Jesus Israel Vallejo Ascencio
Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesus Israel Vallejo Ascencio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Juicio de amparo: 744/2023 Quejoso: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 744/2023. R E S U L T A N D O 1. Remisión de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante oficio ********************de once de julio de dos mil veintitrés, remitió los autos del juicio de amparo, al determinar la competencia en favor de este órgano jurisdiccional, por virtud de la resolución emitida en el conflicto competencial registrado bajo el expediente ********************de su índice -suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos-; tales documentos fueron recibidos por este Juzgado de Distrito, el dieciocho de julio siguiente, entre los cuales se aprecia el escrito de demanda y la comparecencia en donde se aclaró la misma, de ********************, por propio derecho, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra ********************, Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, por el acto reclamado siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA NEGATIVA A DARLE UNA RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA Y CONGRUENTE A LA PETICIÓN DE TRASLADO VOLUNTARIO PARA UN ACERCAMIENTO FAMILIAR DE ESTE ********************A LA ********************, REALIZADA EN DICIEMBRE DEL AÑO 2019." (sic) 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 17, 18, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Acepta competencia, avoca al conocimiento, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, admitió a trámite la demanda de amparo, sin que fuera necesario solicitar informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que ya había sido rendido, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a ******************** Agente del ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Sanciones y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos -las cuales fueron emplazadas el veinticuatro y veinticinco de julio siguientes, respectivamente; y se apersonó al juicio únicamente la Secretaría tercera interesada a través del escrito recibido el uno de agosto de dos mil veintitrés-. En el mismo auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés citado, este juzgado le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es la omisión de emitir resolución a una solicitud de traslado voluntario, atribuida a una autoridad judicial en materia penal, con residencia en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias; y, de conformidad con lo resuelto en el conflicto competencial ********************, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado ********************, Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya. En la carpeta de ejecución ******************** del índice del juez responsable: La omisión de emitir resolución respecto a la solicitud de traslado voluntario del quejoso del ******************** a la ******************** -centro de reclusión cercano a sus familiares-. lll. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ********************, Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Además, la citada autoridad remitió copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de ejecución ********************, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus atribuciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues al no establecer un plazo específico la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y estos producir por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto lo aleguen o no las partes, en el caso, éstas no hicieron valer alguna ni este juzgado de oficio advierte su actualización, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Estudio de los conceptos de violación. En la demanda de amparo el quejoso esencialmente señala que se vulnera en su perjuicio el debido proceso y lo establecido en los artículos 1, 4, 14, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 123, fracción III, 124 y 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante la omisión del juzgador responsable de emitir sentencia o resolución a la solicitud de traslado voluntario que realizó en el año dos mil diecinueve. Lo anterior, toda vez que refiere que se ha llevado a cabo una sola audiencia, la cual tuvo lugar el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se acordó se le realizaran estudios en el centro de su reclusión, sin que hasta la fecha se haya señalado fecha de audiencia o notificado determinación alguna al respecto, no obstante de haber transcurrido casi cuatro años de que realizó la solicitud. Son fundados los conceptos de violación, en suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las razones que se explican. El artículo 17, párrafo segundo, de la constitución federal, establece el derecho a favor de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, el derecho a la tutela judicial efectiva implica además, la obligación de las autoridades de evitar trabas excesivas, innecesarias o carentes de razonabilidad o proporcionalidad que obstaculicen la resolución de los asuntos y de que se cumpla con lo determinado. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, de la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES", ha establecido que el derecho humano de acceso a la impartición de justicia que consagra dicho numeral a favor de las personas, descansa entre otros, en el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica del particular no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Bajo ese matiz, el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional, operarán cuando exista acuerdo entre la entidad origen y la entidad destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 constitucional. Asimismo, precisa que cuando exista interés de una persona sentenciada para ser traslada a otro centro penitenciario, el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora y, que no procederá el traslado a petición de parte, tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. De igual forma, en los artículos del 120 al 127 de la citada legislación, se prevé la forma en la que se substanciarán los procedimientos ante el juez de ejecución; y señalan, en lo que interesa, que la solicitudes se presentarán por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, que registrará la causa y la turnará al juez de ejecución, el que contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita la solicitud e inicie el trámite del procedimiento, la prevenga para que se aclare o corrija, o la deseche por notoriamente improcedente. Asimismo, disponen que de admitirse, se notificará de inmediato sin que exceda del plazo de veinticuatro horas, entregando a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que en el plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la autoridad penitenciara para que dentro del mismo término rinda el informe que le corresponda. