Jesus Israel Camacho Alayon
Expediente 1713/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Israel Camacho Alayon
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese
- Principal
Mérida, Yucatán; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de la vista que se le diera a las partes en auto de veintiuno de octubre último, respecto del informe justificado correspondiente a la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán; en tal virtud, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y señalar nueva fecha para su celebración. En virtud de lo anterior, se señala el OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de su contenido para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, téngase como domicilio de dicha responsable, para oír y recibir notificaciones, el mencionado en el oficio de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el toca de queja 119/2021, de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte tercero interesada "AB4 Inmobiliaria", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, resolución de cuyo primer punto resolutivo se advierte que se tuvo por desistido del recurso de queja interpuesto por la parte tercero interesada, y en su segundo punto, dejó firme el auto recurrido de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Acúsese el recibo de estilo. Atento lo anterior, levántese la suspensión del procedimiento de este juicio, decretado en auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, para todos los efectos legales correspondientes, y REANÚDESE EL PROCEDIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Atento a lo anterior, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Ahora bien, dado que se reservó acordar lo conducente respecto a los escritos presentados por la parte quejosa (registro 10685) y la tercero interesada (registro 12858), hasta en tanto se resolviera la queja antes referida, y en virtud que dicha circunstancia ya aconteció, procédase acordar lo conducente respecto a ambos libelos. Respecto al escrito de la parte quejosa (registro 10685), mediante el cual ofrece los medios de convicción consistentes en: inspección judicial con asistencia de peritos y pericial en materia de localización, geo-ubicación, referenciación de predios urbanos y mediciones civiles. Con fundamento en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan los citados medios probatorios por las siguientes razones. La demanda de amparo en el presente asunto fue admitida respecto de los siguientes actos reclamados identificados con los incisos d) y e), cuyo tenor es el siguiente: d) El otorgamiento del oficio número 0000168595, de fecha diez de febrero de dos mil veinte, por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, a favor de la persona moral "AB4, INMOBILIARIO, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que autorizó la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción de más de cien unidades (620 multifamiliares); y, e) El otorgamiento del oficio número 0000170032 de fecha tres de marzo de dos mil veinte, por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, a favor de la persona moral "AB4, INMOBILIARIO, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que autorizó la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción de más de cien unidades (620 multifamiliares, autorizada en sustitución de una licencia previa con número de trámite 168595. Ahora bien, de la lectura realizada a la prueba de inspección judicial con la asistencia de peritos se advierte, que fue ofrecida con el objeto de que se advierta si existen construcciones habitacionales con alturas similares a las del proyecto residencial sobre el cual fueron otorgados los permisos de uso de suelo, esto es, de cincuenta metros de altura, así mismo, para que se determine la distancia en tiempo que existe entre el predio número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento Monterreal y diversos predios localizados en dicho fraccionamiento, así como que se visualice el flujo vehicular que circula en ambos sentidos sobre la calle del inmueble ya citado, y se determine si es de tipo bajo, medio o alto, o de cualquier conflicto vial o vehicular que se presente frente al mencionado domicilio, en el lapso de tiempo de observación. Como se indicó se desecha este medio probatorio, toda vez que de conformidad con el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la inspección judicial tendrá como objeto, aclarar hechos o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales, pues dicha diligencia de inspección tiene como objeto dar fe de la existencia de determinados hechos, los cuales deben ser perceptibles por medio de los sentidos, lo que en la especie no acontece, pues para advertir si existen construcciones habitacionales con alturas similares a las del proyecto residencial sobre el cual fueron otorgados los permisos de uso de suelo, esto es, de cincuenta metros de altura, así como determinar la distancia en tiempo que existe entre el predio número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento Monterreal y diversos predios