Jesús Israel Salazar Baas

Expediente 508/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
508/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Jesús Israel Salazar Baas
  • Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de desechamiento de quince de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que el informe justificado rendido por el Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de juicios de Amparo, por suplencia del Fiscal General de la República, autoridad señalada como responsable, en su correcta de nominación, fue puesto a la vista de las partes en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, notificado el diez del mismo mes y año, por tanto aún está transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su celebración las once horas con diez minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO. Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Israel Salazar Baas, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, la cual fue presentada con cuatro copias y sin anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 508/2019-VI. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional consistente en la resolución incidental de competencia dictada el seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que se ordenó remitir los autos del expediente laboral de origen al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente 800/2018, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, este aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, y (.)" Este supuesto, ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, se encuentra condicionada a que estos sean definitivos; lo que significa, que el amparo solo debe promoverse una vez que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia, la acepta. Lo anterior, explicó el alto tribunal, porque es en ese momento (aceptación de la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia) cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencia del acto reclamado, pues puede darse el caso de no aceptación de la competencia, lo que originara un conflicto que deberá ser previamente dilucidado. Estos razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." La cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Como se expuso, el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en la resolución incidental de competencia dictada el seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que se ordenó remitir los autos del expediente laboral de origen al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente 800/2018. Por tanto, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte la respuesta relativa a la competencia declinada por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, por lo que es evidente que se actualiza la invocada causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado no es definitivo, pues no se trata de la aceptación de competencia del órgano que el Tribunal resolvió debe conocer del juicio de origen. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Israel Salazar Baas, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción VIII, este aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los señalados por la parte quejosa, lo anterior, por tratarse de la parte trabajadora, quien lo solicita para ese efecto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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