Jesus Ignacio Isla Casielles

Expediente 165/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
165/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Jesus Ignacio Isla Casielles

Actuaciones

  1. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido que el horario para dicha devolución es de lunes a viernes, en que las labores lo permitan, para recibir los documentos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de doce de febrero del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por JESÚS IGNACIO ISLA CASIELLES, como Administrador Único de "COMERCIALIZADORA NACHOS", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número de orden que lo corresponde 165/2019-IV. Desechamiento de la demanda De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Acto reclamado En el caso concreto se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ". Ejecución requerimiento de pago y embargo, la cual se llevará a cabo el día 14 de febrero del 2019 a las 14:30 horas, dictado en contra de mi representada por la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente número 01/238/2009-JE1, deducido de un juicio laboral seguido por los hoy terceros interesados. Aun y cuando mi representada no fue llamada a juicio y mucho menos hemos comparecimos a dirimir alguna controversia... (sic)" Lo resaltado es propio. De igual manera, la quejosa moral insertó en el capítulo del acto reclamado, fotografía electrónica del oficio 111/2019-JE3 de siete de febrero de dos mil diecinueve concerniente al expediente laboral 01/2381/09-JE1, cuya parte actora es MARÍA DEL ROSARIO ARZATE RODRÍGUEZ y la demandada CANTINA INTERNACIONAL IKER, del índice de la junta responsable, dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos; por el cual se solicita el auxilio de la fuerza pública para el efecto de realizar la diligencia de requerimiento de pago a la demandada y en caso de negativa, efectuar el embargo de bienes suficientes que garanticen el crédito del trabajador, para lo cual se señalaron las catorce horas con treinta minutos del catorce de febrero del año dos mil diecinueve, en el domicilio ubicado en AVENIDA DOMINGO DIEZ NÚMERO 913, COLONIA EL EMPLEADO, CUERNAVACA, MORELOS. Lo resaltado es propio. Precisión del acto reclamado En ese orden de ideas, se aprecia que la quejosa moral puntualiza que el acto combatido deriva del expediente 01/238/2009-JE1, no obstante, del oficio 111/2019-JE3 (descrito con anterioridad), se desprende que el número del juicio laboral es el "01/2381/2009-JE1", lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Causal de improcedencia Por tanto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que se adminicula con el diverso 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la transcripción anterior se advierte que para la procedencia del amparo indirecto, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa debe acreditar la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que en el caso no acontece de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: En efecto, el interés jurídico es la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados por la autoridad. Luego, como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. En consecuencia, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger a la parte quejosa contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada se estima necesario relatar los antecedentes narrados por la quejosa moral: ". 2.- Es así con fecha 19 de mayo del dos mil catorce la Moral denominada Inmobiliaria Domingo 10, S.A. de C.V., celebro convenio con la Comercializadora Nachos S.A. de C.V., sobre el local comercial el inmueble marcado con el número 913, de la Calle Domingo Diez, Colonia del Empleado, Cuernavaca Morelos, en donde dicho convenio se especificaba el monto de la renta como el tipo de inmobiliario que se dejaba en arrendamiento (.) . Con fecha 10 de Febrero del 2019, el suscrito me entere de acto reclamado en donde la autoridad señalada como responsable va a ejecutarme el día 14 de Febrero del 2019, a las 14:30 horas con auxilio de la fuerza pública. [sic]" Lo resaltado es propio. De lo anterior, se advierte que no existe una afectación al interés jurídico a la promovente moral toda vez que los actos reclamados que se pretenden llevar a cabo en su domicilio, no se encuentran dirigidos hacia su persona, sino que se encuentran dirigidos a diversa persona moral, es decir, CANTINA INTERNACIONAL IKER, lo cual no trastoca su interés jurídico, dado que de su narrativa así como de la constancia anexa a la demanda, se desprende que hasta el momento no se ha efectuado ninguna actuación por parte del actuario adscrito responsable así como de la fuerza pública solicitada; por ende, no se advierte una afectación real y actual a su patrimonio o cúmulo de derechos y obligaciones tutelados por las normas jurídicas. Ello es así en razón de que de los hechos y las razones expuestas en la demanda se aprecia con claridad, así como de la constancia anexa del multicitado oficio, y sin lugar a dudas que la situación de la parte impetrante de amparo frente a los actos que reclama de la autoridad responsable implica un mero interés simple, pues sus reclamos no demuestran daño actual y real a su cúmulo de derechos. Cabe señalar, que la actualización de la causal de improcedencia invocada, no deriva de la falta de pruebas que acrediten la afectación al interés jurídico de la quejosa, lo cual podría subsanarse durante la tramitación del juicio; sino ésta se actualiza atendiendo a la relación jurídica que guarda la quejosa moral frente a los actos que reclama y que no se encuentran dirigidos hacia su esfera jurídica, lo cual no cambiaría con la substanciación del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de referencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal y personas autorizadas Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; asimismo se tiene como autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas, toda vez no precisó en qué términos consiste tal designación, conforme a la ley de la materia vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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