Jesus Iturbe Aranda
Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal
- Jesus Iturbe Aranda
- Rubí Villa Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho incidente es susceptible de depuración. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El dieciocho de abril de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. El tres de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, en atención a que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos no aceptó la competencia por conocimiento previo declinada por este juzgado en auto de veinte de abril de dos mil veintidós. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El treinta de marzo de dos mil veintidós. III Emplazamiento al tercero interesado: El tres de mayo de dos mil veintidós. V Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: a El acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral ****, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el que apercibió con imponer una medida de apremio de las previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al considerar que no se encuentra debidamente emplazado al juicio laboral. III Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos consistente en el acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ****, así como sus consecuencias jurídicas y materiales, porque así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de diversas constancias del juicio de origen, valoradas con antelación. IV Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgador advierte que el juicio de amparo promovido por los hoy quejosos en su carácter de Presidente Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representan. El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, dispone: "Artículo 107 Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente. De los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado que actúa a través de las autoridades correspondientes no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Jesús Iturbe Aranda y Rubí Villa Valle, en su carácter de Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, lo que acreditaron con las constancias que agregaron a su escrito de demanda, en las que demostraron tener el carácter de funcionarios públicos. En este sentido, es claro que fue promovido por una persona moral oficial. El juicio se hace valer contra el apercibimiento de imponer una medida de apremio ante el incumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es importante destacar que las sanciones de que se trata, deben entenderse impuestas a las personas físicas que tienen dichos cargos, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representan. En el orden de ideas expuesto, si la sanción, en su caso, se impuso a la persona física que desempeña el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cubrir el monto de aquélla de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado" En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos patrimoniales de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2001, con registro Ius 190346, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo" Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J.92/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 292, Tomo XXXII, correspondiente al mes de julio de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente" Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por **** y ****, en su carácter de Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, y el acto reclamado no le para perjuicio alguno a la administración y bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede sobreseer en este juicio de amparo con respecto a la persona moral oficial que representan los aquí quejosos. En otro contexto, este juzgador encuentra que respecto del acto reclamado consistente en el apercibimiento que se les realiza a los hoy quejosos, consistente en imponer una medida de apremio de las previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en la medida de que con motivo de su emisión no hay un perjuicio personal y directo o una afectación real y actual a su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa sustancialmente reclama el auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en los autos del expediente número ***, en la parte que se les apercibe con imponer una medida de apremio de las previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en caso de no cumplir con lo requerido en dicho acuerdo (acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio) ello, al considerar que en virtud del cambio de administración no fue emplazado debidamente al juicio laboral en el que el Municipio tiene el carácter de demandado. Ahora de la lectura del proveído en cuestión, puede observarse que éste no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa en la medida que en dicho auto no se está haciendo efectivo el apercibimiento que en él se contiene e incluso, se hace referencia como parte de la motivación del acuerdo reclamado que en virtud del cambio de administración municipal resultaba improcedente aplicar alguna medida de apremio al no existir una negativa a cumplir el laudo; de modo que resulta claro que el perjuicio a la impetrante, ocurriría de ser el caso, cuando se hiciera efectivo el mismo siempre que éstos no cumplan con lo ordenado en dicho auto lo que ocasionaría que en consecuencia se les sancione. En ese sentido, tal acto, constituye un acto futuro de realización incierta, el cual depende de la conducta adoptada por las partes, en razón de que no puede perderse de vista, que no necesariamente tendría que hacerse efectivo el apercibimiento decretado, pues puede ocurrir que los quejosos cumplan con el requerimiento formulado en el acuerdo reclamado o hagan patente su imposibilidad material o legal para hacerlo, o bien que la autoridad no obstante el incumplimiento de la obligada al requerimiento, omita hacer efectivo el apercibimiento; de ahí que, no exista la certeza necesaria de que se le impondrá sanción alguna por el incumplimiento al requerimiento decretado en la determinación de tres de enero de dos mil veintidós, pues es claro que el perjuicio a la parte quejosa, de ser el caso, ocurriría, como se precisó, cuando se hiciera efectivo el apercibimiento, ello en caso de no cumplir con lo ordenado en el citado proveído, y por consecuencia se le impusiera la sanción combatida, pues como se ha indicado esa situación bien puede no actualizarse. Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación (anterior integración), publicada a fojas 55, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66 Tercera Parte, que a continuación se cita: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo" Igualmente es aplicable la tesis aislada sin número emitida también por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 1304, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LI, cuyo rubro y texto es el siguiente: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente" Apoya también dicha consideración la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 762, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, que señala: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio en los términos de la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, con respecto a los actos aquí analizados y con respecto al carácter con el que comparecen los quejosos a esta instancia constitucional. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****y ****, en su carácter de Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos en los términos del considerando V de esta sentencia. Notifíquese personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de uno de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como las constancias relacionadas con el acto reclamado. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, las autoridades responsables manifiestan que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a las responsables el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese. .
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