Jesus Herrera Robles
Expediente 4815/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 4815/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2018
Partes del expediente
- Jesus Herrera Robles
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional en el amparo en revisión 288/2017 (cuaderno auxiliar 842/2017), pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región: para el efecto de que sea desincorporada de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., referente al Anexo 24 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales de 2015 y 2016. Ahora bien, se toman en cuenta los efectos de la sentencia pronunciada por este Juzgado Federal en los que se declaró la inconstitucionalidad el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. 1. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto del Anexo 24 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2015 y 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de ese año y 13 de enero de 2016, respectivamente, así como del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015), así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de: Concesión respecto del Tribunal revisor: ".Entonces, si la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ya determinó en jurisprudencia que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 79 de la Ley de amparo, debe suplirse la deficiencia de la queja y se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de dicha norma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para que se desincorpore de la esfera jurídica aplicable a la quejosa, acorde a lo establecido en el criterio 2a./J. 160/2016 (10a) visible a foja seiscientos noventa y ocho, Libro 35, octubre de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español." Y conforme a lo determinado por este juzgado, lo que quedó firme al no ser materia de impugnación: "El artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, cabe destacar que los efectos del amparo se traducen en los puntos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, referentes a los Anexos 24 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales de 2015 y 2016, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a) y, De que se advierta la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.). Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa, asimismo que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el contenido del Anexo 24 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales de 2015 y 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince y trece de enero de dos mil dieciséis, respectivamente, esto es, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, máxime que los mismos han dejado de tener vigencia. (Foja 592) Asimismo, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la parte quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que respecto a este numeral, la ejecutoria se encuentra cumplida. En relación con la alegada pérdida de vigencia del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015 y 2016, es menester acotar que este Juzgado de Distrito sostuvo en los juicios de amparo 539/2014, 1097/2014, 1221/2014, 1791/2014 y 1983/2014, que respecto de dicha normatividad, el cumplimiento de la ejecutoria quedó sin materia, lo cual es coincidente sustantivamente con la alegación de pérdida de vigencia anunciada por la responsable, en virtud de que: La condicionante futura de la concesión de amparo 'hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español' respecto del citado Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, fue superada al expedir la autoridad responsable diversas publicaciones relevantes que sustituyeron dicho anexo. Al expedir la nueva reglamentación la autoridad administrativa acató la principal instrucción fijada por el Alto Tribunal para cumplir con la condición futura fijada en la jurisprudencia 2a./J.160/2016 (10a.), relativa al Anexo 24 para 2015. La concesión de amparo otorgada a la quejosa dejó de surtir efectos al formular y publicar el Servicio de Administración Tributaria en medios a su alcance, el Anexo 24 para 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Anexo Técnico en su sitio de internet, los que posibilitan a la quejosa el cumplimiento de la obligación formal del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación (declarado constitucional por el Alto Tribunal), respecto del ejercicio en que estuvo imposibilitada para hacerlo. De lo anterior la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar los Recursos de Inconformidad 871/2017, 872/2017, 873/2017, 874/2017 y 875/2017, en sesión extraordinaria de 25 de septiembre de 2017, ya se pronunció y resolvió que las publicaciones relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos, con la salvedad de que: "[.] la autoridad administrativa tampoco está en condiciones de sancionar a la parte quejosa por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquel ejercicio en el que estuvo imposibilitada de hacerlo, ante la ausencia de los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML; pues se insiste, es hasta la emisión del Anexo 24 de la RMF para 2017 (y su documento técnico), con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual la recurrente ya está en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal." En ese orden de ideas, es preciso resaltar que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió a partir de los recursos de inconformidad en cita, los criterios: 1) 2a.XXIV/2018 (10a.): "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015." 2) 2a.XXVI/2018 (10a.) "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA" y 3) 2a.XXV/2018 (10a.) "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA LA APLICACIÓN DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CON SU DOCUMENTO TÉCNICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, QUEA ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015, NO GENERA PERJUICIO AL GOBERNADO." Al respecto, de los criterios enunciados con anterioridad, se advierte que ya se subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas (Anexos 24 para 2015 y 2016) y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos, por lo que la vigencia de la jurisprudencia 2a./160/2016 (10a.), estuvo supeditada, hasta que la autoridad administrativa emitió reglas inteligibles en idioma español, tales como las de la resolución miscelánea fiscal para 2017, por lo que la imposibilidad para cumplir con la obligación formal (la obligación sustantiva no fue objeto de protección constitucional) ya fue superada y su aplicación retroactiva no es de las prohibidas por el artículo 14 constitucional, pues la normativa facilita el cumplimiento de sus obligaciones formales. En este orden de ideas, tal y como lo explicitan los tres criterios derivados de las cinco ejecutorias de inconformidad, la quejosa ya está en condiciones de dar cumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación (declarado constitucional) respecto de aquél ejercicio en el que estaba imposibilitada para hacerlo (2015 en adelante). Pretender que la autoridad administrativa debía desincorporar de manera absoluta el cumplimiento formal de la obligación sustantiva (declarada constitucional por el Alto Tribunal) de ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet, por el ejercicio 2015 y sucesivos, hasta el momento en que la autoridad emitiera las