Jesús Herrera Gallegos
Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez de Ejecución de Penas en Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos
- Jesús Herrera Gallegos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
se tiene al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, rindiendo su respectivo informe justificado y remitiendo documentales de su parte de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril del presente año, se acordaron las promociones presentadas el cuatro y veinte de abril del año en curso, por el defensor particular del quejoso Jesús Herrera Gallegos, dentro de la carpeta de ejecución 549/2021. En virtud de lo expuesto por la autoridad responsable, se estima innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, porque en la especie respecto al acto reclamado por el quejoso Jesús Herrera Gallegos, que hizo consistir en la omisión de acordar las promociones de fecha cuatro y veinte de abril del presente año, en las cuales solicitó se informara si la autoridad responsable, ya recabo el plan de actividades, así como si había señalado alguna audiencia para el mes de mayo de dos mil veintidós, se acredita la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del Lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veintiocho de abril del presente año, se acordaron las promociones presentadas el cuatro y veinte de abril del año en curso, por el defensor particular del quejoso Jesús Herrera Gallegos, dentro de la carpeta de ejecución 549/2021. Lo que acredita el juez responsable con las copias certificadas de la referida carpeta de investigación, documentos públicos que hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo. De lo anterior, se concluye que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica que produce que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, al no poder decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada por el quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguientes: "LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCION DE LA (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Esta tesis, sostenida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, bajo el número 186, página 389, de la Segunda Parte, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, la ratifica el Pleno". Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al proveer el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, en relación a las promociones presentadas el cuatro y veinte de abril del año en curso, por el defensor particular del quejoso Jesús Herrera Gallegos, dentro de la carpeta de ejecución 549/2021, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Además, cabe precisar que las causales de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, bajo el registro 2006485, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Con igual sentido se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002359, que rubro y contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalado en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Herrera Gallegos, por su propio derecho, contra actos del Juez en Materia de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la admite la demanda de amparo en sus términos. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno como juicio de amparo 341-2022-IV, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Se requiere a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, Se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la que procurará verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21-2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por lo que se requiere a la parte quejosa para que de ser de su interés comparezca a la misma, indique los datos del correo electrónico y el nombre de la persona que comparecerá vía electrónica en su representación, a fin de que se le remitan los datos necesarios para acceder a la audiencia constitucional de mérito. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. Por lo que hace a las pruebas presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones que oferta, éstas serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Adicionalmente, se instruye al Actuario Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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