Jesús Hermilio Aldama Córdova

Expediente 477/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
477/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Alvaro Manuel Ochoa Gil y Otros.
  • Francisco Román Gutiérrez
  • Jesús Hermilio Aldama Córdova
  • Jesús Hermilio Aldama Córdova y Otros.
  • Alvaro Manuel Ochoa Gil
  • Francisco Román Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 477/2017, seis legajos de copias certificadas relativas a la causa penal 51/2007 y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 309/2017, en la que se determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, respecto a los revisionistas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ y JESÚS HERMILO ALDAMA CÓRDOVA o JESÚS HERMILO ALMADA CÓRDOVA o JESÚS HERMILO ALDAMA CÓRDOVA, contra la autoridad responsable y respecto del acto reclamado, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en el último considerando de la misma." Atento a lo anterior, agréguense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo en el presente juicio, además carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse al Juez Sexto de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió: 1.- Copias certificadas del incidente de la causa penal 51/2007-III. 2.- Copias certificadas del término constitucional de cuatro de septiembre de dos mil siete dictado dentro de la causa penal 51/2007. 3.- Copias certificadas del fallo de veintiocho de noviembre de dos mil siete, por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el toca penal 245/2007. 4.- Copias certificadas de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictada por el primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el juicio de amparo indirecto 32/2010. 5.- Copias certificadas de la resolución de once de abril de dos mil once, pronunciada por el Segundo Tribunal del Segundo Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en treinta y uno de marzo de dos mil once, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 10/2011. 6.- Copia certificada del fallo dictado en el juicio de amparo indirecto 22/2011 por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad. Sin que haya lugar a solicitar acuse recibo.

  2. Principal

    agréguese el escrito signado por los quejosos, mediante el cual interponen revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE 17 DE AGOSTO DE 2017, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 14 DE AGOSTO DE 2017 QUE DICE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 477/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito ingresado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, turnado el mismo día a este juzgado; Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez y Jesús Hermilio Aldama Cordova, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado se lleva por autoridad con residencia en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a quien se le reclama: - La resolución de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 51/2007, que declaró improcedente el incidente no especificado de aplicación retroactiva de la ley más favorable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La citada autoridad al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que así debe tenerse. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas actuaciones de la causa penal 51/2007, constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y las partes no hicieron valer alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el numeral 79 fracción III, inciso a) de la Ley de la Materia. Previo a constatar lo anterior, se precisan los antecedentes relevantes del caso: El veinticuatro de agosto de dos mil siete, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República, ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión contra Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha y/o Ector Cecilio Zepeda de la Rocha, Jesús Hermilio Almada Córdova y Carlos Abel Gutiérrez Román, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: a) delincuencia organizada en la hipótesis de delito contra la salud; b) contra la salud en la hipótesis de colaboración al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud; c) portación de arma de uso exclusivo del ejército armada o fuerza aérea; y, d) posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército armada o fuerza aérea. En la misma fecha el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, recibió la consignación sin detenido y la registró bajo el número de causa penal 51/2007; por lo que libró la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador. Un vez que se cumplimentó el mandato de captura, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el cuatro de septiembre de dos mil siete, resolvió la situación jurídica de los encausados en la que dictó auto de formal prisión a Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha y/o Ector Cecilio Zepeda de la Rocha, Jesús Hermilio Almada Córdova y Carlos Abel Gutiérrez Román, por los delitos de: a) Delincuencia organizada en la hipótesis de delito contra la salud; b) Contra la salud en la hipótesis de colaboración al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud; así como auto de formal prisión en los términos siguientes: "SEGUNDO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Francisco Román Gutiérrez alias "Pancho", por el delito de portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, [.] de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas, previsto y sancionado en el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. --- TERCERO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Mario Gutiérrez Román alias "Mayo", en la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas....CUARTO. En la misma temporalidad debe dictarse AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de Jesús Hermilo Aldama Córdova alias "El Buzo", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.QUINTO. En la misma temporalidad debe dictarse AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de Carlos Abel Gutiérrez Román alias "El Loro", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.SEXTO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Álvaro Manuel Ochoa Gil alias "El Gordo", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.SÉPTIMO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha alias "El Güero", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.". Inconformes con lo anterior, la defensa de los encausados interpuso apelación, de la cual conoció el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante resolución de veintiocho de noviembre de dos mil siete, modificó el auto de formal prisión de cuatro de septiembre de dos mil siete. En desacuerdo, los encausados promovieron amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y mediante sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictada en el expediente 32/2010, concedió el amparo solicitado para que fueran analizados vicios de forma relativos a la fundamentación y motivación del auto de plazo reclamado. Inconforme con lo anterior, el defensor particular de los procesados interpuso revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil once, dictada en el amparo en revisión 10/2011, modificó la sentencia sujeta a revisión concediendo el amparo para lo siguiente: "1.- Que la autoridad responsable Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, deje sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión dictado en contra de los impetrantes de garantías el veintiocho de noviembre de dos mil siete. --- 2.- Emita una nueva determinación, en la que reitere la acreditación del cuerpo de los siguientes delitos y la probable responsabilidad de los quejosos que a continuación se precisan: Francisco Román Gutiérrez. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mario Gutiérrez Román. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Jesús Hermilo Almada Córdova. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Carlos Abel Gutiérrez Román. Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Álvaro Manuel Ochoa Gil. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como el diverso de Posesión de Cartuchos para esas instituciones, previsto y sancionado por los artículos 83, Quat, fracción II, en concordancia con el diverso 11, inciso c) de la mencionada ley. Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. --- 3.- Con libertad de jurisdicción, se pronuncie en la nueva resolución, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, respecto del delito de Delincuencia Organizada imputado a todos los quejosos; y el diverso de Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, atribuido a Carlos Abel Gutiérrez Román, de conformidad con los motivos que dieron origen a la protección de garantías, precisados en el considerando octavo de la resolución que se analiza; --- 4.