localizados en dicho fraccionamiento, así como establecer si el flujo vehicular que circula en ambos sentidos sobre la calle treinta y siete es de tipo bajo, medio o alto, se requieren de conocimientos técnicos por peritos en la materia, que determinen la altura de las construcciones en dicha zona, así como la distancia en tiempo entre el predio en construcción y diversos inmuebles de los aquí quejosos, así como si el flujo vehicular en dicha zona corresponde al tipo bajo, medio o alto, resultando en consecuencia impertinente dicho medio de convicción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVII, Cuarta Parte, página 50, de rubro y texto siguientes. CONSTRUCCIONES, LA INSPECCION JUDICIAL Y LA PRUEBA PERICIAL NO SON APTAS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LAS. La inspección judicial y la prueba pericial son inaptas para acreditar la propiedad de las construcciones y mejoras efectuadas en un predio, pues dichas pruebas por su naturaleza y finalidad procesal no son adecuadas para ese objeto". Así como la de la Segunda Sala del citado Alto Tribunal de la Nación, aplicada en lo conducente, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 3362, que señala lo siguiente. INSPECCION OCULAR, OBJETO DE LA. La diligencia de inspección ocular tiene por objeto que el juzgador dé fe de la existencia de determinados hechos, perceptibles por los sentidos, y su eficacia probatoria queda reducida exclusivamente a la constatación de esos hechos, por lo que las declaraciones que reciba el funcionario judicial que practique la diligencia en el momento de ésta, quedan al margen de la prueba de que se trata, sin formar parte de ella y, por lo mismo, no tiene valor alguno como elemento de convicción. En relación con la diversa prueba pericial en materia de localización, geo-ubicación, referenciación de predios urbanos y mediciones civiles, la cual tiene como objeto que el perito establezca la distancia longitudinal en metros lineales de los predios donde habitan los quejosos, con relación al lindero más cercano a estos predios, respecto del marcado con el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal" de esta ciudad, utilizando el perito mapas, imágenes de satélite, coordenadas, datos estadísticos e información catastral que utiliza el Ayuntamiento de Mérida; así como determinar las coordenadas geodésicas de ubicación de los predios, el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal", el número doscientos veintidós de la calle treinta y tres, del fraccionamiento "Monterreal", el cuatrocientos treinta de la calle dieciséis, del fraccionamiento Residencial San Antonio y el doscientos sesenta y uno de la calle veintidós, del fraccionamiento "Monterreal". Así mismo, indique cuál es el radio en metros lineales en el que se ubican y encuentran los mencionados inmuebles, tomando como referencia o punto de partida el predio número doscientos veinticinco, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, así como el ancho en metros lineales del tramo de vialidad abarcando sus dos sentidos, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, con cruzamientos en las calles veintidós del referido fraccionamiento así como el veintiocho del fraccionamiento Montealbán, y que describa el tipo de vialidad de la calle treinta y siete, así como el tipo y densidad de construcciones habitacionales. Si bien es cierto los permisos y licencias de construcción que las responsables otorgaron a la empresa tercero interesada, deben cumplir con la normatividad correspondiente, con el objeto de que no se exceda las factibilidades permitidas en la zona donde se pretende construir, pues los agraviados señalan que los seiscientos departamento que se pretenden construir, distribuidos en siete torres, en la calle treinta y siete, número doscientos veinticinco, del fraccionamiento Monterreal, de esta ciudad, exceden tres veces más la factibilidad permitida, respecto a las densidades habitacionales permitidas y establecidas para esa zona, conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y sus documentos estratégicos, así como el Reglamento de Construcciones del citado municipio, además de que la ubicación del predio en cuestión, no permite proyectos habitacionales de acto impacto, pues la densidad habitacional máxima permitida es de consolidación urbana, también lo es, que el análisis de esos permisos y licencias otorgadas se analizarán bajo el amparo de las documentales que la responsable tomó en consideración, así como si observó la normatividad correspondiente, por lo que como se señaló párrafos precedentes, dicho medio probatorio se desecha, toda vez que los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, indican que los tribunales podrán ordenar la práctica de cualquier medio de convicción siempre que tengan relación inmediata con los hechos, y resulten conducentes para el conocimiento de la verdad, lo que en la especie no acontece. En efecto, como se precisó, la parte quejosa pretende ofrecer la citada prueba con el objeto de que el perito establezca la distancia longitudinal en metros lineales de los predios