Jesús Ignacio Millán Frías
Expediente 1032/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2019
Partes del expediente
- Jesús Ignacio Millán Frías
- Jesús Ignacio Millán Frías y Otros.
- Encargado de la Policía Militar. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de octubre del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto por desistimiento de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables, habida cuenta que conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento emitido y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese por lista y oficio. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vistas las manifestaciones vertidas por la promovente del amparo Francisca Martínez Zamora, en la comparecencia que antecede, se advierte que ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito presentado en este juzgado el veintidós del mes y año en curso, por el que se desistió en su perjuicio del presente juicio de garantías, por así convenir a sus intereses ya que sus familiares fueron encontrados después de presentada su demanda. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio del juicio de amparo, que éste se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que lo convierte en un medio de control constitucional por vía de acción, y quien ejercita ese derecho, también tiene la potestad de desistirse del mismo, en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, lo cual se encuentra reglamentado por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio, el desistimiento de la demanda. Consecuentemente, al haberse desistido la doliente de este juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 63, fracción I, de la citada ley, dado que este órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar dicha renuncia, por las consideraciones anotadas en el párrafo anterior, y de conformidad con lo establecido por la tesis de jurisprudencia 2ª./J33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147 tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En base a lo expuesto, se decreta el sobreseimiento en esta contienda constitucional; en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que deberá hacerse saber a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la tesis VI.2o.19 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 488, tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la demanda de garantías intentada aún no haya sido admitida, pues el quince de octubre de dos mil diecinueve, se proveyó respecto a la localización de los quejosos directos Hortencia Galván Martínez y Jesús Ignacio Millán Frías, ya que, como se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que se citó con anterioridad, el desistimiento de la demanda de amparo puede manifestarse en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. No obstante el sentido de este auto; deben destacarse las manifestaciones vertidas por la promovente del amparo Francisca Martínez Zamora, en su escrito presentado en este juzgado el veintidós de los corrientes, de las que se advierte que dijo que los agraviados directos Hortencia Galván Martínez y Jesús Ignacio Millán Frías, fueron encontrados en forma semi inconscientes en los límites de la ciudad, la primera el día diecisiete y el segundo el dieciocho del mes y año en curso. Así, ante tal afirmación, se ordena dar vista al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se instruya la investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales, con todo lo actuado en el presente juicio de garantías. Robustece lo anterior, la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el "viernes 23 de mayo de 2014 10:06 h", que establece: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Notifíquese personalmente y por oficio. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la promovente del amparo Francisca Martínez Zamora, a través del cual manifiesta que se desiste de la demanda de garantías que dio origen al presente asunto, por así convenir a sus intereses. En tal razón, previo acordar lo conducente en derecho, en términos del numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la impetrante para que en el término de tres días hábiles y en horario de oficina comprendido de las nueve a las quince horas, comparezca ante este Juzgado de Distrito y manifieste si ratifica el escrito de cuenta; apercibida que de no hacerlo, se le tendrá por no desistida y se continuará el juicio. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos y agréguense a sus autos para que obren como correspondan, los informes referentes a la suspensión de plano rendidos por los agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscritos a las Unidades Generales de Investigación Uno, Dos, Tres y Cuatro, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes a fin de que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva como lo establece el numeral 124 de la ley en comento. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
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