- También con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto del delito de Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el diverso 11, incisos b) y c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, atribuido a Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, y Jesús Hermilo Almada Córdova, para que resuelva acerca de todos los cartuchos que se precisaron en el parte informativo de doce de julio de dos mil siete, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando octavo de esta ejecutoria; --- 5.- Siguiendo los lineamientos precisados en el considerando noveno de esta resolución, precise que las conductas exteriorizadas por los sujetos activos (ahora quejosos), por las que colaboraron al fomento para la comisión de delitos contra la salud, únicamente consistieron en: cuidar la casa de seguridad ubicada en calle Cuatro, número cuatrocientos veintiuno, esquina avenida Durango, Municipio de Caborca, Estado de Sonora, así como las armas aseguradas, por haber sido contratados para ello; mas no las diversas conductas atribuidas, debido a que no están plenamente comprobadas como era: brindar seguridad a Luis Sánchez Páez y Martín Martínez, y como "burreros" para pasar marihuana a Tucson, Arizona, Estados Unidos de América. --- 6.- Asimismo, en el delito contra la salud, en la hipótesis de colaborar de cualquier manera al fomento para la ejecución de delitos de esa naturaleza, atribuido a todos los quejosos, elimine la actualización de la agravante prevista en el artículo 196, fracción III del Código Penal Federal, de conformidad con los motivos expuestos en la última parte del considerando noveno de esta ejecutoria." En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, emitió la resolución correspondiente en el toca penal 245/2007, el diez de mayo de dos mil once, cuyos resolutivos, en lo que interesa, dicen: ".PRIMERO.- Se decreta auto de formal prisión contra Álvaro Manuel Ochoa Gil alias "El Gordo", Francisco Román Gutiérrez alias "Pancho", Mario Gutiérrez Román alias "Mayo", Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha alias "El Güero", Jesús Hermilo Almada Córdova alias "El Buzo" y Carlos Abel Gutiérrez Román alias "El Loro" por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la calificativa contemplada en el dispositivo 5, fracción II, de esta misma legislación especial, y por diverso ilícito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar esta clase de antijurídicos tipificado en los numerales 193 y 194, fracción III, del Código Penal Federal. --- SEGUNDO.- Se dicta auto de formal prisión al inculpado Francisco Román Gutiérrez alias "Pancho" en tanto probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta última ley. --- TERCERO.- Se dicta auto de formal prisión al inculpado Mario Gutiérrez Román alias "Mayo", como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta última ley. --- CUARTO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Jesús Hermilo Almada Córdova alias "El Buzo" como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta última ley. --- QUINTO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Carlos Abel Gutiérrez Román alias "Loro" como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta ley. --- SEXTO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Álvaro Manuel Ochoa Gil alias "El Gordo" en tanto probable responsable en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracción II, en concordancia con el diverso 11, inciso c), en relación con el f), de esta última ley. --- SÉPTIMO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha alias "El Güero", en tanto probable responsable en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asimismo se dicta libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del aludido Zepeda de la Rocha por el delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de las citadas instituciones." El veintisiete de febrero de dos mil trece, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria contra los encausados de referencia por los delitos antes precisados. En desacuerdo con lo anterior, los entonces sentenciados interpusieron apelación, de la cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien el veintisiete de febrero de dos mil trece, dictó sentencia en la que determinó revocar la resolución apelada ordenando la reposición del procedimiento para lo siguiente: ".para el efecto de que el Juez de la causa provea lo conducente en relación a: --- a) El desahogo de los careos procesales, referidos en el punto A de esta ejecutoria, esto es: --- a.1. Entre los procesados ÁLVARO MANUEL OCHOA GIL alias "El Gordo", FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ alias "Pancho", MARIO GUTIÉRREZ ROMÁN alias "Mayo", HÉCTOR CECILIO ZEPEDA DE LA ROCHA alias "El Güero", JESÚS HERMILO ALMADA CÓRDOVA alias "El Buzo" y CARLOS ABEL GUTIÉRREZ ROMÁN alias "El Loro", con los elementos militares aprehensores Macario Hernández Antonio, Carlos Pérez Valle y Fernando Orozco Estrada (quienes signan el oficio de puesta a disposición), así como con los testigos Jorge Ramírez Juárez, Mauro Alvarado González, Emeterio Ramos González, Marcelino Hernández Padilla, Alfonso Bautista Andoney, Geovanni Solís Lara, Obel Hernández Moreno, Pedro Hernández Hernández, Abel Peñaloza Noyola, Jaime Hernández Arista, Fernando Orozco Estrada, Óscar Hidalgo Trujillo, Nicéforo Florencia Castillo, Esteban Bautista Valencia, Saúl Martínez Campos y José Luis Romero Antonio. --- a.2. Entre los testigos de descargo Alejandro Ortiz Ortega, Francisco Valenzuela Gastelum, Luis Fernando Miranda Muñoz, Gerardo Arturo Espinoza Ortega, Ismael Lizárraga Celaya, Carlos Alfonso Madero Parra y Ramón Calderón Gutiérrez, con los militares aprehensores Macario Hernández Antonio, Carlos Pérez Valle y Fernando Orozco Estrada, así como con los diversos militares Jorge Ramírez Juárez, Mauro Alvarado González, Emeterio Ramos González, Marcelino Hernández Padilla, Alfonso Bautista Andoney, Geovanni Solís Lara, Obel Hernández Moreno, Pedro Hernández Hernández, Abel Peñaloza Noyola, Jaime Hernández Arista, Fernando Orozco Estrada, Óscar Hidalgo Trujillo, Nicéforo Florencia Castillo, Esteban Bautista Valencia, Saúl Martínez Campos y José Luis Romero Antonio. --- b) Observe lo establecido en el apartado B, de esta ejecutoria, esto es: --- b.1. Lleve a cabo el desahogo de las testimoniales de Ramiro García, María de los Ángeles Valenzuela, Francisco Javier Bonilla, Rubén González Salcido, Ramón Ángel y Francisco, ambos de apellidos Frasquillo Yáñez, y en su caso las diversas de Leonardo Reyes Morales y Juan José Rivera Rodríguez, para el caso de que respecto a esta últimas los encausados no se adhieran al desistimiento de su defensor. --- En la inteligencia de que ante el silencio u omisión del desahogo de algún requerimiento efectuado hacia los justiciables respecto de dichas probanzas, se deberá entender tácito su consentimiento con todo aquello que se traduzca en un beneficio de sus derechos fundamentales, tal como pudiera ser el insistir en el desahogo de cualesquiera de las testimoniales destacadas, por lo que el Juez de la causa deberá adoptar todas las medidas que se encuentren a su alcance, dentro del marco legal, para vigilar que no se violenten las prerrogativas constitucionales y legales de los justiciables. --- De igual manera, para el caso de que se recaben los testimonios enunciados en el inciso b.1, el Juez de la causa no deberá dejar de analizar las potenciales contradicciones sustanciales que llegaren a suscitarse con algún testigo que haya depuesto en el proceso y, para el caso de actualizarse alguna, deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales. --- Hecho lo anterior, deberá continuar con la normal sustanciación del procedimiento, hasta dictar, con plenitud de jurisdicción, la resolución correspondiente; por lo que deberá dejar sin efectos los autos por los que se decretó cerrada la instrucción, por el que se tuvieron por formuladas las conclusiones del Ministerio Público de la Federación, por el que se tuvo por presentadas las diversas del defensor Público Federal y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Penales, la citada audiencia, así como la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil trece." Durante la prosecución del trámite procedimental, mediante escrito ingresado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el defensor particular de los procesados Carlos Abel Gutiérrez Román, Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, Jesús Hermilo Almada Córdova y Álvaro Manuel Ochoa Gil promovió en la vía incidental, la aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo. En auto de veintiséis de agosto siguiente, se admitió a trámite el incidente planteado. Mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se declaró improcedente el incidente. