Jesus Hernan Casillas Siordia
Expediente 466/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesus Hernan Casillas Siordia
- Federico De la Torre Blanco
- Jesus Hernan Casillas Siordia y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de trece de julio de dos mil veintidós, por lo que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído veintisiete de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; en consecuencia, procede resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, página: 243) En ese orden de ideas, del estado procesal de los presentes autos, se advierte que mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el toca R.A.- 51/2022, por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que confirmó la sentencia dictada por este juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: [.] Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. [.] Además, la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de los quejosos para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Tampoco implica la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal de los quejosos. [.] Lo cual deberá acreditar ante este juzgado de Distrito en su totalidad, dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. [.] Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debe: ? Dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos reclamados. ? En su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias para los efectos a los que se ha hecho referencia en la ejecutoria de mérito, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. Ahora bien, mediante oficio recibido en este juzgado el veintisiete de marzo del año en curso, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-2852- 2022, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, con el cual, se dio vista a la parte quejosa en la misma fecha, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que realizara manifestación alguna, no obstante encontrarse debidamente notificada del citado proveído, como se advierte de la constancia respectiva. Ahora bien, de las constancias que exhibió la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se desprende que mediante oficio COFEPRISCAS- DEREPSQ-2852-2022, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dio contestación a la solicitud de la parte quejosa, a través del cual, se otorgó el permiso o autorización para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos a su consumo, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de semillas. En ese orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditaron haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, por lo que se concluye que la quejosa ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos violados, por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Sin que sea el caso analizar la legalidad de dicha resolución, toda vez que este órgano judicial se encuentra impedido para analizar dicha circunstancia por no ser materia de la ejecutoria de mérito, aunado a que la concesión del amparo no vincula en forma alguna a la responsable a proveer favorable a los intereses del solicitante del amparo; por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente, impiden que en el procedimiento de ejecución del fallo protector, se puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la misma, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la contestación emitida por la autoridad. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (Registro: 190356, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Enero de 2001, página: 203) Sin que pase desapercibido para este juzgado, la jurisprudencia 2a./J. 39/2011, que establece: AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. (Registro: 162654, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 471). Lo anterior, toda vez que a juicio del suscrito, el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente desde el momento en que recibe la solicitud elevada, pues es en ese instante en que queda obligada a emitir la contestación respectiva y darla a conocer en breve término al peticionario, por lo que, el hecho de que la misma haya sido emitida antes de que la sentencia de amparo causara ejecutoria, no desmerece el cumplimiento de la autoridad responsable emitido en acato a lo previsto en el artículo 8 Constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común Jesús Hernán Casillas Siordía, en el domicilio ubicado ... Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia de las constancias con las cuales aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio cuenta y su anexo, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común *******, en el domicilio ubicado en ******. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a trece de junio de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por la Secretaria del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la resolución dictada mediante sesión de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el toca R.A.-51/2022. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor, por mayoría de votos, resolvió: Acúsese el recibo de estilo correspondiente, vía interconexión, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, es conveniente precisar que los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días. (Lo subrayado es propio). respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal Ahora bien, conviene precisar que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Además, la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de los quejosos para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Tampoco implica la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal de los quejosos. Lo cual deberá acreditar ante este juzgado de Distrito en su totalidad, dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, se requiere al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibido que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) Se impondrá a la persona física que ostente el cargo de autoridad responsable, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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