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. De igual forma, prevén que en la audiencia fijada deberán acudir todos los interesados; sin embargo, la ausencia del director del centro penitenciario o de quien lo represente, así como de la víctima y su asesor jurídico, no suspenderá la audiencia, la cual deberá ser presidida por el juez de ejecución, en la que se discutirá la admisión de los medios de prueba, respecto de los que se resolverá y llevará a cabo su desahogo. Hecho lo cual, las partes formularán sus alegatos, se declarará cerrado el debate y se emitirá resolución, respecto de la cual, el juez de ejecución tendrá un término de cinco días para su redacción, notificación y para entregar copia a las partes. Entonces, de una interpretación sistemática de los preceptos legales de la Ley Nacional de Ejecución invocados, se desprende que una vez admitida la solicitud, se dará vista a las partes por el término de cinco días, dentro del cual deberá rendir informe la autoridad penitenciaria. Asimismo, se señalará fecha para la audiencia, al menos tres días posteriores a la notificación de la vista de referencia sin exceder de diez días, y en la audiencia, una vez desahogados los medios de prueba -en caso de que se hubieren ofrecido y admitido-, se dictará la resolución que corresponda, contando el juez de ejecución con un plazo de cinco días para su redacción, notificación y entrega de copia a las partes; es decir, se prevén diversos plazos que provocan que las solicitudes se resuelvan en breve término. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por el juez responsable, relativas a la carpeta de ejecución ********************, en lo que interesa, se tiene lo siguiente: Que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 65 a 67 del amparo indirecto), ********************Juez de Primera Instancia Especializado de Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, emitió acuerdo en el que en cumplimiento a la sentencia del amparo indirecto ********************del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, se admitió a trámite la solicitud del aquí quejoso, relativa al traslado voluntario del ******************** a la ******************** -centro de reclusión cercano a sus familiares-, con el que se ordenó correr traslado a la defensa pública, así como al Coordinador del Sistema Penitenciario para que en el plazo de cinco días contestaran la acción y ofrecieran los medios de prueba que estimaran pertinentes; asimismo, se fijaron las catorce horas del nueve de diciembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia correspondiente. El tres de mayo de dos mil veintitrés (foja 96 del amparo indirecto), ********************, Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos -autoridad aquí responsable-, emitió un auto en el que tuvo al defensor público, a la persona sentenciada para ser trasladada y a la autoridad penitenciaria, pronunciándose sobre la vista concedida en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; y, toda vez que desconocía el resultado de la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós, al no obrar dentro de la carpeta de ejecución la constancia respectiva, regularizó el procedimiento y requirió al defensor público para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a la legal notificación, comunicara lo resuelto por su homólogo en la audiencia citada, con la finalidad de evitar cualquier contaminación en cuanto al fondo del asunto que pudiera conllevar el imponerse del audio y video, apercibido que de ser omiso, le aplicaría una multa de veinte unidades de medida y actualización de valor diario vigente. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés (foja 102 del amparo indirecto), el defensor público de la persona sentenciada para ser trasladada -aquí quejoso-, informó que en la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós, una vez llevado a cabo el debate, el juzgador determinó que para poder resolver sobre la solicitud de traslado, requería pedir informe al ******************** a efecto de conocer si aún continuaban vigentes las razones que motivaron el traslado del sentenciado o si ya habían disminuido o desaparecido y, que una vez que se recibiera dicho informe se señalaría la audiencia respectiva. En atención a lo informado, el juzgador responsable, mediante auto de doce de mayo siguiente (foja 103 del amparo indirecto), en regularización del procedimiento, requirió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS Oaxaca", para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación, rindiera informe sobre la conducta de la persona sentenciada para ser trasladada y comunicara si subsistían las razones objetivas para seguir manteniendo medidas de seguridad especiales en un centro penitenciario federal, debiendo remitir las constancias que apoyaran sus conclusiones; apercibido que de no dar cumplimiento en el término señalado, se le impondría una multa de veinte unidades de medida y actualización de valor diario vigente. Precisado lo anterior, conforme a las constancias remitidas por la autoridad responsable con el informe justificado, no se advierte que se haya rendido el informe que le fue requerido en auto de doce de mayo de dos mil veintitrés al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS Oaxaca", a efecto de que el juzgador responsable fijara día y hora para el verificativo de la audiencia correspondiente. Por tanto, como se dijo, son fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, en lo relativo a que se vulnera su derecho al debido proceso, al no haber emitido el juzgador responsable una resolución respecto de su solicitud de traslado voluntario, dentro de los plazos establecidos para tal efecto, lo que provoca una dilación injustificada. Lo anterior, porque si bien el juzgador responsable requirió informe al director del centro penitenciario, a efecto de conocer lo relativo a la conducta de la persona sentenciada para ser trasladada y si subsisten las razones objetivas para seguir manteniendo las medidas de seguridad especiales en un centro penitenciario federal, así como para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia correspondiente, en la que se resuelva lo conducente respecto de la solicitud, lo cierto es que desde que se admitió a trámite dicha solicitud -veinticuatro de octubre de dos mil veintidós- a la data en la que se emite la presente sentencia, no se advierte que se haya actuado de manera diligente, a efecto de resolver sobre lo solicitado, lo que provoca una dilación excesiva que repercute en los derechos del quejoso, al no ser resuelta su petición en breve término, como lo prevé el artículo 17 constitucional. Ello, porque además, hasta el auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó regularizar el procedimiento y se tuvo al defensor público, a la persona sentenciada para ser trasladada y a la autoridad penitenciaria correspondiente, contestando la vista concedida en el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós -que admitió la solicitud-; y, hasta el doce de mayo siguiente, con motivo de lo informado por la defensa, se requirió informe al