Jesús Hermilio Almada Cordova

Expediente 547/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
547/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Jesús Hermilio Almada Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa III. Por recibida la demanda de amparo promovida por **** y ****, por propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 547/2017-III. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste, esencialmente en: La omisión de proporcionar a los quejosos, gratuitamente, artículos de higiene y aseo personal, de manera mensual y continua. En el caso particular, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, en relación al diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que da lugar a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Para corroborar el anterior aserto, es menester tener en cuenta lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así como lo que dispone el diverso artículo 6° de la Ley de Amparo , del que se colige que el juicio de derechos fundamentales es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, omisiones y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto, la omisión o la norma general reclamados. Por otra parte, la interpretación del artículo 107, fracción I , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que la parte quejosa tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora, el Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) El acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para que exista un interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII , de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio amparo como requisito indispensable que el quejoso tengan interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho de los gobernados derivados de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Precisado lo anterior, cabe destacar que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor al día siguiente, la cual resulta aplicable en el asunto que aquí se analiza. Resulta pertinente citar el texto de los artículos 1° y 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales establecen: "Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales". Como puede advertirse, de los precitados artículos, se colige que aquellos procedimientos tendentes a resolver controversias durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, deberán regirse por la mencionada Ley Nacional de Ejecución Penal. De ahí que los los internos que consideren tener un conflicto suscitado al interior del centro de reclusión, independientemente de su estado procesal, deberán regirse por el procedimiento establecido en la citada ley, a fin de dirimir su controversia, pudiendo interponer en su caso los medios de impugnación que la propia legislación establezca. En ese contexto, la omisión de proporcionar a los quejosos, gratuitamente, artículos de higiene y aseo personal, de manera mensual y continua, encuadra dentro de las condiciones de internamiento. Ahora, es imperativo señalar que de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de la libertad podrán formular por escrito peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, pues de los referidos preceptos se desprende lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción III, 117, fracción I, 120 a 129, 130 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ende, si la omisión de proporcionar a los quejosos, gratuitamente, artículos de higiene y aseo personal, de manera mensual y continua, reclamada está relacionada con las condiciones de internamiento, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de alguna pena, es indudable que ésta aconteció en un proceso penal y si para ello los quejosos tenían a su alcance una acción por virtud de la cual la autoridad podía reparar esa posible violación, entonces, la omisión de incoar la intervención de la autoridad para que resuelva las pretensiones de los internos provoca la inexistencia de algún perjuicio, pues se desconoce que hubiera resuelto dicha autoridad, situación que conlleva a determinar la falta de interés jurídico de los solicitantes del amparo para incoar el presente juicio. Por regla general, contra actos ocurridos dentro de juicio, el amparo indirecto es improcedente, y se dice que se trata de un acto u omisión dentro de un procedimiento porque los internos tienen la oportunidad de incoar un procedimiento menor similar al incidental; por tanto, su reclamo se torna en un acto ocurrido dentro de un procedimiento que no los deja sin defensa, ni puede verse de forma autónoma, deben atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a las peticiones realizadas, pero como no lo hicieron así, al no incoar la intervención de la autoridad, tal actitud procesal denota desinterés en que sea resuelta su queja ante la jurisdicción ordinaria, situación que provoca la improcedencia del amparo por falta de interés jurídico de la parte quejosa. En ese contexto, se concluye que previo a acudir al amparo, la parte quejosa debió en primer término realizar su petición ante el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el Estado de México, y una vez cumplido el requisito anterior, agotar el trámite correspondiente y cuando se hubiera dictado la última resolución, hasta entonces tenían la posibilidad de acudir al amparo. Lo anterior encuentra respaldo, por igualdad de razón, en la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Administrativa, página 478, registro 2008883, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Cabe preciar que en los mismos términos resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el amparo en revisión 170/2017 de su índice, relativo al juicio de amparo indirecto 475/2017, de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en dicho asunto, en el que, en la parte que al presente estudio interesa consideró lo siguiente: ". Como puede advertirse, de los precitados artículos, vistos de manera conjunta, se colige que aquellos procedimientos tendentes a resolver controversias y establecer las normas y procedimientos que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, deberán regirse por la mencionada Ley Nacional de Ejecución Penal, salvo aquellos casos en los que dichos procedimientos, hubieran iniciado antes de que entrara en vigor tal legislación. Esto es, tal y como lo estimó el Juez del Amparo, todos los internos que consideren tener un conflicto suscitado al interior del centro de reclusión, independientemente de su estado procesal, deberán regirse por el procedimiento establecido en la multicitada ley, a fin de dirimir su controversia, pudiendo interponer en su caso los medios de impugnación que la propia legislación establezca." Bajo ese contexto, con fundamento en el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, en relación al diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Almada Córdova Jesús Hermilo, sin perjuicio de que sea substituido por otro. DOMICILIO. Por otro lado, conforme con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones aún las de carácter personal, practíquense a los quejoso en el lugar de su reclusión, por conducto de su representante común. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese y personalmente a los quejosos, por conducto de su representante común.

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