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, para controvertir lo anterior, los quejosos señalan que la autoridad responsable infringe el principio pro persona contemplado en el artículo 1° de la Carta Magna, pues han permanecido en prisión preventiva nueve años, ocho meses y tres días, sin que hasta el momento se les haya dictado sentencia definitiva, razón por la cual y al haberse excedido el tiempo máximo establecido por la vigente Constitución General de la República para que se les dicte sentencia, se vulnera su derecho humano a la libertad establecido en el artículo 20, aparatado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Federal; motivo por el cual estiman se actualiza a su favor el principio de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, y al no aplicarlo el Juez de la causa infringe el principio de mayor beneficio, sin respetar lo establecido en el artículo 20 Constitucional. Indican además, que el Juez responsable los mantiene ilegítimamente detenidos en prisión preventiva al negarse acatar la norma Constitucional, ya que han permanecido en prisión preventiva por más de dos años sin que se le haya dictado sentencia definitiva, además de que si no se ha dictado sentencia no es porque lo deseen o porque estén gozando del derecho de defenderse, sino que se debe a una imposición arbitraria por parte del Juez responsable, pues han manifestado la oposición a que se realicen los careos procesales, así como que les sean practicados los estudios relativos al "Protocolo de Estambul"; de ahí que solicitan se les ponga en inmediata libertad bajo protesta, mientras se sigue su proceso, pues ello constituye la imposición de una medida cautelar aplicable. Señalan también, que la responsable infringe el principio de acceso a la administración de justicia, mismo que se establece en diversos tratados internacionales que prevén estándares mínimos para ese derecho humano, verbigracia el Pacto de Derechos Civiles y Políticos numeral 14.18, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 8.1 y 25.1, que si bien no lo reconocen literalmente, la Corte Interamericana ha interpretado en diversos casos los artículos en cita, determinando la violación del derecho de acceso a la justicia, y con la entrada en vigor de la citada reforma adquirieron vigencia los derechos humanos protegidos por la Carta Magna y por los Tratados Internacionales, entre los que se encuentra la libertad bajo protesta, además de haberse incorporado el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Precisan que, de acuerdo al contenido del artículo 133 de la Carta Magna, en ninguna parte se otorga rango de supremacía constitucional a los artículos transitorios de alguna reforma, menos a los artículos cuarto y quinto transitorios en que se apoya el Juez responsable, por lo que el paradigma entre normas constitucionales no existe, pues el numeral 20 Constitucional reformado sí goza de supremacía constitucional; de ahí que, teniendo en consideración que el principio de la Ley más favorable al reo establecido en el artículo 14 Constitucional, interpretado contrario sensu, si bien establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, se admite como excepción la aplicación de la ley más favorable al reo, que en materia Constitucional su aplicación es irrestricta y no debe estar condicionada a cuestiones de legalidad o formalidad contempladas en leyes secundarias. Enfatizan que, la responsable abandona la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que considera como constitucionales los tratados internacionales que obligan a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o comprometer al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, la inserción en el sistema jurídico interno del derecho internacional y de los tratados en materia de derechos humanos. Estiman también, que la autoridad responsable interpreta erróneamente los preceptos constitucionales y ordenamientos internacionales de observancia obligatoria, al considerar que no puede ejercer control de convencionalidad alguno. No asiste razón a los quejosos. En efecto, de inicio debe acotarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un documento en el que se condensan los principios y valores del Pueblo de México, contiene los derechos fundamentales, las libertades de los individuos, las normas que dan pauta a la prevalencia del Estado de derecho y que rigen la organización, funcionamiento y atribuciones de los poderes públicos, así como de los organismos autónomos y su relación con los habitantes. De conformidad con el principio de Supremacía Constitucional; es cierto que todas las normas relativas a los derechos humanos quedan subordinadas a dicho documento y a los tratados internacionales signados por este País; el ejercicio de tales derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahora bien, el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Dicho decreto fue resultado de una discusión, sobre la necesidad de incorporar al derecho interno la obligación de los órganos del Estado, de respetar, aplicar y hacer efectivos los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por México. Por consiguiente, la reforma constitucional tuvo como propósito modernizar la Ley Fundamental y ponerla en sincronía con el ámbito internacional a fin de darle hegemonía a los principios que caracterizan a los derechos humanos en el mundo, como son: la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. El Poder reformador hizo énfasis en que el principio de universalidad debe regir el ámbito de los derechos humanos en el país, al igual que los principios de interdependencia, progresividad, e indivisibilidad, mismos que necesitan contar con la plena protección jurisdiccional, para que el agraviado pueda acudir a los tribunales a pedir justicia y obtener, de ser el caso, un fallo favorable; ya que es obligación de éstos resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos; concepción que protege a todas las personas sin distinguir su condición social, jurídica o política. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite restringir el derecho de libertad del gobernado al disponer la prisión preventiva como medida cautelar y provisional, para todo procesado por delito o delitos que merecen pena corporal. Para la formalización de la prisión preventiva son requisitos necesarios: la comprobación del cuerpo del delito sancionado con pena privativa de la libertad y la justificación de que alguien es probable responsable de su comisión. Su duración no puede ser mayor a la que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En el ámbito internacional, en sentido amplio se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está entre otras cosas en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva. En nuestro País, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso; en el aseguramiento de la ejecución de la pena; y en evitar los daños al ofendido y a la sociedad. De tal suerte que la libertad de una persona, a título de prisión preventiva puede restringirse en forma apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito sancionado con pena privativa de la libertad, existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad. No obstante lo anterior, la propia Carta Fundamental, para salvaguardar los principios y valores del Estado mexicano, dispone a favor de todo gobernado la prerrogativa de que pueda permanecer en libertad mientras se le sigue proceso, siempre y cuando: a) Se trate de delitos que por su gravedad la ley expresamente no lo prohíba. b) No haya sido condenado con anterioridad por algún delito de esa naturaleza -grave-. c) No se hayan aportado por parte del agente del Ministerio Público elementos para establecer que la libertad del inculpado representa un riesgo para el sujeto pasivo del delito o para la sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -salvo lo dispuesto en relación con la libertad provisional bajo caución-, no prevé expresamente que pueda analizarse la restricción de la libertad del procesado realizada con motivo del dictado del auto de formal prisión; sin embargo, eso no significa que no sea posible constatar, si se violentan en su perjuicio los principios de "debido proceso legal" y "plazo razonable", emanados de la Ley Suprema de la Unión; en atención a dichos principios es