director del centro penitenciario, respecto a la conducta de la persona sentenciada para ser trasladada y si subsistían las razones objetivas de su reclusión en el centro penitenciario federal, sin que se advierta que se hayan realizado las gestiones necesarias a efecto de contar con dicho informe ni que ya se hubiere rendido éste. Lo cual resulta necesario a efecto de que el juzgador responsable esté en condiciones de señalar día y hora para el verificativo de la audiencia, en los términos previstos por el artículo 126 de la Ley de Ejecución Penal y resuelva lo correspondiente a la solicitud del aquí impetrante de amparo. En consecuencia, se evidencia que para la resolución de la solicitud de traslado voluntario realizada por el aquí quejoso, no se ha proveído lo conducente en los plazos establecidos en los artículos 120 a 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; pues incluso, en el presente juicio se advierte que en la diligencia de veintinueve de julio de dos mil veintitrés (foja 234 del amparo indirecto), en la que se llevó a cabo la notificación de los proveídos de diecinueve y veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ordenados por este juzgado al aquí quejoso, éste manifestó que hasta esa data no se había llevado a cabo audiencia ni se le había dado a conocer resolución alguna respecto de su solicitud; de ahí que se consideren fundados los conceptos de violación en estudio. Ahora bien, no se inadvierte que de las constancias remitidas por el juez responsable, se desprende que la admisión de la solicitud se realizó por el diverso Juez de Primera Instancia Especializado de Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, ********************el cual señaló fecha para la audiencia prevista en el artículo 126 de la Ley de Ejecución Penal, para el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que según lo informado al juez aquí responsable, ********************, por la defensa de la persona sentenciada para ser trasladada, en dicha audiencia se solicitó informe al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS Oaxaca", para conocer si continuaban vigentes las razones que motivaron el traslado del aquí quejoso a dicho centro federal de readaptación social, mismo informe que también requirió el juzgador aquí responsable. En consecuencia, una vez que el juez responsable cuente con el referido informe, deberá ordenar entregar copia de éste a las partes y señalar día y hora para el verificativo de la audiencia correspondiente, a efecto de resolver sobre la solicitud del impetrante de amparo, misma que se deberá desarrollar en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de que el juzgador tenga conocimiento directo de las razones que motivaron la solicitud, así como del consentimiento expreso del solicitante, ante la presencia de su defensor; asimismo, para que se respeten los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 50 y 120 de la citada legislación. Lo anterior, en el entendido de que dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, con libertad de atribuciones, deberá resolver lo que corresponda respecto de la solicitud del aquí quejoso, pues en la presente resolución no se está dando lineamiento alguno al respecto, ya que únicamente se analizó lo relativo a la dilación en la que ha incurrido la autoridad responsable en la resolución de la solicitud de traslado voluntario realizada por el quejoso, sin que se analice sobre su procedencia o no, pues dicho análisis corresponde realizarlo al juzgador responsable. En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su queja deficiente a favor del aquí quejoso, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, ********************, Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: En caso de no contar con el informe que ordenó requerir mediante auto de doce de mayo de dos mil veintitrés al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS Oaxaca", lo requiera nuevamente para que de inmediato le sea remitido, con los apercibimientos de ley que correspondan; De contar con dicho informe o bien, una vez que le sea remitido éste, ordene entregar copia a las partes y, señale día y hora para el verificativo de la audiencia relativa a la solicitud del aquí quejoso, dentro de los plazos establecidos en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; Hecho lo cual, lleve a cabo la audiencia en los términos previstos en el numeral 126 de la legislación citada, en la que resuelva lo que corresponda respecto de la solicitud de traslado voluntario presentada por la persona sentenciada para ser trasladada -aquí quejoso-. Lo anterior, en el entendido de que en la presente sentencia no se le está dando lineamiento alguno en el sentido en el que deba de resolver, pues para ello cuenta con libertad de atribuciones. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe, inicia la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 744/2023, promovido por Jesús Israel Vallejo Ascencio, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: y la secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales remitidas por la autoridad responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, con lo anterior se cierra este período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: Y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo anterior, se procede a cerrar este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. LA JUEZA (Firmado electrónicamente) LA SECRETARIA (Firmado electrónicamente).
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese para que obre como corresponda y surtan sus efectos legales procedentes el oficio 19265/2023 enviado electrónicamente por el Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual devuelve el exhorto 114/2023, origen 267/2023, del índice de este Juzgado Federal, así como las constancias de notificación respectiva. En atención a su contenido, se tiene por notificada a la parte quejosa -********************-, por conducto de su defensora pública -********************-, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese el oficio signado por la Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, mediante el cual en representación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos -tercero interesada-, designa delegados y señala domicilio procesal. Al respecto, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, ello al tener el carácter de tercero interesada y por cuanto al domicilio se tiene por designado al tratarse de su residencia oficial, y de conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán por medio de oficio. Finalmente, en cuanto a la autorización de reproducciones fotográficas, deberá estarse a lo acordado en auto de diecinueve de julio del año en curso, en el que ya se autorizó lo solicitado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia de la Titular, en términos del penúltimo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial, asistida de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe.
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