Jesus Israel Moreno Reyna
Expediente 935/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder JUdicial del Estado, Tecate, Baja California
- Jesus Israel Moreno Reyna
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, de los cuales se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de presente asunto. Ahora, en virtud de que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, remítase al archivo definitivo el presente expediente como asunto totalmente concluido, bajo la supervisión del secretario encargado del trámite, hágase las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al que anexa diligenciado el exhorto 180/2020, del índice de este juzgado; lo anterior, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que la constancia que genera el referido Sistema al enviar la comunicación de mérito, hace las veces de acuse. Finalmente, téngase por recibido el oficio cuenta que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada y se avocará al conocimiento del asunto, el cual fue registrado bajo el número 786/2020-I; así mismo que para estar en aptitud de acordar lo plateado por este juzgado, solicita se le informe si la demanda cuenta con la firma original del promovente; en consecuencia, mediante oficio y con transcripción del presente auto, hágase conocimiento de la autoridad remite que efectivamente la demanda presentada ante este juzgado cuenta con la firma original del quejoso ******.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veinte. Demanda. Vista la demanda promovida por Jesús Israel Moreno Reyna, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 935/2020-8; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión de celebrar audiencia para resolver una libertad anticipada y beneficio de remisión parcial de la pena del quejoso, por parte de la autoridad responsable. Acorde con la descripción previa del acto reclamado y tomando en consideración que el quejoso manifestó estar actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, es posible establecer que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de legal competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias de la omisión reclamada, se producirán indefectiblemente en el Centro de Reinserción Social con sede en el municipio de Tecate, Baja California, toda vez que la celebración de la audiencia para resolver sobre la libertad anticipada o beneficio de remisión parcial de la pena que reclama el aquí quejoso impacta directamente en su libertad, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, al reclamarse la omisión de celebrar audiencia para resolver una libertad anticipada y beneficio de remisión parcial de la pena que pudiera otorgarse al quejoso, por parte de la autoridad responsable, implica que éste continúe privado de su libertad en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido -Tecate, Baja California- y, ante ello, es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en el que se encuentran el impetrante. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 54/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177673, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005, página 5, de la Novena Época, registro 178232, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." De igual modo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, registro 2006160, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Ahora, el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su considerando segundo, fracción XII, que a su vez remite al punto XV, establece lo siguiente: "[.] XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. De la porción trascrita se desprende que los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que comprende Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. En esa tesitura, las consideraciones expuestas en apartados anteriores son extremos que evidencian que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del libelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde se está ejecutando el acto que en esta vía constitucional se combate, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; en atención a la regla competencial dispuesta en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Jurisdiccionales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto y ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo promovida por Jesús Israel Moreno Reyna, por lo que se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana. Consecuentemente, remítase al indicado órgano, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, los autos originales del presente asunto, copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda referida junto con sus copias y anexos, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme. Asimismo, solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Domicilio del quejoso. Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio procesal el indicado en su escrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; impone al suscrito el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, con base en los artículos 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban de realizarse notificaciones personales a la parte promovente que interviene en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener. Notificación al quejoso. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso señaló como domicilio procesal el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate, Baja California; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, a fin de que, por su conducto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario de su Adscripción para que notifique el presente auto a Jesús Israel Moreno Reyna, en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate, Baja California; al efecto se instruye al Analista Jurídico SISE adscrito para que proceda a la digitalización del presente proveído, para que en su versión electrónica sea remitido adjunto al exhorto de que se trata, a fin de que en su oportunidad, la autoridad exhortada notifique al citado quejoso del presente auto. Hágase del conocimiento de la autoridad exhortada que se encuentran habilitadas horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia que se solicita, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo.
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