Jesús Hilario Castañeda
Expediente 570/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Hilario Castañeda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número *********** y fórmese expediente. Analizada la demanda se advierte que la misma resulta improcedente. Lo anterior es así, dado que el acto se hace consistir en: ". la notificación de fecha 18 de marzo del año 2016. sin cumplir con los requisitos establecidos para un emplazamiento." El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en su orden dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del precepto transcrito se llega a la conclusión que el quejoso debe interponer el medio de defensa legal ordinario que tiene a su alcance por virtud del cual éste pudo ser modificado, revocado o nulificado; mismo que debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que es el incidente de nulidad de notificaciones, previsto por el artículo 167, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que establece: "Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes, para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuado hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pies de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho, y IV.- Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva." Del normativo antes transcrito, se desprende que la notificación reclamada en esta vía resulta impugnable mediante el incidente de nulidad en contra de las notificaciones que no se verifiquen de acuerdo con la ley, a través del cual las partes pueden impugnar las que a su juicio tienen vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional; por lo que si no se agota este medio de defensa, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueva en contra de una notificación, ello aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Tienen aplicación al caso la tesis publicada a página 249, Tomo: 181-186 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS. De acuerdo con los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, procede el incidente de nulidad, en contra de las notificaciones que no se verifiquen de acuerdo con la ley, por lo que si no se agota este medio de defensa, resulta improcedente el juicio de garantías que se promueva en contra de una notificación; sin que sea óbice que además se reclamen acuerdos posteriores a la notificación, porque de proceder el incidente de nulidad, quedará insubsistente todo lo actuado con posterioridad a la notificación ilegal." Así como la diversa Tesis: IX.2o. J/6, publicada a página 105, Tomo: IX, Enero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías éste no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." Ello es así, pues uno de los efectos de la declaración de nulidad de notificaciones o actuaciones es decretar nulo todo lo actuado con posterioridad a la actuación o notificación viciada en la que se apoye, de lo que resulta incuestionable que seguir actuando en el procedimiento infringe los principios de economía procesal y seguridad jurídica, toda vez que la eventual declaración de nulidad tendrá por efecto declarar nulas también las actuaciones practicadas entre la promoción de la incidencia y la declaración de nulidad; por lo que si el quejoso considera la existencia de irregularidades en el emplazamiento o la notificación practicada en las diligencias, debió previamente promover ante la autoridad responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez; puesto que de su narrativa se advierte que está en trámite, por lo mismo, nada le impide incorporarse a ese procedimiento y ejercer su derecho de defensa ante la autoridad de instancia. En tales circunstancias, y al haberse establecido que el quejoso tuvo un medio de defensa ordinario a su alcance, se actualiza en la especie la causal de improcedencia ya analizada, lo que obliga a desechar la demanda, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala en su demanda y como sus autorizados únicamente para tales efectos a los profesionistas y persona que relaciona, al no mencionar en qué términos de la Ley de Amparo los autoriza.
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