Jesús Hernández Hernández

Expediente 701/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Jesús Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    ARCHIVO

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A QUEJOSO. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa, dentro del plazo de tres días que se le otorgó en proveído de treinta de noviembre del año en curso, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad; en consecuencia, hágasele efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Por otro lado, de la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Finalmente, toda vez que es innecesaria la permanencia de las constancias del juicio ordinario laboral 1473/2018/E2/CA/IND, remitidas por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como un sobre amarillo con documentos, se ordena devolver las mismas a su lugar de origen.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por recibido el oficio 4328/2020, suscrito por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, y sus anexos consistentes en el expediente formado con motivo del trámite del juicio de amparo directo 705/2020, promovido por Jesús Hernández Hernández, por su propio derecho; seis copias de la demanda de amparo; original del juicio ordinario laboral 1473/2018/E2/CA/IND; y, un sobre amarillo con documentos. Acúsese recibo al estilo correspondiente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 701/2020-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. CONOCIMIENTO DEL JUICIO. Del oficio de cuenta se aprecia que en la resolución dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, se declaró la incompetencia de tal tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Hernández Hernández y ordenó enviarla, así como el resto de las constancias recibidas, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad; en mérito de que el acto reclamado no se trata de alguno contra los que proceda el amparo directo. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado se avoca al conocimiento de la demanda referida en el párrafo anterior. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Pues bien, quien en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. La fracción aludida, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107, de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se obtienen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el vencido. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora, es importante precisar que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia P./J.108/2010, con número de registro 163152, es visible en la página 6, tomo XXXIII, Enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. Pues bien, en el presente caso la parte quejosa reclama el acuerdo emitido en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veinte, verificada -dentro de la etapa de ejecución de laudo dictado en el juicio ordinario laboral 1473/2018/E2/CA/IND- por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en la que desechó de plano, por notoriamente improcedente, el recurso de revisión interpuesto, el treinta y uno de agosto de este año, por el quejoso (en su carácter de parte actora) en contra del acuerdo de veintisiete de ese mismo mes y año, a través del cual se tuvo a la parte demandada depositando la cantidad a que fue condenada en el laudo dictado en esa contienda laboral, a la que se le descontaron las deducciones planteadas y se ordenó el levantamiento del embargo que garantizaba el pago del laudo que obtuvo a su favor. Ahora bien, tanto del capítulo de la demanda correspondiente a la relatoría de los hechos y abstenciones que constan a la quejosa y que narró bajo protesta de decir verdad, así como del propio tomo con las actuaciones del juicio génesis del acto reclamado, se aprecia que en el juicio de origen, el quince de agosto de dos mil diecinueve, se dictó el laudo correspondiente en el que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones y absolvió de otras; asimismo, que mediante ejecutoria dictada en el amparo directo laboral 1067/2019, el Tribunal Colegiado oficiante, negó la protección constitucional a la parte demandada. Lo anterior evidencia que el acto que ahora reclama se emitió fuera de juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que nos ubicamos en la regla específica enunciada en el arábigo 3 y el juicio de amparo biinstancial que intenta es improcedente, ya que solo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, lo que implica que no debe entorpecerse la ejecución de una sentencia que tiene la categoría de cosa juzgada. En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Hernández Hernández. LUGAR PARA NOTIFICAR ESTE PROVEÍDO. Toda vez que de las constancias que integran el expediente ordinario laboral 1473/2018/E2/CA/IND del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se desprende que la parte quejosa tiene su domicilio en calle Lerdo de Tejada número 102, primer piso, interior 1, en la colonia Obregón de este municipio, se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción que por única ocasión le notifique el presente auto en dicho domicilio. Además, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

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