Jesus Humberto Avalos Becerra

Expediente 1977/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1977/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Jesus Humberto Avalos Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. VISTA la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y DA FE.

  2. Principal

    Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y da cuenta con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con un anexo, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1977/2021, promovido por Jesús Humberto Ávalos Becerra, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, y que fuera turnado y recibido por este juzgado el mismo día, Jesús Humberto Ávalos Becerra, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La omisión de la responsable al dejar de dictar las medidas necesarias a fin de dictar laudo que en derecho proceda, lo anterior derivado del juicio laboral 386/2017. Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1977/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazamiento del tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual por previo diferimientos tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar laudo, dentro de los autos del expediente laboral número 386/2017. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, omitió rendir el informe justificado dentro del presente asunto. Sin embargo de las constancias allegadas por la citada autoridad responsable, se desvirtúa atendiendo a diversas manifestaciones que realiza, en el sentido de que el expediente laboral 386/2017, se encuentra pendiente por celebrar la audiencia incidental de reposición de constancias, interpuesto por el demandado en el citado juicio laboral, para ello, remitió copia certificada de la audiencia de veintiuno de febrero del presente año, la cual fue diferida por no haber comparecido las partes en ese día; señalándose para las diez horas del veintiocho de marzo del presente año, para su verificativo; así como su respectiva notificación a las partes. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo (foja 14 y 15). Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a verificar los motivos de improcedencia que pudieran actualizarse en este juicio, con independencia de que las partes viertan o no manifestación al respecto, ya que se trata de una cuestión de estudio preferente al ser de orden público. Analizados los autos, no se advierte de oficio la actualización de algún motivo de improcedencia, ni las partes los adujeron, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, teniéndose por reproducidos los motivos de disenso, en obvio de repeticiones innecesarias y en la medida que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la transcripción de los mismos, pues lo que realmente trasciende es que se analicen efectivamente los planteamientos realizados, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.' QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo, en los que aduce que la omisión reclamada a la autoridad responsable, violenta sus derechos fundamentales reconocidos en el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se ha dictado laudo en el expediente laboral 386/2017. Bajo el anotado contexto, si bien es cierto que la autoridad reconoció la existencia de la omisión reclamada, también lo es que informó que señaló las diez horas del veintiocho de marzo del presente año, para su verificativo, para el verificativo de la audiencia relativa al incidente de reposición de constancias. Ahora bien, las citadas documentales gozan de pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, al ser expedidas por un funcionario en el ejercicio de su encargo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, con el rubro y texto siguiente: 'DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.' En ese orden de ideas, se evidencia que no se transgrede el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva de la quejosa, previsto en el numeral 17 de la Constitución Mexicana, en su vertiente de justicia pronta, porque si bien es cierto, no se ha dictado laudo en el controvertido de origen, lo cierto es que ello obedece a la imposibilidad material que tiene la autoridad responsable, esto con motivo del incidente de reposición de constancias. De ahí que, no se violenten los derechos fundamentales de la parte quejosa, ante el impedimento surgido en el procedimiento de origen. Así, la autoridad responsable no está en posibilidad de dictar laudo, pues para ello debe verificar múltiples presupuestos, tales como la personalidad de la promovente y las constancias relativas a la demanda, contestación y pruebas desahogadas, lo que de momento, no le es factible al no contar con las actuaciones originales del procedimiento. Luego entonces, la actuación de la Junta responsable en el aspecto de vigilar que el juicio de origen no quede paralizado, no implica la inobservancia al derecho fundamental de acceso a la justicia que aduce vulnerada la quejosa, pues tal prerrogativa no tiene el alcance de relevar a la autoridad de observar los requisitos establecidos en las leyes para la procedencia de la solicitudes que realicen los justiciables a los órganos de justicia, ni tampoco constituye una prerrogativa ilimitada, en la medida que ante una imposibilidad material de proveer, como en la especie, que con motivo de la falta del expediente la autoridad está impedida para atender a lo requerido. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que lleva por rubro y texto: 'DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.' Igualmente, deviene aplicable al caso por los motivos que la exponen, la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), del índice de la Primera Sala del citado Alto Tribunal, que establece: 'PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.' Máxime que, como se comprueba para efectos de este amparo, la citada autoridad responsable se encuentra realizando actos tendentes, pues ordenó la apertura del incidente mencionado, a fin de que, una vez resuelto el mismo, se provea lo conducente. En las anotadas condiciones, ante lo infundado de los motivos de disenso analizados, SE NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Jesús Humberto Ávalos Becerra, contra el acto que reclamó de al Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los razonamientos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, actuando con la licenciada Edgar Iván Cruz Lerma, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quince de marzo de dos mil veintidós. VISTO lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 1082/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el que informa que está en vías de notificar a la demandada el auto de veintiuno de febrero del presente año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de la Materia, requiérase de nueva cuenta al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación mencionada en el párrafo que antecede; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.El Secretario que suscribe el presente acuerdo hace constar que se procedió a la captura de la presente determinación en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. CONSTE.- L'EICL/rcc

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del diferimiento de la audiencia incidental de reposición de constancia de veintiocho de febrero del año en curso, dentro del expediente laboral 386/2017, y su respectiva notificación practicada a la parte actora, con las constancias de referencia, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convengan. Por otro lado, del oficio que se provee, se advierte que la autoridad oficiante omitió remitir copia certificada de la diligencia de notificación practicada a la parte demandada del diferimiento de la audiencia incidental de reposición de constancia de veintiocho de febrero del año en curso, dentro del expediente laboral 386/2017; la que es necesaria para resolver el presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de la Materia, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación mencionada en el párrafo que antecede; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.El Secretario que suscribe el presente acuerdo hace constar que se procedió a la captura de la presente determinación en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. CONSTE.- L'EICL/

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