Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias donde acredite dicha circunstancia para el debido cumplimiento, lo anterior, a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa.????? ??????????????? En el entendido que las constancias solicitadas podrán remitirlas, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las autoridades responsables como en este Juzgado de Distrito. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, conforme lo establece el artículo 258 de la indicada Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal???????? ??????????? Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable del cumplimiento del fallo protector, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien?????????? fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Finalmente, se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes."

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y la demanda de amparo que al parecer promueve Roberto Landeros Barraza quien se ostenta como padre de Jesús Iván Landeros Valdez; contra actos de la Subdelegada en Ensenada de la Delegación en Baja California del Instituto del Seguro Social, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 19/2021-III. En el caso concreto, si bien en la demanda de amparo se aduce que con el acto reclamado consistente en la baja como asegurado de Jesús Iván Landeros Valdez, de la empresa Dialigt de México Sociedad de Responsabilidad Limitada, ante las autoridades responsables, se pudiera negar la atención médica de éste; sin embargo, no es el caso decretar la suspensión de plano, puesto que no se está en presencia real y actual de la negativa en comento, toda vez que del estudio integral del ocurso de demanda, así como de su anexo, no se desprende que las responsables hayan negado dicha prestación, por el contrario, continúan proporcionándole la atención médica de mérito, incluso cuando feneció el plazo de la incapacidad médica que refiere, en ese sentido, se realizará el estudio correspondiente respecto a su admisión o desechamiento. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia...Una vez precisado lo anterior, se tiene que la demanda de amparo que ahora se analiza, fue presentada contra el acto reclamado consistente en la baja como asegurado de Jesús Iván Landeros Valdez, de la empresa Dialigt de México Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en vía de consecuencia la negativa de atención médica como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo tanto, debe destacarse que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve a nombre de la quejosa mencionada en párrafos precedentes, en atención a las siguientes consideraciones: Como se desprende de la certificación de cuenta, dicha demanda de derechos fundamentales, fue presentada a través del sistema electrónico, sin firma electrónica, ni evidencia criptográfica de quien presuntamente la promueve. Ahora bien, tal y como quedó apuntado, el escrito de demanda no contiene firma electrónica de quien dice la promueve y tampoco contiene evidencia criptográfica relativa a la firma de éste, elemento formal e indispensable del que no debe existir duda alguna, ya que es mediante el cual se expresa la voluntad de quien promueve; por lo que al no existir tal certeza, no se cumple con lo dispuesto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, ni se reúne el requisito que al efecto prevé el artículo 6° de la citada ley, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido, que la demanda que se atiende contenga una imagen digital al parecer con la firma del promovente Roberto Landeros Barraza quien se ostenta como padre de Jesús Iván Landeros Valdez; sin embargo, al haberse presentado la misma a través del Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, es necesario que contenga firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese sentido, al no expresarse la voluntad de persona determinada a través del signo gráfico como es su firma o en su caso, mediante la firma electrónica, es por lo cual se afirma que la acción constitucional no se ha ejercido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los artículos 3° y 6° de la ley de Amparo1 . En efecto, si la demanda carece de la firma de quien la presentó, no se materializa la voluntad de la promovente o directamente agraviado y por tanto debe desecharse de plano la demanda de que se trata. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de la Ley de Amparo2 y en el artículo 65 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal3 , que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, dado que los actos reclamados, no se encuentran dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, tampoco encuadran en los supuestos que prevé el artículo 154 de la ley de la materia, como quedó precisado en párrafos precedentes. Es por ello que, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos proscritos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la ley de la materia, no es el caso ordenar la ratificación del escrito de demanda que se atiende, al no actualizarse los supuestos contemplados para tal efecto, en el párrafo primero, del precepto normativo citado en segundo término. A mayor abundamiento, resulta indispensable para la tramitación del juicio que se intenta promover la quejosa mencionada, que el escrito de demanda presentada electrónicamente, cuente con la formalidad consistente en que se plasme la firma electrónica de quien insta el juicio constitucional, pues la misma, denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene la firma electrónica, del promovente, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción I, constitucional, así como 5 y 6 de la ley de la materia en sentido contrario, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia...Así, al carecer de firma la demanda de amparo promovida vía electrónica, no es el caso de acordar las diversas peticiones contenidas en el escrito de demanda, puesto que la ausencia de firma en el mismo, implica que no se tenga por hecha la promoción de que se trata. Tiene aplicación al respecto la tesis...En ese contexto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como de autorizados, por carecer de firma la demanda de amparo y por tanto, de voluntad de quien se dice la promueve; notifíquese por lista el presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaría. Notifíquese.

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