donde habitan los quejosos, con relación al lindero más cercano a estos predios, respecto del marcado con el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal" de esta ciudad, utilizando el perito mapas, imágenes de satélite, coordenadas, datos estadísticos e información catastral que utiliza el Ayuntamiento de Mérida; así como determinar las coordenadas geodésicas de ubicación de los predios, el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal", el número doscientos veintidós de la calle treinta y tres, del fraccionamiento "Monterreal", el cuatrocientos treinta de la calle dieciséis, del fraccionamiento Residencial San Antonio y el doscientos sesenta y uno de la calle veintidós, del fraccionamiento "Monterreal. Así mismo, indique cuál es el radio en metros lineales en el que se ubican y encuentran los mencionados inmuebles, tomando como referencia o punto de partida el predio número doscientos veinticinco, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, así como el ancho en metros lineales del tramo de vialidad abarcando sus dos sentidos, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, con cruzamientos en las calles veintidós del referido fraccionamiento así como el veintiocho del fraccionamiento Montealbán, y que describa el tipo de vialidad de la calle treinta y siete, así como el tipo y densidad de construcciones habitacionales, sin embargo, aun cuando en el supuesto de que no existieran en dicha zona construcciones mayores a cincuenta metros de altura, eso no determina que no puedan realizarse obras de esa magnitud, pues se reitera, la legislación aplicable es la que determina el tipo de construcción, así como las documentales y requisitos que la responsable haya exigido y recabado de la empresa aquí tercero interesada, que la llevó a obsequiar la licencia de uso de suelo. En resumen, lo que se busca descubrir con las probanzas de mérito, es algo que las responsables deben demostrar en este juicio de amparo, esto es, que se cumplió con los requisitos y se observó la normatividad aplicable para la expedición de las licencias de uso de suelo de diez de febrero de dos mil veinte y tres de marzo de dos mil veinte, por tal motivo, es que dicha prueba resulte inconducente. Por los motivos antes indicados, se desechan las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, al resultar ineficaces dichos medios de convicción para el fin que fue propuesto. Finalmente, en cuanto al diverso escrito (registro 12858), signado por Alfredo Ignacio Pinelo Cámara, autorizado de la moral tercero interesada "AB4, INMOBILIARIA", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones del ocursante en vía de alegatos, mismos que deberán ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese personalmente. "2021, Año de la Independencia" OFICIOS: 25311/2021 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. MÉRIDA, YUCATÁN. En autos del Juicio de Amparo V.858/2021, promovido por ISABEL CRISTINA GUTIERREZ CASTILLO y otros, contra actos de Usted, el día de hoy se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: "Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el toca de queja 119/2021, de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte tercero interesada "AB4 Inmobiliaria", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, resolución de cuyo primer punto resolutivo se advierte que se tuvo por desistido del recurso de queja interpuesto por la parte tercero interesada, y en su segundo punto, dejó firme el auto recurrido de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Acúsese el recibo de estilo. Atento lo anterior, levántese la suspensión del procedimiento de este juicio, decretado en auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, para todos los efectos legales correspondientes, y REANÚDESE EL PROCEDIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Atento a lo anterior, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Ahora bien, dado que se reservó acordar lo conducente respecto a los escritos presentados por la parte quejosa (registro 10685) y la tercero interesada (registro 12858), hasta en tanto se resolviera la queja antes referida, y en virtud que dicha circunstancia ya aconteció, procédase acordar lo conducente respecto a ambos libelos. Respecto al escrito de la parte quejosa (registro 10685), mediante el cual ofrece los medios de convicción consistentes en: inspección judicial con asistencia de peritos y pericial en materia de localización, geo-ubicación, referenciación de predios urbanos y mediciones civiles. Con fundamento en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan los citados medios probatorios por las siguientes razones. La demanda de amparo en el presente asunto fue admitida respecto de los siguientes actos reclamados identificados con los incisos d) y e), cuyo tenor es el siguiente: d) El otorgamiento del oficio número 0000168595, de fecha diez de febrero de dos mil veinte, por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, a favor de la persona moral "AB4, INMOBILIARIO, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que