Jesús Iván Gándara López

Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Jesús Iván Gándara López

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se determinó desechar la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 21 y 22 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Lidia Medrano Meza, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a catorce de junio de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación de cuenta, así como el escrito signado por el quejoso, por medio de los cuales subsana la prevención efectuada en auto de siete de junio de dos mil veintitrés.********************Desechamiento.********************Ahora bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, fracción XX en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos.********************En el caso, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados destacados, consistentes en:********************"[.] la omisión de no incorporarme a los programas de "CLARIFICACION DE VALORES Y VIVE SIN VIOLENCIA, que forman parte del Plan de Actividades para poder tener acceso al Derecho de obtener mi libertad condicionada [.]"********************Ahora, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento.********************Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente:********************"DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO."********************Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.********************Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia:********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".********************De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."********************Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, tal como se anticipó, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Director del Centro Penitenciario del Hongo II, con sede en Tecate, Baja California.********************Aunado a que, del escrito aclaratorio y constancia de notificación de cuenta, se desprende que dicha parte procesal manifestó que señala como autoridad responsable únicamente a dicha autoridad.********************Por lo que, es claro que dicha omisión se atribuye únicamente a cierta autoridad administrativa.********************En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."********************Luego, como ya se acotó, el quejoso está interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California, y señala como acto reclamado la omisión de incorporación a los programas de "CLARIFICACIÓN DE VALORES Y VIVE SIN VIOLENCIA", a fin de obtener el beneficio de libertad condicionada.********************Sin embargo, dicho acto previo a ser reclamado por la vía constitucional, debe ser impugnado ante el Juez de Ejecución o de Control, según se trate, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que la omisión de incorporación a los programas de que se tratan con la finalidad de obtener beneficio de libertad condicionada, se clasifica dentro de las controversias que conocerán los mismos (según sea el caso), como condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con ellas.********************En efecto, es inconcuso que respecto a dicho acto, existe un procedimiento jurisdiccional previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; en el entendido que no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia.********************En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Diciembre 2018, Libro 61, Tomo I, de rubro y texto:********************"OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad."********************Por todo lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Director del Centro Penitenciario del Hongo II, con sede en Tecate, Baja California; determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.********************Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita".********************Aunado a que, si la incorporación a los programas que menciona fue ordenada por el Juez de Control Especializado en Ejecución, dentro de algún incidente para acceder a algún beneficio, también corresponde acudir ante dicho Juez a hacer valer el reclamo que hoy señala.********************Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Jesús Iván Gándara López, contra actos del Director del Centro Penitenciario del Hongo II, con sede en Tecate, Baja California; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 640/2023-E. Prevención. Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III y IV, así como el diverso 114, fracción I, II y IV, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; [.]". Ahora bien, en principio, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable la siguiente: Director del Centro Penitenciario del Hongo II, con sede en Tecate, Baja California. Posteriormente del capítulo de actos reclamados, se precisa lo siguiente: "[.] la omisión de no incorporarme a los programas de "CLARIFICACION DE VALORES Y VIVE SIN VIOLENCIA, que forman parte del Plan de Actividades para poder tener acceso al Derecho de obtener mi libertad condicionada, a pesar de habérselo requerido al C. Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California [.]" Posteriormente, en su capítulo de antecedentes, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "[.] solicite ante el C. Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California, el Auxilio Judicial, a efecto de que fuera incorporado a los programas de Plan de Actividades de "VIVE SIN VIOLENCIA Y CLARIFICACIÓN DE VALORES", y como resultado de ese escrito, el C. Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California, requirió al C. Director del Cereso del Hongo II, mediante OFICIO NO.NSJP/TEC/01789/2022, de fecha 02 de marzo del año 2023, que fuera incorporado a la brevedad a los cursos ya mencionados con antelación, sin que hasta el momento me hayan incorporado a los mismos [.]". Por tanto, de las manifestaciones vertidas por el promovente, se advierte que no señala con precisión en qué consiste su acto reclamado, es decir, si señala como acto reclamado la omisión al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California o al Director del Centro Penitenciario "El Hongo II", ambos con sede en Tecate, Baja California, lo que deja entrever que existe una situación que impide identificar de manera concreta que autoridad y acto es el que reclama a cada una; por lo que, se estima que tal circunstancia impide fijar correctamente la litis en el presente juicio. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda requiérase al promovente para que en el plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: Precise si señala como acto reclamado la omisión de incorporación a los programas de que se trata al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California o al Director del Centro Penitenciario del Hongo II, ambos con sede en Tecate, Baja California. Exponga si señala como autoridad responsable al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en su caso, señale que acto le reclama a dicha autoridad. Precise si a la fecha ha promovido recurso de inconformidad respecto a la omisión de incorporación a los programas de que se tratan, ante el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee y fijar la litis constitucional, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad, por lo que se advierte a al quejoso que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII. 1º. 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2018, página dos mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: ''DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001, Novena Época, Pleno, XIII, abril de 2001, página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y Autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. No obstante, por única ocasión notifíquese el presente proveído al quejoso en el centro de reclusión en que se encuentra interno. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano