Jesús Humberto Torres Bustamante

Expediente 1032/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1032/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Humberto Torres Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo por comparecencia firmado autógrafamente por Manuel Torres Félix en favor del directo quejoso Jesús Humberto Torres Bustamante, contra actos del Centro de Tratamiento para Adiciones Casa Adulam, asociación civil, en esta ciudad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 1032/2023 y se reserva proveer en torno a la admisión de la demanda, hasta en tanto esta sea ratificada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación y malos tratos de la que dice es sujeto el directo agraviado, pues refiere que desde que el directo quejoso fue privado de su libertad, ha permanecido incomunicado y teme se encuentre sometido a tortura, medios violentos físicos y psicológicos, y en condiciones insalubres. SUSPENSIÓN DE PLANO. En la especie, el promovente Manuel Torres Félix manifestó bajo protesta de decir verdad que Jesús Humberto Torres Bustamante, fue privado de su libertad el cuatro de noviembre del año en curso en esta ciudad, a fin de ejecutar una orden para ingresarlo a una sede del centro de rehabilitación "Centro de Tratamiento para Adiciones Casa Adulam, asociación civil", en esta ciudad. Asimismo, manifestó que acudió en tres ocasiones al referido centro pretendiendo tener contacto con el directo agraviado, lo cual le fue negado de manera verbal por la citada autoridad, sin embargo, ésta reconoció que se encontraba en uno de los centros de dicha institución. Finalmente, manifestó que desde que el directo quejoso fue privado de su libertad, ha permanecido incomunicado, y teme se encuentre sometido a tortura, medios violentos físicos y psicológicos, así como en condiciones insalubres. Precisado lo anterior, para estar en condiciones de atender la medida cautelar solicitada, es necesario precisar que en términos de los artículos 67 a 71 de la Ley que Regula la prevención y el control de las adicciones en el Estado de Sinaloa, el ingreso de un usuario a un establecimiento, puede ser voluntario, involuntario, obligatorio y por remisión. Es permitido el ingreso involuntario de las personas que usan y abusan de las drogas o el alcohol y por el estado de intoxicación en el que se encuentra, no esté en aptitud legal en ese momento para tomar la decisión de internarse; para ello, el familiar deberá solicitar a la autoridad judicial la declaración de incapacidad por causa de embriaguez habitual o toxicomanía. Se exceptuará el requisito de declaración judicial de incapacidad cuando se ponga en riesgo la vida o integridad física del intoxicado o de cualquier otra persona por el grado de intoxicación o efectos de la abstinencia, en este caso, la autorización para el ingreso deberá ser otorgada por el familiar que lo acompañe o por su representante legal, en caso de no ser posible lo anterior, el médico responsable del establecimiento procederá de inmediato a internar al usuario para preservar la vida y salud del mismo, dejando constancia en el expediente clínico y procediendo además a hacerlo del conocimiento de la familia y por escrito al Ministerio Público dentro de las veinticuatro horas siguientes al internamiento. En el entendido de que las instituciones que prestan el citado servicio bajo la modalidad residencial, se distinguen por prodigar el tratamiento al usuario dentro de sus instalaciones por el tiempo que consideren necesario, pero con apego a la ley en cita, de manera que, en el periodo de veinte días que se estima adecuado para que cese la intoxicación que ponga en peligro la vida del usuario, podrá ser éste quién decidirá si es su voluntad permanecer voluntariamente en dicho centro hasta que concluya su tratamiento. Todo lo anterior, pone de manifiesto que la estancia involuntaria del usuario en un centro de atención obedece a circunstancia de orden público como es la obligación del estado de garantizar la salud e integridad de la directa agraviada, hasta en tanto concurra el periodo de recuperación necesario que le permita decidir por sí, su permanencia voluntaria en el centro de control de adicciones en el que se encuentra interna. De manera tal que, el pronunciamiento de una medida cautelar como la solicitada, no puede tener por efecto el poner en estado de riesgo la vida y la salud de Jesús Humberto Torres Bustamante, que en la especie se pretende preservar. No obstante ello, con fundamento en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO del acto reclamado para el único efecto de que: a) Cese de inmediato la incomunicación, tortura, medios violentos físicos y psicológicos de los que se dice es objeto el quejoso, y se le permita tener contacto con su familia, en los términos que establece la Ley que regula la prevención y el control de las adicciones en el Estado de Sinaloa; y b) En el supuesto de que Jesús Humberto Torres Bustamante haya sido internado en el centro de salud denominado centro de rehabilitación "Centro de Tratamiento para Adiciones Casa Adulam, asociación civil", en esta ciudad, de manera involuntaria y no se justifiquen los extremos a que se refiere el artículo 67 de la Ley que Regula la prevención y el control de las adicciones en el Estado de Sinaloa, siempre que su salud y seguridad personal no estén comprometidas, deberá ordenar su inmediata libertad. En la inteligencia de que el centro de rehabilitación "Centro de Tratamiento para Adiciones Casa Adulam, asociación civil", en esta ciudad, deberá comunicar dentro de plazo de VEINTICUATRO HORAS, la manera en que acató la medida que se otorga e informar si cumplió con los protocolos establecidos en el artículo 67 de la Ley que Regula la prevención y el control de las adicciones en el Estado de Sinaloa, esto es: (1) que levantó constancia en el expediente clínico que el grado de intoxicación del quejoso era tal que le impedía adoptar la decisión de internarse por sí misma o su familia presentó la resolución de incapacidad judicial correspondiente y (2) que dicha circunstancia la hizo del conocimiento de la familia y del Ministerio Público por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, lo que deberá acreditar ante este tribunal dentro del plazo que le fue otorgado. En el entendido que de no hacerlo así, este juzgado adoptará las medidas necesarias para que la Secretaría de Salud del Estado, imponga las sanciones que correspondan al expresado centro de salud con independencia de que pueda actualizarse el supuesto establecido en el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el centro de rehabilitación "Centro de Tratamiento para Adiciones Casa Adulam, asociación civil", en esta ciudad, en busca de Jesús Humberto Torres Bustamante, a quien deberá hacer de su conocimiento la demanda presentada en su favor para que en el acto de la diligencia manifieste si es su voluntad ratificar dicho escrito. En la inteligencia de que el fedatario deberá constatar si el estado de salud de dicho agraviado le permite atender la diligencia de que se trata y razonar lo conducente. En el entendido de que, previo cercioramiento de lo anterior, si el directo quejoso no ratifica su demanda de amparo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Del mismo modo, el diligenciario judicial deberá constatar el estado físico del quejoso en cuanto a su salud, y permitirle que exponga las manifestaciones que estime pertinentes en torno a la incomunicación, tortura, medios violentos físicos y psicológicos de los que pudiera haber sido objeto por parte del centro señalado como responsable. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a Jesús Humberto Torres Bustamante en los lugares donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si el quejoso se encuentra en diversas sucursales de dicho centro de rehabilitación y/o en cualquier otro, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. DOMICILIO. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le tiene proporcionando el número telefónico 696-115-67-75, como medios de comunicación no procesal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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