factible examinar, pasado un plazo razonable, si la mencionada restricción a su libertad debe tutelarse desde otra perspectiva, en aras de favorecerlo en la protección más amplia (principio "pro personae") como lo exponen los quejosos; desde luego, se debe interpretar lo anterior de acuerdo con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Desde la perspectiva de la Ley Fundamental, una aproximación para considerar razonable el plazo de la prisión preventiva es: Cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; Un año, si la pena excede de ese tiempo; o, Mayor tiempo, si el imputado ejerce su derecho de defensa. No obstante lo anterior, establecer un "plazo razonable" únicamente desde esa óptica, podría ser atentatorio de los derechos humanos de la persona, por ejemplo si al inculpado se le mantiene privado de su libertad con motivo del auto de formal prisión y éste ya no quiere ofrecer pruebas, siendo su deseo renunciar al plazo constitucional para ser juzgado y que se le sentencie de inmediato a pesar de que todavía no ha transcurrido el tiempo que la Ley Suprema establece para tal efecto -incisos I o II-; entonces, el que se le constriñera sin decisión firme a permanecer en prisión preventiva hasta la culminación de los plazos constitucionales sería excesivo. Esto es, puede infringirse el principio de "plazo razonable", al darse el supuesto de que un proceso penal se pueda instruir y sentenciar en un lapso inferior al fijado en la constitución, cuando el procesado ya no quiere ejercer su derecho de defensa, renuncia a los plazos y no obstante ello, se le mantiene en prisión preventiva con motivo del auto de formal prisión y no se le sentencia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, hasta marzo de mil novecientos noventa y siete, recibió denuncias contra el Estado Argentino, que tenían como denominador común la excesiva duración de la prisión preventiva para las personas sometidas a proceso criminal. En su informe 2/97, hizo un señalamiento expreso, en el sentido de que la situación jurídica de la persona que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa, porque existe una sospecha en su contra, sin que esté demostrada su culpabilidad. Estableció que el derecho al levantamiento de la prisión preventiva luego de transcurrido un cierto tiempo, se encontraba garantizado por el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. De igual manera, adujo que el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo 7.5, que establece: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. (.) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". De lo contrario -explicó-, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada y constituye una violación del artículo 8.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre esas premisas, estableció que la razonabilidad del plazo se debe fundar en la prudente apreciación judicial. Para tal efecto, sostuvo que el juzgador debe analizar todos los elementos relevantes a fin de determinar cuándo existe una necesidad genuina de mantener la prisión preventiva y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes a la excarcelación del procesado. Recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos, resolvió con respecto del artículo 5.3 de la Convención Europea, que la determinación del plazo razonable de la prisión preventiva debía basarse en las razones proveídas por las autoridades judiciales nacionales para la detención, y en los hechos no controvertidos presentados por los acusados para desvirtuar lo decidido por dichas autoridades. Con base en tales discernimientos, expuso que la información por las autoridades judiciales nacionales debía ser analizada en cada caso, a fin de llegar a la conclusión correcta en relación con la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva. Al revisar su propia jurisprudencia y la de los órganos internacionales de derechos humanos, llegó a la conclusión de que las razones legítimas que permiten justificar la prisión preventiva de una persona durante un plazo prolongado son: La sospecha de que el acusado cometió un delito: aunque sostuvo que esto único resulta insuficiente para justificar la continuación de la privación de la libertad. El peligro de fuga: en cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia. Aseveró que las citadas variables por sí solas no resultan suficientes para justificar la continuación de la prisión preventiva luego de haber transcurrido un lapso prudente, toda vez que a medida que aumentara la duración de la detención, el tiempo debía ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia. De igual manera, indicó que deben tomarse en cuenta los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que la mantendrían en el país; sin soslayar la posibilidad de fijar fianza suficiente en el sentido de que la perspectiva de perderla pudiera ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que el procesado se fugara o eludiera la acción de la justicia. Riesgo de comisión de nuevos delitos: al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos en relación con el detenido, reiteró que se debía tener en cuenta la gravedad del delito. Pero para justificar la prisión preventiva, el peligro de nueva comisión tenía que ser real, para tal efecto, resultaba especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado anteriormente fue condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión: plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. Pero, una vez concluida la investigación, esa necesidad por sí sola tampoco podía justificar la continuación de la medida restrictiva. La necesidad de investigación -enfatizó- debía fundarse en un peligro efectivo de que el proceso de investigación sería impedido por la liberación del acusado. Riesgo de presión sobre los testigos: el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación. Empero, cuando la investigación prosigue y dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la justificación para mantener la prisión preventiva. Las autoridades judiciales deben demostrar igualmente que existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos o sospechosos por parte del procesado. Preservación del orden público: en circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado. En todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento: sostuvo que aún en los casos en que se consideraran suficientes las razones expuestas por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva, se debía justipreciar, si tales autoridades habían empleado la debida diligencia al sustanciar el procedimiento a fin de que tal medida no se vuelva irrazonable. Razones las anteriores, que fueron avaladas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 27/2012, que permiten establecer parámetros exactos para conocer cómo ponderar un "plazo razonable" en la duración de la prisión preventiva, determinado al respecto lo siguiente: "Por consiguiente, la ecuación para el plazo razonable queda conformada de la siguiente manera: Plazo razonable = f (probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria; peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; viabilidad de presión sobre los testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; ejercicio efectivo del derecho de defensa; eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad). Los jueces fundándose en una prudente apreciación, deben evaluar en cada caso los factores anteriores en forma razonada y proporcional, para concluir si el procesado ha pasado un plazo razonable restringido de su libertad precautoriamente y sobre esa base dictar lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que la interpretación que realicen debe favorecer de la manera más amplia posible a la persona imputada, a fin de no causarle un menoscabo en su "dignidad humana". A manera de corolario, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho- no prevé que con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, el juzgador pueda pronunciarse respecto de la restricción cautelar de la libertad del procesado antes de que se dicte la sentencia correspondiente -salvo lo relativo a la libertad provisional bajo caución-; sin embargo, al ser la libertad un bien de la más alta jerarquía axiológica, es posible analizar si amerita que se tutele. En efecto, en atención a los principios de "presunción de inocencia", "debido proceso", "pro homine" "plazo razonable" y "dignidad humana", emanados de la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -firmado en Nueva York-, se llega a la conclusión de que es viable ponderar si la restricción provisional de la libertad del procesado atenta contra los mencionados principios en caso de que el procedimiento se hubiere ralentizado y no exista decisión firme respecto de su culpabilidad; el plazo razonable de duración de la prisión preventiva a efecto de no violentar los principios señalados, debe ponderarse por los jueces de acuerdo al asunto en específico, con base en las variables antes destacadas." En tal contexto, en el caso, se aprecia que a Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez y Jesús Hermilo Aldama Córdova, se les dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la calificativa contemplada en el dispositivo 5, fracción II, de esa misma legislación especial, y por diverso ilícito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar esta clase de antijurídicos tipificado en los numerales 193 y 194, fracción III, del Código Penal Federal. Delitos considerados como graves, en términos de la legislación adjetiva penal federal, como lo dispone el artículo 194, que en lo conducente establece: "ARTÍCULO 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: (.) I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: (.) 12) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. II. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el previsto en el artículo 2.". Al tomar en cuenta que el actual artículo 1° Constitucional dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se llega a la conclusión de que la determinación reclamada se encuentra apegada a derecho, atendiendo a una prudente apreciación. En efecto, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de "presunción de inocencia" y "plazo razonable" que se desprenden de los previsto en los numerales 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, y demás relativos; se considera que fue correcta la determinación del juez de distrito de negar el cese de la prisión preventiva de los quejosos, toda vez que, si bien han transcurrido más de seis años desde que se les dictó auto de bien preso; de actuaciones se advierte que los ilícitos que se les imputa a título de probable comisión, son de naturaleza grave y ello genera el riesgo latente de que dejarlos en libertad a través de una medida cautelar distinta afecte al desarrollo del proceso, por ser factible que busquen evadir la acción de la justicia, dada la eventual severidad de la pena; concomitantemente a ello, no puede decirse que ha transcurrido un plazo razonable porque no han dejado de ejercer su derecho de defensa -cabe enfatizar que la reposición del procedimiento ordenada por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, el veintisiete de febrero de dos mil trece, fue debido a que los propios quejosos interpusieron apelación contra la sentencia condenatoria de veintisiete de febrero de dos mil trece-; lo que ocasiona que por el tiempo transcurrido los quejosos se encuentren sujetos a una privación de su libertad más allá de un plazo razonable. Por consiguiente, se llega a la conclusión de que la autoridad responsable fundó y motivó debidamente el acto reclamado, sin atentar contra los principios pro homine y el de acceso a la administración de justicia, porque aunque no se haya dictado sentencia en contra de los quejosos, ello no significa que la prisión preventiva no se encuentre justificada, pues al respecto existe un auto de formal prisión dictado por el Tribunal de Alzada, en el que se determinó que son probables responsables en la comisión de los delitos que se les imputan; por lo que, además, no se trasgrede el principio de presunción de inocencia, en la medida en que no se les da el tratamiento de culpables; además, no debemos olvidar que la privación de la libertad de los impetrantes es una medida dictada por esa probable responsabilidad en la comisión de delitos graves así calificados por la ley; medida que tiende a asegurar el desarrollo del proceso y la ejecución de la pena. Cabe enfatizar que, para la justificación de la prisión preventiva se necesita que los delitos se sancionen con pena carcelaria; sobre el particular, la Constitución Federal exige que dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial, debe quedar comprobado el cuerpo del delito y existir datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión, para que pueda dictarse auto de bien preso. El que no se les haya sentenciado, no se traduce en que sea violatorio de derechos humanos mantener a los inconformes sujetos a la medida cautelar en comento. Asimismo, la interpretación "pro homine" no puede ser en el sentido que alegan los quejosos, porque contrariamente a lo que sustentan, el tema de plazo razonable debe verse, no respecto de la tardanza en el dictado de una sentencia, sino con base en la instrucción. Porque el acto reclamado es la resolución por la cual durante la instrucción, el juez consideró improcedente cesar la prisión preventiva decretada a los quejosos o sustituirla por una medida cautelar distinta. Si bien han transcurrido más de seis años sin que se dicte sentencia definitiva, lo que aquí interesa analizar es, si debe cesar la prisión preventiva de los quejosos por haber mediado un plazo más que razonable a partir del dictado de la formal prisión. De ahí que no se trastocan ninguno de los principios mencionados, porque el procedimiento ha seguido su cauce en forma paralela a la impugnación de la sentencia condenatoria de veintisiete de febrero de dos mil trece, sin interrupción. Esto es, no se puede afirmar que el juez responsable haya dejado de respetar los principios de "plazo razonable", "pro homine" y "acceso a la administración de justicia", pues la negativa al cese de la prisión preventiva a juicio de este órgano de control constitucional obedece en primer lugar, a la variable del peligro de que evadan la acción de la justicia, la cual surge de la gravedad del delito que se les imputa y a la posibilidad de que pueda imponérseles una pena elevada; circunstancias que se traducen en el riesgo de que su libertad puede afectar al desarrollo del proceso. En efecto, a los quejosos se les atribuye, entre otros, el pertenecer a un grupo que se dedica de manera permanente a cometer delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si se les releva de la medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, el peligro de que se sustraigan de la acción de la justicia es elevado por la eventual severidad de la pena que se les pudiera imponer; no es insensato pensar que una persona procesada por un delito de naturaleza grave, una vez libre, decida fugarse para evitar cumplir con la imposición de una sanción posiblemente alta. Ahora, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya contemplado en forma destacada la gravedad del delito como un elemento para el establecimiento de plazo razonable, no significa que no pueda armonizarse con la variable de peligro de evasión de la acción de la justicia y ponderar así la razonabilidad del plazo. Corolario de lo anterior, si bien ya transcurrieron más de seis años en los que los quejosos han permanecido sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, tiempo que tiene que ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia en caso de ser considerados plenamente responsables; sin embargo, todavía dicha medida cautelar puede prolongarse, porque la temporalidad aún es muy inferior a la penalidad de los delitos que se les atribuyen, cuyo rango oscila para los delitos de delincuencia organizada de los veinte a los cuarenta años de prisión; luego, el riesgo sigue siendo alto de que puedan sustraerse de la acción de la justicia, con lo cual se impediría la marcha regular del proceso. Lo anterior no implica que se les impone un castigo anticipado porque son probables responsables en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, pues únicamente están sujetos a una medida cautelar mientras dura el proceso; y aunque dicha medida es la privación de la libertad, la prisión preventiva es una excepción a la garantía de audiencia previa, en los términos previstos por la norma fundamental. Apoya lo discernido, lo expresado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XVIII/98, visible en la página 28, Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho; materias constitucional y penal; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad." En relación con los tratados internacionales signados por México, si bien, de conformidad con el artículo 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -pacto de San José-, no se pueden suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. La privación de la libertad en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado, no constituye una trasgresión a los principios que refieren los quejosos, en la medida en que el artículo 7.2, del