Jesús Iván Castro Correa

Expediente 873/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
873/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Jesús Iván Castro Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, del cual se advierte que el presente juicio se encuentra concluido, por tanto, al resultar innecesaria su retención, remítase a la autoridad señalada como responsable, juez de Ejecución en Materia Penal, con sede en Acámbaro, Guanajuato, constante de tres tomos, copia certificada de la carpeta de ejecución número 31/2013 de su índice. Se solicita atentamente el acuse recibo respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución en Materia Penal con sede en Acámbaro, Guanajuato, por el que acusa recibo del propio 3914/2019, con el que se le notificó el proveído de trece de los actuales, mediante el cual se le dio vista con el cumplimiento informado por la autoridad responsable. Ahora bien, del estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable, sin que se pronunciaran al respecto; por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente y de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 74 a 85), se emitió la resolución correspondiente en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la juez de Ejecución en Materia Penal con sede en Acámbaro, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en la carpeta de ejecución ***, con posterioridad al dictado del auto de doce de abril de dos mil dieciocho, y, 2. Dicte un acuerdo en el cual se ordene notificar de manera personal a **********en los dos domicilios que señaló en autos, el proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, a través del cual se dio inicio al incidente de revocación del beneficio de preliberación 3. Hecho lo anterior, continúe el procedimiento incidental y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. [.] Finalmente, cabe señalar que al haber quedado sin efecto todo lo actuado con posterioridad al auto que dio inicio al incidente de revocación de libertad preliberacional, implica que las cosas se deben restablecer al estado que guardaban antes de la vulneración de derechos humanos, por lo que todos los actos emitidos con posterioridad al acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho deben quedar sin efectos, incluyendo la orden de aprehensión. En la inteligencia que no procede que el presente fallo protector surta sus efectos de inmediato acorde al artículo 77, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues de autos se desprende que el hoy quejoso ************* fue sentenciado por el delito de robo calificado previsto por el artículo 191, fracción IV, en relación con el numeral 194, fracciones I, IV, VI y VIII del Código Penal Vigente en el Estado de Guanajuato, delito que es considerado como grave según lo dispuesto en el numeral 11 fracción VIII del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Por tanto, es evidente que se actualiza la excepción prevista en el artículo 77, quinto párrafo de la Ley de Amparo, por lo que el presente fallo no surte efectos inmediatos. [.]" El cuatro de marzo de dos mil diecinueve (foja 97), causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la autoridad jurisdiccional responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio registrado con el número 2682 (foja 99 y 100) la juez de Ejecución en Materia Penal con sede en Acámbaro, Guanajuato, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de su proveído de once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 101 a 103), del que se advierte declaró insubsistente todo lo actuado en la carpeta de ejecución ***de su índice, con posterioridad al dictado del auto de fecha 12 de abril de 2018 dos mil dieciocho, y como consecuencia dejó sin efecto todo lo actuado a partir de esa data, para que las cosas quedaran en el estado que guardaban con anterioridad. Así también, se aprecia que dejó sin efectos la orden de aprehensión que se giró en contra del hoy quejoso *************en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 0938, lo que ordenó hacer del conocimiento del jefe de grupo de la Policía Ministerial por conducto del fiscal de su adscripción. De igual modo, se observa que ordenó notificar de manera personal al quejoso **************sus proveídos de doce de abril de dos mil dieciocho y once de marzo del presente año, en los dos domicilios que en autos tenía registrado como del mismo, al igual que en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, por señalar ser de su conocimiento encontrarse ahí privado de su libertad personal en tal sitio. Finalmente, señaló las doce horas del día catorce de marzo del presente año, para el verificativo de la audiencia oral prevista por el artículo 496 de la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato, y así resolver el incidente de revocación del beneficio de la libertad consistente en la preliberación del sentenciado *************. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo general Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y en el incidente de suspensión que se tramitó, se otorgaron las medidas suspensivas provisional y definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del citado acuerdo, el presente expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar el escrito de demanda y la sentencia respectiva, así como de las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva o de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable juez de Ejecución en Materia Penal con sede en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio y remite copia certificada de la constancia respectiva. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la constancia que remite la oficiante, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable juez Único de Ejecución del Sistema Oral de Acámbaro, Guanajuato, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en la carpeta de ejecución *********, con posterioridad al dictado del auto de doce de abril de dos mil dieciocho, y, 2. Dicte un acuerdo en el cual se ordene notificar de manera personal a ************** en los dos domicilios que señaló en autos, el proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, a través del cual se dio inicio al incidente de revocación del beneficio de preliberación 3. Hecho lo anterior, continúe el procedimiento incidental y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. [...] Finalmente, cabe señalar que al haber quedado sin efecto todo lo actuado con posterioridad al auto que dio inicio al incidente de revocación de libertad preliberacional, implica que las cosas se deben restablecer al estado que guardaban antes de la vulneración de derechos humanos, por lo que todos los actos emitidos con posterioridad al acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho deben quedar sin efectos, incluyendo la orden de aprehensión. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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