Jesús Hernández Jiménez
Expediente 523/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jesús Hernández Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTU DEVUELVASE EL TOCA PENAL 1827/2014 Y LA CAUSA PENAL 87/2014 A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS EL OFICIO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIUBNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, AL CUAL ACOMPAÑA ESCRITO SIGNADO POR *** Y UN INFORME JUSTIFICADO CON UN ANEXO CERTIFICADO. EN ATENCION A SU CONTENIDO, TENGASELE POR APERSONADO AL PRESENTE ASUNTO, SEÑALANDO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMO AUTORIZADAS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA EN LOS TERMINOS QUE SE PRECISAN. FINALMENTE, TENGASELE REALIZANDO DIVERSAS MANIFESTACIONES PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR OTRO LADO AGREGUESE EL INFORME JUSTIFICADO SIGNADO POR EL ACTUARIO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ANEXO CERTIFICADO QUE ACOMPAÑA. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. FINALMENTE ESTESE A LO ORDENADO EN EL PROVEIDO QUE ANTECEDE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio 1544, del Magistrado Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 3080/2015, mediante el cual remite original, y tres copias, de la demanda de amparo promovida por ***; anexo certificado, emplazamiento en dos fojas; diverso oficio 1545, con el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; así como la causa penal 87/2014 y toca penal 1827/2014; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Primero, cabe precisar que de las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que en el auto de plazo constitucional de cuatro de octubre de dos mil catorce, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, resolvió decretar el sobreseimiento de la causa penal 87/2014, instruida en contra de ***, por el delito de fraude, que se dijo cometió en agravio de ***, y ordenó la libertad inmediata del primero. Inconforme con la anterior determinación, el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, misma que dictó resolución el veintitrés de marzo de dos mil quince, dentro del toca penal 1827/2014, en el sentido de confirmar en todas y cada una de sus partes el auto de libertad absoluta por sobreseimiento, emitido por el juez de primera instancia. En contra de esta última resolución, el ofendido y coadyuvante del Ministerio Público, Jesús Hernández Jiménez, promueve amparo directo, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. En esta misma tesitura, el ordinal 17 de la Ley de Amparo establece como término para la interposición del juicio constitucional quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 1827/2014. Por otra parte, de las constancias integrantes del toca en mención, las que, como se dijo, por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio, se observa a foja treinta y ocho que la notificación del acto reclamado se realizó al ahora quejoso por medio de cédula fijada en los estrados, el seis de abril de dos mil quince, la cual surtió sus efectos al día hábil siguiente, atento a lo establecido por el ordinal 78 del código adjetivo del Estado, que a continuación se transcribe: "ARTICULO 78.- Los servidores públicos a quienes corresponda hacer las notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en los estrados del tribunal, juzgado o agencia del ministerio público, a primera hora del despacho, una lista de los asuntos acordados el día hábil anterior, expresando el número del expediente, el nombre del inculpado y una relación brevísima del acuerdo, y asentarán constancia de ese hecho en los expedientes respectivos. Estas notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la lista.". Asimismo, la certificación realizada en el escrito de demanda por la secretaria de amparos de la Sala emisora, conforme a lo ordenado por el numeral 178, fracción I, de la ley de la materia, indica como fecha de notificación del acto reclamado al ahora quejoso, el seis de abril de dos mil quince, misma que coincide con la asentada en el toca penal referido; así como data de presentación de la demanda el once de mayo del año en curso, mediando como días inhábiles entre ellas los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis y treinta de abril; uno, dos, tres, cuatro, nueve y diez de mayo de dos mil quince. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el siete de abril del año en curso, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir el ocho de abril de dos mil quince, y concluyó veintiocho del referido mes y año, descontando días inhábiles indicados en el párrafo que precede; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la responsable hasta el once de mayo de dos mil quince, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la quejosa, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Hernández Jiménez, en contra de la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 1827/2014, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Apoya la anterior determinación, en vía de orientación, la tesis XXI.4o.7 P, del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, misma qe este tribunal federal comparte, visible en la foja 1644, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO EN MATERIA PENAL. LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO DEBE SUJETARSE AL TÉRMINO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. El término para la presentación de la demanda de amparo contra la sentencia definitiva derivada de un proceso penal debe sujetarse al de 15 días previsto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si quien lo interpone es el ofendido o víctima del delito, al no ser éste quien resiente el acto privativo de libertad personal, ni se advierte que existan en su perjuicio actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales, para considerar que se está en el caso de excepción que señala la fracción II del diverso 22 de la Ley de Amparo.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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