reglas inteligibles en idioma español, excede los límites temporales de la jurisprudencia 2a./160/2016 (10a.). Pues dichos límites solamente demoraron el cumplimiento formal de la obligación sustantiva, hasta que las herramientas formales para ejecutarla (Anexo 24 RMF2017) fueran publicadas en medios al alcance de la autoridad. En apoyo de las consideraciones antes expuestas, se cita lo resuelto en ejecutoria de 30 de abril de 2018, dictada en el Recurso de Inconformidad 235/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que en lo específico resolvió: ". los efectos de la protección constitucional concedida respecto al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 se supeditaron a la realización de un acto futuro; lo que implica que gozarían de los efectos del amparo ". hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria publique, en cualquiera de los medios que tenga a su alcance, los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML, en idioma castellano o español". Esto es, la concesión del amparo respecto del referido Anexo 24 no tuvo por efecto liberar definitivamente a las quejosas de la obligación de ingresar su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria en relación a los ejercicios en los que estuvo vigente, pues únicamente se limitó a suspender la materialización o exigibilidad del cumplimiento de ese deber hasta en tanto la autoridad habilitada para ello emitiera los lineamientos técnicos para la generación de archivos XML en idioma español. En ese entendido, al haberse actualizado la condición a la que estaba sujeta la concesión del amparo con la expedición del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, significa que las recurrentes ya están en condiciones de dar cumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación respecto de aquel o aquellos ejercicios en los que estaban imposibilitadas para hacerlo." De igual manera, también es relevante señalar que es un hecho notorio para esta juzgadora que en el Amparo en Revisión 810/2017, resuelto en sesión de la Segunda Sala de 29 de noviembre de 2017, se enfatizó que las razones técnicas que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la multicitada jurisprudencia 2a./160/2016 (10a.), cesaron sus efectos, puesto que en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, como en el diverso de la Cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, ya no subsisten los motivos que la originaron. De esta forma, por los motivos expuestos, ha quedado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en relación con los Anexos 24 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2015 y 2016. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en el sumario constitucional en que se actúa, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días se presente a recogerlos, en la inteligencia de que la persona que comparezca, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser depurados junto con el expediente. En otro contexto, visto el escrito de cuenta signado por Simón Moreno Moreno, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, por el que solicita se le informe la fecha de notificación de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa y se declare firme dicha resolución asimismo, la devolución de los documentos originales que se exhibieron en el presente sumario; atento a su contenido, hágase del conocimiento que el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se notificó de manera personal la sentencia de mérito, la cual fue recurrida por la autorizada de la parte quejosa. Finalmente, en relación a la solicitud de la devolución de los documentos que indica, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, CUYO TEXTO Y CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: "Ciudad de México, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio remitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual, desahoga el requerimiento formulado en autos, y al efecto informa que en su carácter de superior jerárquico, requirió al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que, remite copia autógrafa del oficio 529-III-DGAECPA-DAA-(MARS)-2037, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia, agréguese el ocurso de mérito y su anexo para los efectos legales a que haya lugar, y de su contenido se toma conocimiento. En otro contexto, glósese a los autos el diverso del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito, informa que a la parte quejosa, no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, respecto a la sentencia dictada en este asunto, en particular, en su punto resolutivo TERCERO, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para efecto de que en caso de haberse instaurado procedimiento de revisión electrónica y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, con copia del ocurso de mérito, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del oficio de cuenta remitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el que informa que no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, con los datos aportados por la autoridad y con las constancias que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." NOTIFÍQUESE
- Principal
En la Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que actúa, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, en la cual se determinó por un lado, sobreseer y negar el amparo solicitado y, por otro, amparar a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Ahora bien, en lo que interesa, en el punto resolutivo TERCERO de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. En ese sentido, conviene precisar que respecto de los citados actos reclamados a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a los solicitantes de la protección constitucional, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, porque el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejarlos insubsistentes, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; por tanto, dichas autoridades legislativas no tienen que ejecutar acto alguno. En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad hacendaria, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se detalla a continuación: NO. DE EXPEDIENTE QUEJOSAS RFC 2878/2014 GERENCIACIÓN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PCYU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE JG PLÁSTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE STUDIO GUADALAJARA, SOCIEDAD CIVIL ARRENDADORA MUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ECO ACCIÓN ARQUITECTURA Y DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE GAE071206P19 PCY0908113P9 JPL110310KZ9 SGU000807FI2 AMU120612L16 EAA080207EL9 Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto; apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia; asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Atento a lo anterior, sin que sea óbice que el Secretario de Hacienda y Crédito Público no haya sido señalado como autoridad responsable; debido a que, todas las autoridades están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 197 de la Ley de Amparo. En tal virtud, dese de alta a la autoridad referida en el Sistema Integral de Expedientes dos punto cero (SISE 2.0), dentro de los parámetros relativos al presente asunto. Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. NOTIFÍQUESE.
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