citado ordenamiento, también dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Así las cosas, en nuestro País, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Federal de Procedimientos Penales, permiten la privación de la libertad como medida cautelar, mediante el dictado de un auto de bien preso que se refiera a un delito que merece pena de prisión, motivo por el cual, el que permanezcan sujetos a la citada medida no infringe la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se insiste, no se trata de una pena anticipada. En el mismo orden de ideas, es importante traer a colación lo previsto en los numerales 5°, puntos 1 y 2, y 9°, puntos 1, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -firmado en Nueva York-, donde se preceptúa que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin que pueda ser sometido a detención o prisión arbitrarias; esto es, no podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta; toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, donde la prisión preventiva no debe ser la regla general, la cual tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la ilegalidad de su prisión. De conformidad con dicho Pacto, la prisión preventiva puede ser recurrida ante un tribunal a fin de que este decida sobre su legalidad; la prisión preventiva no debe ser la regla general; asimismo, toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Una interpretación "pro personae" aplicada al derecho nacional en términos del artículo 1° constitucional, permite inferir que la prisión preventiva debe durar un plazo razonable. Sin duda la aplicación del principio de "plazo razonable", es para cualquier fase del procedimiento penal, no obstante lo anterior, en este caso la prisión preventiva se ha prolongado para los quejosos, porque durante la instrucción no han dejado de ejercer su derecho de defensa, variable que también debe tomarse en cuenta para cuantificar el plazo razonable. Asimismo, si bien el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", lo cual responde a una exigencia razonable que debe tomarse en cuenta para estimar si en la especie se han vulnerado los principios a que aluden los inconformes. En este caso, es palpable que el tiempo transcurrido ha estado en función del ejercicio de defensa de los quejosos. El derecho de defensa que tiene todo procesado influye en la temporalidad de la medida cautelar, porque ésta queda a merced de los elementos de convicción que pudiera ofrecer y a los medios de impugnación, los cuales han influido -en la especie- en el tiempo en que se ha desarrollado el proceso (como se advierte de los antecedentes del caso precisados al inicio del presente considerando). Si dentro de los plazos de la ley durante el periodo de instrucción penal, los quejosos no han dejado de ejercer su derecho de defensa, sin que se advierta interrupción en el procedimiento, no se violentan los principios invocados, pues la restricción de su libertad con motivo de la prisión preventiva dictada en su contra, no es contraria al principio de "plazo razonable", toda vez que el derecho de defensa que tiene todo procesado impacta en la ponderación de la temporalidad de dicha medida cautelar provisional. En complemento a lo expuesto, resulta oportuno señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio, son solamente orientadores para las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1° constitucional, lo que significa que, si en este asunto se aprecia que el citado organismo internacional no ha emitido algún criterio de esa índole que pudiera ser tomado en cuenta, entonces no hay perjuicio alguno que afecte a los quejosos. Ilustra lo anterior, la tesis P. LXVI/2011 (9a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se lee en la página 550, Libro III, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Tomo 1, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos." Cabe enfatizar que lo argumentado por la autoridad judicial sí es acorde con la Constitución y los tratados internacionales a que se ha hecho alusión y es lo más favorable a la persona de los quejosos, porque su interpretación de negar el cese de la prisión preventiva se orienta entre otras cosas a que los delitos que se les imputan son graves. En otro aspecto, los quejosos exponen que en el incidente de mérito ofrecieron como prueba la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, emitida con motivo del incidente no especificado de sobreseimiento a favor del encausado Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha, documento que debió ser valorado al resolver la incidencia en términos de lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues la postura de la responsable fue de franca contradicción al no tomar en consideración su propia resolución incidental emitida a favor de diverso coprocesado, a quien se le otorgó la libertad bajo protesta y actualmente goza de su derecho a la libertad, fundándose en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pasando por alto los artículos transitorios que invoca en la resolución reclamada. No asiste razón a los quejosos. Se emite tal aserto, ya que ningún beneficio representa para los quejosos la resolución incidental de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, referida por el Juez responsable en el considerando "Tercero" de la determinación reclamada, pues no se advierte que exista contradicción de criterios, ya que en la referida resolución emitida con motivo del incidente no especificado de sobreseimiento en favor de Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha, el Juez responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del delito que se le imputa al citado encausado (portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea), y el hecho de que en sentencia de veintisiete de febrero de dos mil trece, se le impuso una pena de ocho años tres días de prisión, la cual fue computable a partir del doce de julio de dos mil siete, en que fue detenido, y no obstante que dicha determinación fue revocada y se ordenó la reposición del procedimiento, habían transcurrido diez años y un mes seis días a partir de la detención del procesado, plazo que superaba los dos años establecidos en el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal, motivo por el cual ordenó su inmediata libertad mientras se sigue el proceso, imponiendo una diversa medida cautelar. Por consiguiente, si con el mismo criterio, en la resolución reclamada, se consideró la naturaleza de los delitos que se imputan a los quejosos, los cuales son graves, entonces no podía privar el mismo criterio sostenido la resolución incidental de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, inexistiendo entonces contradicción entre ambos criterios sostenidos por la responsable; pues lo que aquí interesa analizar es, si debe cesar la prisión preventiva de los quejosos por haber mediado un plazo más que razonable a partir del dictado de la formal prisión. Finalmente, los quejosos señalan que existió tardanza en resolver la incidencia reclamada, pues transcurrieron seis meses para que se resolviera el incidente. No asiste razón a los quejosos. Es de afirmar lo anterior, dado que al respecto el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante resolución de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en la queja 60/2016, determinó toralmente que el proceder del Juez de la causa no se tradujo en una conducta que contravenga lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, y por ende, no constituye la omisión de despachar los asuntos de acuerdo a lo establecido en la citada legislación, pues de las peculiaridades que reviste el incidente, se aprecia que cuatro de los cinco encausados se encuentran recluidos en entidades federativas diversas a aquella en que se sigue su proceso; por lo que la forma en que se ordenaron las notificaciones (personales), y la devolución de los exhortos en los que se encomendó su realización, demoraron el plazo promedio. En ese contexto, teniendo en cuenta la dificultad de notificar de manera personal a los quejosos debido a que se encuentran recluidos en entidades federativas diversas a aquella en que se sigue su proceso, ello implicó el retardo en la resolución de la incidencia que nos ocupa, tal como lo determinó el Tribunal de Alzada. Asimismo, cabe enfatizar que el desahogo de los careos procesales y la realización del "Protocolo de Estambul", fueron ordenados con motivo de la reposición del procedimiento emitida por el Tribunal de apelación, con motivo de la impugnación contra la sentencia condenatoria por parte de los propios quejosos. En las relatadas circunstancias, no demostrada la infracción de los preceptos aludidos por los quejosos, ha lugar a negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez y Jesús Hermilio Aldama Cordova, por propio derecho, contra actos que reclamaron del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 477/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito ingresado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, turnado el mismo día a este juzgado; Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez y Jesús Hermilio Aldama Cordova, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado se lleva por autoridad con residencia en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a quien se le reclama: - La resolución de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 51/2007, que declaró improcedente el incidente no especificado de aplicación retroactiva de la ley más favorable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La citada autoridad al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que así debe tenerse. