Jesús Humberto Vega Aragón
Expediente 1300/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Jesús Humberto Vega Aragón
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 8233/2023, relativo al proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En ese orden, del estado que guardan los autos, se advierte que el juicio en el que se actúa se encuentra debidamente integrado para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, para que esté en aptitud de resolver lo que en derecho proceda, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se instruye al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que habilite la vinculación del expediente electrónico, a fin de que el órgano colegiado esté en aptitud de visualizar las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/nit*
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Ramón Rodríguez De La Cruz en favor de Jesús Humberto Vega Aragón, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito al Primer Turno de la Fiscalía del Ministerio Público para la Investigación, en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 1300/2023-IV. Ahora bien, del análisis integral del escrito de cuenta se desprende que se actualiza -en forma manifiesta e indudable- la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 6 -aplicados a contrario sensu-- de la Ley de Amparo, ya que el escrito inicial de demanda carece de firma del directo quejoso Jesús Humberto Vega Aragón, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda relativa. Para avalar la postura que antecede, en principio, es dable destacar que el artículo 107 fracción I de la Constitución General establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; dicho principio se reproduce en los numerales 5º y 6º de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente, es decir, cuando se reclamen actos de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo o 22 constitucional. Bajo esas premisas, es claro que, en atención al referido principio, el escrito inicial de demanda del juicio de amparo debe ser firmado -física o electrónicamente- por quien presuntivamente presenta la demanda, pues dicha suscripción denota la voluntad de quién ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa. En el presente caso, el escrito inicial de demanda fue promovido -firmada- por Luis Ramón Rodríguez De La Cruz en favor de Jesús Humberto Vega Aragón y señala como acto reclamado la orden privativa de libertad girada en contra de Jesús Humberto Vega Aragón -quien se encuentra en libertad- y su ejecución; sin embargo, esa afirmación no es suficiente para promover el juicio de amparo en favor del directo quejoso, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, pues de su contenido, no se desprende que el promovente se ostente, bajo protesta de decir verdad, como representante legal, apoderado o defensor del directo agraviado. Asimismo, el acto reclamado en el escrito inicial de demanda no es de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los cuales cualquier persona, incluso un menor de edad, puede promover la demanda en favor del directo quejoso. Entonces, si -en el caso concreto- del escrito inicial de demanda se advierte que no cuenta con firma del directo quejoso, ni se advierte que se esté en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo; resulta inconcuso que no existe la expresión de la voluntad de Jesús Humberto Vega Aragón para iniciar el presente juicio. Por tanto, si como se anticipó, tanto la firma autógrafa como la electrónica en su caso, imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el escrito, es inconcuso que la falta de firma del directo quejoso en el escrito inicial de demanda implica la ausencia de un requisito esencial de validez de la promoción, que se traduce en el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada. Por tanto, en el presente caso, conforme lo descrito en párrafos precedentes, se insiste que el escrito inicial de demanda, al no contar con la expresión de la voluntad del directo quejoso, ni encontrarse en alguno de los casos de excepción para que cualquier persona pueda firmar en su favor, debe desecharse ante el incumplimiento de la expresión de la voluntad del directo quejoso. En ese sentido, se concluye que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6º, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda relativa, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Al respecto, se cita por analogía el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10ª), de rubro y texto siguientes -énfasis añadido-: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Cortés Eslava y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Martínez Tiza y Gabriel Everardo Jara Ramírez. Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que, de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario de los usuarios "luisrrodriguezc", correspondientes a Luis Ramón Rodríguez De La Cruz, respectivamente, se autoriza el acceso y la consulta del expediente electrónico. Luego, como lo solicita, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que, de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" asignado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones necesarias para generar los permisos correspondientes. Lo anterior, privilegiando el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, sin que pase desapercibido que se haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual deberá tomarse en cuenta únicamente de no poder realizar las notificaciones vía electrónica. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 del ordenamiento legal de la materia. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente vía electrónica.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
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