autorizó la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción de más de cien unidades (620 multifamiliares); y, e) El otorgamiento del oficio número 0000170032 de fecha tres de marzo de dos mil veinte, por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, a favor de la persona moral "AB4, INMOBILIARIO, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que autorizó la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción de más de cien unidades (620 multifamiliares, autorizada en sustitución de una licencia previa con número de trámite 168595. Ahora bien, de la lectura realizada a la prueba de inspección judicial con la asistencia de peritos se advierte, que fue ofrecida con el objeto de que se advierta si existen construcciones habitacionales con alturas similares a las del proyecto residencial sobre el cual fueron otorgados los permisos de uso de suelo, esto es, de cincuenta metros de altura, así mismo, para que se determine la distancia en tiempo que existe entre el predio número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento Monterreal y diversos predios localizados en dicho fraccionamiento, así como que se visualice el flujo vehicular que circula en ambos sentidos sobre la calle del inmueble ya citado, y se determine si es de tipo bajo, medio o alto, o de cualquier conflicto vial o vehicular que se presente frente al mencionado domicilio, en el lapso de tiempo de observación. Como se indicó se desecha este medio probatorio, toda vez que de conformidad con el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la inspección judicial tendrá como objeto, aclarar hechos o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales, pues dicha diligencia de inspección tiene como objeto dar fe de la existencia de determinados hechos, los cuales deben ser perceptibles por medio de los sentidos, lo que en la especie no acontece, pues para advertir si existen construcciones habitacionales con alturas similares a las del proyecto residencial sobre el cual fueron otorgados los permisos de uso de suelo, esto es, de cincuenta metros de altura, así como determinar la distancia en tiempo que existe entre el predio número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento Monterreal y diversos predios localizados en dicho fraccionamiento, así como establecer si el flujo vehicular que circula en ambos sentidos sobre la calle treinta y siete es de tipo bajo, medio o alto, se requieren de conocimientos técnicos por peritos en la materia, que determinen la altura de las construcciones en dicha zona, así como la distancia en tiempo entre el predio en construcción y diversos inmuebles de los aquí quejosos, así como si el flujo vehicular en dicha zona corresponde al tipo bajo, medio o alto, resultando en consecuencia impertinente dicho medio de convicción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVII, Cuarta Parte, página 50, de rubro y texto siguientes. CONSTRUCCIONES, LA INSPECCION JUDICIAL Y LA PRUEBA PERICIAL NO SON APTAS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LAS. La inspección judicial y la prueba pericial son inaptas para acreditar la propiedad de las construcciones y mejoras efectuadas en un predio, pues dichas pruebas por su naturaleza y finalidad procesal no son adecuadas para ese objeto. Así como la de la Segunda Sala del citado Alto Tribunal de la Nación, aplicada en lo conducente, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 3362, que señala lo siguiente. INSPECCION OCULAR, OBJETO DE LA. La diligencia de inspección ocular tiene por objeto que el juzgador dé fe de la existencia de determinados hechos, perceptibles por los sentidos, y su eficacia probatoria queda reducida exclusivamente a la constatación de esos hechos, por lo que las declaraciones que reciba el funcionario judicial que practique la diligencia en el momento de ésta, quedan al margen de la prueba de que se trata, sin formar parte de ella y, por lo mismo, no tiene valor alguno como elemento de convicción. En relación con la diversa prueba pericial en materia de localización, geo-ubicación, referenciación de predios urbanos y mediciones civiles, la cual tiene como objeto que el perito establezca la distancia longitudinal en metros lineales de los predios donde habitan los quejosos, con relación al lindero más cercano a estos predios, respecto del marcado con el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal" de esta ciudad, utilizando el perito mapas, imágenes de satélite, coordenadas, datos estadísticos e información catastral que utiliza el Ayuntamiento de Mérida; así como determinar las coordenadas geodésicas de ubicación de los predios, el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal", el número doscientos veintidós de la calle treinta y tres, del fraccionamiento "Monterreal", el cuatrocientos treinta de la calle dieciséis, del fraccionamiento Residencial San Antonio y el doscientos sesenta y uno de la calle veintidós, del fraccionamiento "Monterreal". Así mismo, indique cuál es el radio en metros lineales en el que se ubican y encuentran los mencionados inmuebles, tomando como referencia