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas actuaciones de la causa penal 51/2007, constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y las partes no hicieron valer alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el numeral 79 fracción III, inciso a) de la Ley de la Materia. Previo a constatar lo anterior, se precisan los antecedentes relevantes del caso: El veinticuatro de agosto de dos mil siete, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República, ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión contra Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha y/o Ector Cecilio Zepeda de la Rocha, Jesús Hermilio Almada Córdova y Carlos Abel Gutiérrez Román, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: a) delincuencia organizada en la hipótesis de delito contra la salud; b) contra la salud en la hipótesis de colaboración al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud; c) portación de arma de uso exclusivo del ejército armada o fuerza aérea; y, d) posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército armada o fuerza aérea. En la misma fecha el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, recibió la consignación sin detenido y la registró bajo el número de causa penal 51/2007; por lo que libró la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador. Un vez que se cumplimentó el mandato de captura, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el cuatro de septiembre de dos mil siete, resolvió la situación jurídica de los encausados en la que dictó auto de formal prisión a Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha y/o Ector Cecilio Zepeda de la Rocha, Jesús Hermilio Almada Córdova y Carlos Abel Gutiérrez Román, por los delitos de: a) Delincuencia organizada en la hipótesis de delito contra la salud; b) Contra la salud en la hipótesis de colaboración al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud; así como auto de formal prisión en los términos siguientes: "SEGUNDO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Francisco Román Gutiérrez alias "Pancho", por el delito de portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, [.] de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas, previsto y sancionado en el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. --- TERCERO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Mario Gutiérrez Román alias "Mayo", en la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas....CUARTO. En la misma temporalidad debe dictarse AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de Jesús Hermilo Aldama Córdova alias "El Buzo", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.QUINTO. En la misma temporalidad debe dictarse AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de Carlos Abel Gutiérrez Román alias "El Loro", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.SEXTO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Álvaro Manuel Ochoa Gil alias "El Gordo", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.SÉPTIMO. Se dicta auto de formal prisión en contra de Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha alias "El Güero", en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, [.] y en la comisión del ilícito de posesión de cartuchos para esas armas.". Inconformes con lo anterior, la defensa de los encausados interpuso apelación, de la cual conoció el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante resolución de veintiocho de noviembre de dos mil siete, modificó el auto de formal prisión de cuatro de septiembre de dos mil siete. En desacuerdo, los encausados promovieron amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y mediante sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictada en el expediente 32/2010, concedió el amparo solicitado para que fueran analizados vicios de forma relativos a la fundamentación y motivación del auto de plazo reclamado. Inconforme con lo anterior, el defensor particular de los procesados interpuso revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil once, dictada en el amparo en revisión 10/2011, modificó la sentencia sujeta a revisión concediendo el amparo para lo siguiente: "1.- Que la autoridad responsable Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, deje sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión dictado en contra de los impetrantes de garantías el veintiocho de noviembre de dos mil siete. --- 2.- Emita una nueva determinación, en la que reitere la acreditación del cuerpo de los siguientes delitos y la probable responsabilidad de los quejosos que a continuación se precisan: Francisco Román Gutiérrez. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mario Gutiérrez Román. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Jesús Hermilo Almada Córdova. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Carlos Abel Gutiérrez Román. Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Álvaro Manuel Ochoa Gil. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como el diverso de Posesión de Cartuchos para esas instituciones, previsto y sancionado por los artículos 83, Quat, fracción II, en concordancia con el diverso 11, inciso c) de la mencionada ley. Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha. Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. --- 3.- Con libertad de jurisdicción, se pronuncie en la nueva resolución, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, respecto del delito de Delincuencia Organizada imputado a todos los quejosos; y el diverso de Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, atribuido a Carlos Abel Gutiérrez Román, de conformidad con los motivos que dieron origen a la protección de garantías, precisados en el considerando octavo de la resolución que se analiza; --- 4.- También con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto del delito de Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el diverso 11, incisos b) y c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, atribuido a Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, y Jesús Hermilo Almada Córdova, para que resuelva acerca de todos los cartuchos que se precisaron en el parte informativo de doce de julio de dos mil siete, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando octavo de esta ejecutoria; --- 5.- Siguiendo los lineamientos precisados en el considerando noveno de esta resolución, precise que las conductas exteriorizadas por los sujetos activos (ahora quejosos), por las que colaboraron al fomento para la comisión de delitos contra la salud, únicamente consistieron en: cuidar la casa de seguridad ubicada en calle Cuatro, número cuatrocientos veintiuno, esquina avenida Durango, Municipio de Caborca, Estado de Sonora, así como las armas aseguradas, por haber sido contratados para ello; mas no las diversas conductas atribuidas, debido a que no están plenamente comprobadas como era: brindar seguridad a Luis Sánchez Páez y Martín Martínez, y como "burreros" para pasar marihuana a Tucson, Arizona, Estados Unidos de América. --- 6.- Asimismo, en el delito contra la salud, en la hipótesis de colaborar de cualquier manera al fomento para la ejecución de delitos de esa naturaleza, atribuido a todos los quejosos, elimine la actualización de la agravante prevista en el artículo 196, fracción III del Código Penal Federal, de conformidad con los motivos expuestos en la última parte del considerando noveno de esta ejecutoria." En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, emitió la resolución correspondiente en el toca penal 245/2007, el diez de mayo de dos mil once, cuyos resolutivos, en lo que interesa, dicen: ".PRIMERO.