Jesús Hernández Martínez

Expediente 900/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
900/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Jesús Hernández Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado el presente asunto, por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Previo aviso de notificación, toda vez que la parte quejosa o promovente no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo, a fin de que se le notificara el contenido del auto de dos de octubre de dos mil veinte, se le notifica por lista dicho proveído, en el cual se determina medularmente: Agréguese a las presentes actuaciones el comunicado signado por la autoridad responsable, a través del cual rinde su informe justificado, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior, para que se manifiesten al respecto. Se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se recibieron copias certificadas de diversas constancias del expediente 91/2020, documentales que se tienen por presentadas y desahogadas dadas su especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta. Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa tesitura, atento al contenido de las constancias que se acompañan, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que éstas son de orden público y deben examinarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, según se desprende del numeral 62 de la ley en cita y de acuerdo al criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Tomo VI, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ??????????????? [.]". Habida cuenta que, en el caso el acto reclamado consiste en la falta de proveído a los escritos presentados por la representada del aquí quejoso el doce de agosto de dos mil veinte, en el expediente 91/2020, siendo que de las documentales recién valoradas se advierte que el veinticuatro de septiembre del presente año, la autoridad responsable proveyó los citados escritos presentados por la representada de la parte quejosa en el juicio de origen. Por tanto, jurídicamente no es factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, toda vez que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia, al haberse dado contestación a sendos escritos presentados por la parte quejosa el doce de agosto pasado, en el expediente 91/2020. Entonces, han cesado los efectos del acto reclamado y jurídicamente no es factible examinar su constitucionalidad, ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, porque las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que dice: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser la invocada causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA ??????????????? DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otra parte, cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", y que en el caso el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que entre la recepción del informe de ley, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, y la celebración de la audiencia constitucional no media el mencionado plazo, este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había ?????????????? incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la quejosa no haya conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A manera de ejemplo se cita la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, página 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del ??????????????? procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en este caso en particular, aunque no mediaron los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que ningún beneficio obtendría el quejoso con su diferimiento, pues aun extendiendo el plazo para que tuvieran al menos ocho días de por medio entre su notificación y la celebración de la citada audiencia, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios diversos a los que ya obran agregadas en autos. Ergo, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso particular, de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, esa actuación lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", Toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considere se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el que la quejosa es parte procesal actora. En efecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º. Constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de abril de 2015 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) ??????????????? "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Por otro lado, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento, por lo que en este momento se levanta dicha reserva y se provee como a continuación se expone. De conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que atento al sentido de este acuerdo y por reclamarse -en esencia- dilaciones en la substanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Aunado a que, de estimar que la resolución que se pronuncie en el presente sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 81/2018, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA". Ello, a partir de que tengan conocimiento de esta determinación, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través de los autos del expediente natural. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con un minuto del veintiuno de octubre del año en curso.

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