Jesús Hernández Basilio
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Hernández Basilio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa con su demanda de amparo exhibió como pruebas diversas copias certificadas, requiérasele a para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; lo anterior, previo su cotejo y compulsa, dejando en el sumario copia certificada de las mismas, pudiéndose efectuar su entrega al promovente o a sus autorizados, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Sin que pase inadvertido que este acuerdo deba ser notificado de manera personal a la parte quejosa; sin embargo, al haber señalado como su domicilio procesal la lista de acuerdos, procédase a realizar la notificación de este auto por ese medio.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jesús Hernández Basilio, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. Inconforme con lo anterior, el tercero interesado interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, a la cual se le dio trámite mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, recurso que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, Veracruz, quien al resolver el amparo en revisión civil 332/2021, relativo al citado recurso, determinó confirmar la sentencia dictada por este Juzgado Federal. En consecuencia, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables Fiscal de Distrito Comisionado de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Sexto Distrito Judicial de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptimo Zona Registral en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, legalmente computado, justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento y la ejecutora también informó lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES a) Deje insubsistente el oficio número UIPS/DVI/FD/1832/2020, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta de investigación número UIPJ/DVI/509/2019, y en su lugar; La autoridad responsable ordenadora Fiscal de Distrito Comisionado en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Tuxpan, Veracruz, giró el oficio UIPJ/DVI/FD/581/2022 de veintinueve de marzo de dos mil veintidós a la Encargada del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, el cual fue recibido el cinco de abril de dos mil veintidós, para que dejara sin efectos lo solicitado mediante el diverso oficio número UIPS/DVI/FD/1832/2020, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta de investigación número UIPJ/DVI/509/2019 (en el que le ordenó que se abstuviera de realizar la formalización del acto jurídico consistente en la compra-venta entre ..., del inmueble que dio origen al primer aviso preventivo respecto del acta de inscripción novecientos cuarenta y dos, tomo XXI, de la sección primera de siete de abril de mil novecientos noventa y nueve) Por su parte la autoridad responsable ejecutora Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptimo Zona Registral en esta ciudad, mediante oficio RPP/PR/523/2022, remitió copia certificada del acta novecientos cuarenta y dos, tomo XXI, de la sección primera de siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la que se advierte que mediante la anotación veintiuno, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, únicamente realizó la anotación de la sentencia dictada en autos. b) Defina la situación jurídica en que deba quedar el inmueble identificado como fracción del "RANCHO SAN EZEQUIEL" ubicado dentro de la parcela 63 del lote "Poza Rica", del municipio de Coatzintla Veracruz, debiendo realizar un análisis de cada una de las pruebas que obran en dicha indagatoria, y provea con libertad de jurisdicción respecto al por qué son o no pertinentes para levantar la medida de aseguramiento, o bien, en su caso, indicar y justificar plenamente la pertinencia e idoneidad de continuar vigente dicha medida, ya que sólo de esa forma se da cumplimiento al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, el Fiscal de Distrito Comisionado en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Tuxpan, Veracruz, previo análisis de cada una de las pruebas que obran en dicha indagatoria, definió la situación jurídica del inmueble identificado como fracción del "RANCHO SAN EZEQUIEL" ubicado dentro de la parcela 63 del lote "Poza Rica", del municipio de Coatzintla Veracruz, determinando levantar la medida de aseguramiento ordenada mediante oficio número UIPS/DVI/FD/1832/2020, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta de investigación número UIPJ/DVI/509/2019. Por oficio RPP/PR/1082/2022, de veintidós de junio de este propio año, la Encargada del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, hizo del conocimiento que realizó la nota al margen número 21 con fecha treinta y uno de marzo de esta anualidad, en la cual se dejó insubsistente el oficio 1832/2020, relativo a la carpeta de investigación de que se trata. Por oficio RPP/PR/1353/2021, de trece de julio de dos mil veintidós, la Encargada del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, hizo del conocimiento que realizó la nota al margen número 22, con fecha trece de julio del año en curso, en la cual informa que mediante oficio 11864/2022 de ocho de julio de la presente anualidad, presentado en esa dependencia el once de julio del año en curso, signado por la titular de este órgano jurisdiccional, en relación al oficio UIPJ/DV/FD/581/2021, de veintinueve de marzo del año en curso, recibido el cinco de abril de la presente anualidad, signado por la Fiscalía de Distrito Comisionada en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Tuxpan, Veracruz, dejó sin efecto la nota número 18, relativa al oficio UIPS/DVI/FD/1832/2020, de catorce de abril de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DVI/509/2019. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como se aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese lista de acuerdos a la parte quejosa y tercera interesada, como está ordenado en proveídos de dieciocho de mayo y veinte de julio, ambos de dos mil veintiuno; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto del dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio RPP/PR/1353/2021 con sus anexos, remitidos por la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptima Zona Registral, con residencia en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de julio de dos mil veintidós. del análisis de las constancias realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que no existen elementos para poder determinar que la sentencia de amparo se cumplió sin excesos ni defectos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que la ejecutoria de amparo no está cabalmente cumplida; requierase a las autoridades su cumplimiento...
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