Jesus Herminio Mendez Barroso
Expediente 1114/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Herminio Mendez Barroso
Actuaciones
- Incidental
UNICO.- SE CONCEDE LA SUSPENSION DEFINITIVA SOLICITADA . . .
- Principal
Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1114/2023. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve ********************, por derecho propio, contra actos de ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur - Oriente, con sede en Casa de Justicia en Tehuacán, Puebla. Por separado tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social la intervención que legalmente compete; de igual forma, se autoriza el acceso de la referida Representación Social a través del usuario ********************, por tal motivo se comisiona a la Oficial Judicial "A" para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a la autoridad responsable que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. En la inteligencia de que la autoridad responsable también deberá proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Por lo que hace a ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur - Oriente, con sede en Casa de Justicia en Tehuacán, Puebla, señalado como autoridad responsable en el presente juicio, se ordena notificar en el ********************; a través del Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal; en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio ******************** de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero pasado, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a la autoridad responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a la autoridad responsable respectiva para que, si en algún momento dejara de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra lo haga saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En el mismo supuesto de ser cierto el acto reclamado, se requiere a las responsables para que en el término de tres días siguiente al en que reciban el oficio respectivo, informen las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados; el ultimo domicilio que tenga registrado, así como datos de identificación de cada uno, esto es, el RFC, CURP, fecha y lugar de nacimiento que permita su correcta individualización, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, para evitar posibles homonimias. Apercibidas que de no hacerlo así, se impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se reserva acordar lo relativo al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obre en autos el informe con justificación de la autoridad responsable. Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales públicas, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia, conforme al artículo 124 de la citada Ley. Glósense a los autos el disco que adjunta a fin de evitar su deterioro. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa los correos electrónicos y números telefónicos que se mencionan en el escrito inicial de demanda, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. Se tiene por autorizado en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación; a ********************, para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos por haberla autorizado la parte quejosa únicamente para tales efectos; y respecto a ********************, también para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por no tener cédula registrada en el sistema citado, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Ello, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
- Incidental
Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1114/2023, promovido por********************, por derecho propio, contra actos de ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur - Oriente, con sede en Casa de Justicia en Tehuacán, Puebla. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En la inteligencia de que la autoridad responsable también deberá proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Apercibiendo a la referida autoridad responsable, que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Por lo que hace a ********************, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur - Oriente, con sede en Casa de Justicia en Tehuacán, Puebla, señalado como autoridad responsable en el presente juicio, se ordena notificar en el ********************; a través del Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal; en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio ******************** de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero pasado, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. Ahora, en principio es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128, 129 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La resolución de once de octubre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ********************, donde se prorrogó por seis meses más la prisión preventiva oficiosa. Ahora, el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, es decir, se modifique dicha medida cautelar. Tomando en cuenta que el quejoso está privado de su libertad, en virtud del referido acto reclamado; con fundamento en los artículos 166, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional, para el efecto de que aquel quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en el que esté recluido, únicamente en lo que se refiere a su libertad, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de la continuación del proceso hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se le debe o no conceder la suspensión definitiva. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto si la medida cautelar de prisión preventiva justificada es dictada en su contra por autoridad diversa de la aquí señalada como responsable, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. Debe decirse a la parte quejosa, que si bien es procedente que solicite la revisión de las medidas cautelares referentes a las órdenes privativas de libertad personal o de prisión preventiva. Lo cierto es que estas deben ser decretadas por la autoridad judicial que conozca del procedimiento natural, esto es, dicha solicitud debe realizarse ante autoridad competente, dado que la facultad de modificación recae en el Juez natural, tal como lo indica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para robustecer lo anterior, es necesario invocar el contenido del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." De dicha transcripción se desprende que el Juez competente deberá dar vista a las partes con la solicitud de la modificación, para que el agente del Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y se esté en posibilidad -en audiencia-, de resolver sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Es por ello que el Juez Natural, es el único facultado originariamente para proceder en la forma antes indicada, dado que él resolverá respecto de tal modificación en una audiencia pública en términos de los principios de inmediación y concentración que rigen el sistema penal acusatorio, por lo que este juzgador está impedido para desahogar una audiencia de medidas cautelares, porque el pronunciamiento respectivo ya no se sustenta en la simple verificación de requisitos preestablecidos, sino en escuchar a las partes en un contradictorio (audiencia) y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto; de ahí que esa revisión debe solicitarse ante el órgano jurisdiccional que tramita el proceso y no ante el Juez de amparo en el incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifieste el cumplimiento exacto e inmediato que de a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndole que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa los correos electrónicos y números telefónicos que se mencionan en el escrito inicial de demanda, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. Se tiene por autorizado en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación; a ********************, para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos por haberla autorizado la parte quejosa únicamente para tales efectos; y respecto a ********************, también para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por no tener cédula registrada en el sistema citado, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Ello, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades foráneas en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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