o punto de partida el predio número doscientos veinticinco, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, así como el ancho en metros lineales del tramo de vialidad abarcando sus dos sentidos, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, con cruzamientos en las calles veintidós del referido fraccionamiento así como el veintiocho del fraccionamiento Montealbán, y que describa el tipo de vialidad de la calle treinta y siete, así como el tipo y densidad de construcciones habitacionales. Si bien es cierto los permisos y licencias de construcción que las responsables otorgaron a la empresa tercero interesada, deben cumplir con la normatividad correspondiente, con el objeto de que no se exceda las factibilidades permitidas en la zona donde se pretende construir, pues los agraviados señalan que los seiscientos departamento que se pretenden construir, distribuidos en siete torres, en la calle treinta y siete, número doscientos veinticinco, del fraccionamiento Monterreal, de esta ciudad, exceden tres veces más la factibilidad permitida, respecto a las densidades habitacionales permitidas y establecidas para esa zona, conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y sus documentos estratégicos, así como el Reglamento de Construcciones del citado municipio, además de que la ubicación del predio en cuestión, no permite proyectos habitacionales de acto impacto, pues la densidad habitacional máxima permitida es de consolidación urbana, también lo es, que el análisis de esos permisos y licencias otorgadas se analizarán bajo el amparo de las documentales que la responsable tomó en consideración, así como si observó la normatividad correspondiente, por lo que como se señaló párrafos precedentes, dicho medio probatorio se desecha, toda vez que los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, indican que los tribunales podrán ordenar la práctica de cualquier medio de convicción siempre que tengan relación inmediata con los hechos, y resulten conducentes para el conocimiento de la verdad, lo que en la especie no acontece. En efecto, como se precisó, la parte quejosa pretende ofrecer la citada prueba con el objeto de que el perito establezca la distancia longitudinal en metros lineales de los predios donde habitan los quejosos, con relación al lindero más cercano a estos predios, respecto del marcado con el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal" de esta ciudad, utilizando el perito mapas, imágenes de satélite, coordenadas, datos estadísticos e información catastral que utiliza el Ayuntamiento de Mérida; así como determinar las coordenadas geodésicas de ubicación de los predios, el número doscientos veinticinco de la calle treinta y siete del fraccionamiento "Monterreal", el número doscientos veintidós de la calle treinta y tres, del fraccionamiento "Monterreal", el cuatrocientos treinta de la calle dieciséis, del fraccionamiento Residencial San Antonio y el doscientos sesenta y uno de la calle veintidós, del fraccionamiento "Monterreal". Así mismo, indique cuál es el radio en metros lineales en el que se ubican y encuentran los mencionados inmuebles, tomando como referencia o punto de partida el predio número doscientos veinticinco, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, así como el ancho en metros lineales del tramo de vialidad abarcando sus dos sentidos, de la calle treinta y siete, del fraccionamiento Monterreal, con cruzamientos en las calles veintidós del referido fraccionamiento así como el veintiocho del fraccionamiento Montealbán, y que describa el tipo de vialidad de la calle treinta y siete, así como el tipo y densidad de construcciones habitacionales, sin embargo, aun cuando en el supuesto de que no existieran en dicha zona construcciones mayores a cincuenta metros de altura, eso no determina que no puedan realizarse obras de esa magnitud, pues se reitera, la legislación aplicable es la que determina el tipo de construcción, así como las documentales y requisitos que la responsable haya exigido y recabado de la empresa aquí tercero interesada, que la llevó a obsequiar la licencia de uso de suelo. En resumen, lo que se busca descubrir con las probanzas de mérito, es algo que las responsables deben demostrar en este juicio de amparo, esto es, que se cumplió con los requisitos y se observó la normatividad aplicable para la expedición de las licencias de uso de suelo de diez de febrero de dos mil veinte y tres de marzo de dos mil veinte, por tal motivo, es que dicha prueba resulte inconducente. Por los motivos antes indicados, se desechan las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, al resultar ineficaces dichos medios de convicción para el fin que fue propuesto. Finalmente, en cuanto al diverso escrito (registro 12858), signado por Alfredo Ignacio Pinelo Cámara, autorizado de la moral tercero interesada "AB4, INMOBILIARIA", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones del ocursante en vía de alegatos, mismos que deberán ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese personalmente.
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