Jesus Iran Tolenino Romo

Expediente 272/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
272/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Jesus Iran Tolenino Romo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Jesús Irán Tolentino Romo, contra los actos del Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 272/2019-III. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos se advierte que el quejoso reclama la omisión de celebrar la audiencia intermedia en el proceso penal 08/2018, y su acumulado 20/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí, y como consecuencia la dilación del procedimiento. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a la referida omisión reclamada de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Litigación y Fiscalía General de Justicia en el Estado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". El primer artículo y fracción trascrito establece la improcedencia del juicio de amparo, en los casos en que aquélla resulte de la ley. Por su parte el segundo precepto invocado estatuye en su fracción I, que el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes, actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección en la Constitución General de la República, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Y el tercero de los dispositivos legales transcritos dispone que autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación conjunta de los artículos que anteceden se colige que el juicio de amparo, sólo será procedente contra actos que provengan de entes que tengan el carácter de autoridad. Las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo que se robustece con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en que estableció que "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio, es el órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, afectando la esfera de los gobernados, la cual está identificada como tesis P. XXVII/97 y fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese orden de ideas, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una autoridad como ente del Estado, requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; entonces, si la actividad o abstención desplegada por el ente estatal no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. Para determinar si la omisión aquí reclamados de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Litigación y Fiscalía General de Justicia en el Estado, pueden ser equivalentes a acto u omisión de autoridad, debe atenderse a los artículos 105 y 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales (normatividad que regula los procesos penales génesis de la omisión reclamada), que a la letra disponen: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". "Artículo 107. Probidad Los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, deberán conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que este Código les concede. El Órgano jurisdiccional procurará que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de ley y la buena fé". De los dispositivos legales transcritos se advierte que el Ministerio Público, entre otros, en los procesos penales tiene la calidad de parte, la cual debe ser respetada por el órgano jurisdiccional rector de éste. Por otra parte, en términos del artículo 122 Bis de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el Ministerio Público está organizado en una Fiscalía General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión, y dicha fiscalía estará a cargo del Fiscal General del Estado. Asimismo, los artículos 3, fracción XI, 6, fracción XII, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el Fiscal General es el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, quien ejercerá la titularidad de la misma controlando y conduciendo su desempeño, siendo responsable por la gestión de los servidores públicos a su cargo, la cual tiene como fin la investigación y ejercicio de la acción penal. De lo expuesto es inconcuso que el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, es el titular de la institución del Ministerio Público del Estado, ejerciendo autoridad jerárquica sobre todo el personal de dicha Fiscalía. En el caso, el quejoso atribuye a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Litigación y Fiscalía General de Justicia en el Estado, la omisión de celebrar la audiencia intermedia en el proceso penal 08/2018, y su acumulado 20/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí, y como consecuencia la dilación del procedimiento. Luego, si de conformidad con los artículos 105 y 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la institución del Ministerio Público tiene reconocida la calidad de parte dentro de los procedimientos penales, es evidente que no existe una relación de supra a subordinación entre las autoridades que se señalan como responsables (Fiscalía General de Justicia en el Estado y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Litigación) y el aquí quejoso, pues ambos son partes procesales reconocidas en el proceso penal 08/2018, y su acumulado 20/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí. De ahí que la omisión que se les reclama consistente en la falta de celebrar la audiencia intermedia y como consecuencia la dilación del procedimiento penal no pueden ser imputables a éstas, pues el órgano rector de dicho proceso lo es el Juez de Control, de ahí que su falta de actuar reclamado no está investido de unilateralidad, y por tanto no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del aquí quejoso, pues se repite, dichas autoridades y éste último se encuentran en un plano de igualdad ante el Juez de Control rector de los procesos penales aludidos. En tales términos resulta que la omisión atribuida a la Fiscalía General de Justicia en el Estado y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Litigación, no se ubica en la hipótesis que prevé el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, porque el despliegue de ésta no se lleva a cabo en ejecución de atribuciones legales de forma unilateral y no se coloca en un plano equivalente al de la autoridad, en tanto que la relación que entabla con las partes que intervinieren en el proceso penal 08/2018, y su acumulado 20/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí, es meramente de una parte procesal en igualdad de condiciones, y por tal motivo lo que éstos hagan ahí sus efectos no denotan características de supra a subordinación. En tal virtud, resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve en contra de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Litigación, al actualizarse de modo manifestó e indudable la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Por otra parte, respecto de la omisión referida reclamada del Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, en contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, como se adelantó, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional la omisión de celebrar la audiencia intermedia en el proceso penal 08/2018, y su acumulado 20/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en San Luís Potosí, y como consecuencia la dilación del procedimiento. En ese orden de ideas, debe precisarse que dentro del Capítulo VII del Título Quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé el medio ordinario de defensa para impugnar y subsanar la omisión como la que en la especie se reclama, y así subsanar la consecuencia que se hace depender de ella relativa a la dilación del proceso, el cuál es el recurso de queja. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta pertinente destacar el contenido del aludido artículo 135 del citado Código Adjetivo Penal, el cual establece lo siguiente: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De conformidad con dicho dispositivo legal, el recurso de queja procede en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en dicha legislación. Dicho medio de impugnación podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. Así, la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso, el cual, hecho lo anterior, tendrá un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitirá el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Recibido lo anterior por la autoridad jurisdiccional competente, esta tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en términos de las disposiciones aplicables. Además, cabe destacar que de conformidad con dicho dispositivo legal, en ningún caso el órgano jurisdiccional competente, para resolver la queja podrá ordenar al omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Pues bien, como se adelantó, del precepto aludido, se desprende que la omisión que por esta vía se combate puede ser impugnada mediante el recurso de queja, cuya tramitación prevé el Capítulo VII del Título Quinto Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a promover el juicio de amparo, pues a través de dicho recurso pudo lograr que se subsane o se ordene al órgano jurisdiccional que realice el acto omitido. Además cabe destacar que el medio de impugnación señalado con antelación es más expedito que el propio juicio de amparo, y por tanto resulta de mayor beneficio para el inconforme, pues como se señaló con antelación, una vez presentado dicho medio de impugnación, en el caso la autoridad omisa tendrá un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión; caso contrario, deberá realizar un informe sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal omitido, remitiéndolo junto con el recurso al órgano jurisdiccional competente, quien lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días. Lo anterior, resulta ser más rápido que el juicio constitucional, pues de inicio, de conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, de no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda de garantías, señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes, y pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, las cuales lo deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. Además, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir la audiencia constitucional. Como se puede advertir, el trámite del recurso de queja previsto por el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta más expedito que el propio juicio de amparo, de ahí que se afirme que reporta mayores beneficios a la parte quejosa. Así pues, como el quejoso no observó el principio de definitividad, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin que sea óbice a lo anterior, la eventual posibilidad de que la omisión atribuida a la autoridad genera consecuencias de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que menciona, toda vez que no proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. De conformidad en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del penúltimo de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.

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