- Se decreta auto de formal prisión contra Álvaro Manuel Ochoa Gil alias "El Gordo", Francisco Román Gutiérrez alias "Pancho", Mario Gutiérrez Román alias "Mayo", Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha alias "El Güero", Jesús Hermilo Almada Córdova alias "El Buzo" y Carlos Abel Gutiérrez Román alias "El Loro" por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la calificativa contemplada en el dispositivo 5, fracción II, de esta misma legislación especial, y por diverso ilícito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar esta clase de antijurídicos tipificado en los numerales 193 y 194, fracción III, del Código Penal Federal. --- SEGUNDO.- Se dicta auto de formal prisión al inculpado Francisco Román Gutiérrez alias "Pancho" en tanto probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta última ley. --- TERCERO.- Se dicta auto de formal prisión al inculpado Mario Gutiérrez Román alias "Mayo", como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta última ley. --- CUARTO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Jesús Hermilo Almada Córdova alias "El Buzo" como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta última ley. --- QUINTO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Carlos Abel Gutiérrez Román alias "Loro" como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el diverso 11, incisos b) y c), en relación con el f), de esta ley. --- SEXTO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Álvaro Manuel Ochoa Gil alias "El Gordo" en tanto probable responsable en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de esas instituciones, tipificado en el precepto 83 Quat, fracción II, en concordancia con el diverso 11, inciso c), en relación con el f), de esta última ley. --- SÉPTIMO.- Se dicta auto de formal prisión contra el inculpado Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha alias "El Güero", en tanto probable responsable en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción III, penúltimo y último párrafo, en relación con el diverso 11, incisos c), d) y h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asimismo se dicta libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del aludido Zepeda de la Rocha por el delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de las citadas instituciones." El veintisiete de febrero de dos mil trece, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria contra los encausados de referencia por los delitos antes precisados. En desacuerdo con lo anterior, los entonces sentenciados interpusieron apelación, de la cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien el veintisiete de febrero de dos mil trece, dictó sentencia en la que determinó revocar la resolución apelada ordenando la reposición del procedimiento para lo siguiente: ".para el efecto de que el Juez de la causa provea lo conducente en relación a: --- a) El desahogo de los careos procesales, referidos en el punto A de esta ejecutoria, esto es: --- a.1. Entre los procesados ÁLVARO MANUEL OCHOA GIL alias "El Gordo", FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ alias "Pancho", MARIO GUTIÉRREZ ROMÁN alias "Mayo", HÉCTOR CECILIO ZEPEDA DE LA ROCHA alias "El Güero", JESÚS HERMILO ALMADA CÓRDOVA alias "El Buzo" y CARLOS ABEL GUTIÉRREZ ROMÁN alias "El Loro", con los elementos militares aprehensores Macario Hernández Antonio, Carlos Pérez Valle y Fernando Orozco Estrada (quienes signan el oficio de puesta a disposición), así como con los testigos Jorge Ramírez Juárez, Mauro Alvarado González, Emeterio Ramos González, Marcelino Hernández Padilla, Alfonso Bautista Andoney, Geovanni Solís Lara, Obel Hernández Moreno, Pedro Hernández Hernández, Abel Peñaloza Noyola, Jaime Hernández Arista, Fernando Orozco Estrada, Óscar Hidalgo Trujillo, Nicéforo Florencia Castillo, Esteban Bautista Valencia, Saúl Martínez Campos y José Luis Romero Antonio. --- a.2. Entre los testigos de descargo Alejandro Ortiz Ortega, Francisco Valenzuela Gastelum, Luis Fernando Miranda Muñoz, Gerardo Arturo Espinoza Ortega, Ismael Lizárraga Celaya, Carlos Alfonso Madero Parra y Ramón Calderón Gutiérrez, con los militares aprehensores Macario Hernández Antonio, Carlos Pérez Valle y Fernando Orozco Estrada, así como con los diversos militares Jorge Ramírez Juárez, Mauro Alvarado González, Emeterio Ramos González, Marcelino Hernández Padilla, Alfonso Bautista Andoney, Geovanni Solís Lara, Obel Hernández Moreno, Pedro Hernández Hernández, Abel Peñaloza Noyola, Jaime Hernández Arista, Fernando Orozco Estrada, Óscar Hidalgo Trujillo, Nicéforo Florencia Castillo, Esteban Bautista Valencia, Saúl Martínez Campos y José Luis Romero Antonio. --- b) Observe lo establecido en el apartado B, de esta ejecutoria, esto es: --- b.1. Lleve a cabo el desahogo de las testimoniales de Ramiro García, María de los Ángeles Valenzuela, Francisco Javier Bonilla, Rubén González Salcido, Ramón Ángel y Francisco, ambos de apellidos Frasquillo Yáñez, y en su caso las diversas de Leonardo Reyes Morales y Juan José Rivera Rodríguez, para el caso de que respecto a esta últimas los encausados no se adhieran al desistimiento de su defensor. --- En la inteligencia de que ante el silencio u omisión del desahogo de algún requerimiento efectuado hacia los justiciables respecto de dichas probanzas, se deberá entender tácito su consentimiento con todo aquello que se traduzca en un beneficio de sus derechos fundamentales, tal como pudiera ser el insistir en el desahogo de cualesquiera de las testimoniales destacadas, por lo que el Juez de la causa deberá adoptar todas las medidas que se encuentren a su alcance, dentro del marco legal, para vigilar que no se violenten las prerrogativas constitucionales y legales de los justiciables. --- De igual manera, para el caso de que se recaben los testimonios enunciados en el inciso b.1, el Juez de la causa no deberá dejar de analizar las potenciales contradicciones sustanciales que llegaren a suscitarse con algún testigo que haya depuesto en el proceso y, para el caso de actualizarse alguna, deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales. --- Hecho lo anterior, deberá continuar con la normal sustanciación del procedimiento, hasta dictar, con plenitud de jurisdicción, la resolución correspondiente; por lo que deberá dejar sin efectos los autos por los que se decretó cerrada la instrucción, por el que se tuvieron por formuladas las conclusiones del Ministerio Público de la Federación, por el que se tuvo por presentadas las diversas del defensor Público Federal y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Penales, la citada audiencia, así como la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil trece." Durante la prosecución del trámite procedimental, mediante escrito ingresado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el defensor particular de los procesados Carlos Abel Gutiérrez Román, Francisco Román Gutiérrez, Mario Gutiérrez Román, Jesús Hermilo Almada Córdova y Álvaro Manuel Ochoa Gil promovió en la vía incidental, la aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo. En auto de veintiséis de agosto siguiente, se admitió a trámite el incidente planteado. Mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se declaró improcedente el incidente. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, para controvertir lo anterior, los quejosos señalan que la autoridad responsable infringe el principio pro persona contemplado en el artículo 1° de la Carta Magna, pues han permanecido en prisión preventiva nueve años, ocho meses y tres días, sin que hasta el momento se les haya dictado sentencia definitiva, razón por la cual y al haberse excedido el tiempo máximo establecido por la vigente Constitución General de la República para que se les dicte sentencia, se vulnera su derecho humano a la libertad establecido en el artículo 20, aparatado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Federal; motivo por el cual estiman se actualiza a su favor el principio de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, y al no aplicarlo el Juez de la causa infringe el principio de mayor beneficio, sin respetar lo establecido en el artículo 20 Constitucional. Indican además, que el Juez responsable los mantiene ilegítimamente detenidos en prisión preventiva al negarse acatar la norma Constitucional, ya que han permanecido en prisión preventiva por más de dos años sin que se le haya dictado sentencia definitiva, además de que si no se ha dictado sentencia no es porque lo deseen o porque estén gozando del derecho de defenderse, sino que se debe a una imposición arbitraria por parte del Juez responsable, pues han manifestado la oposición a que se realicen los careos procesales, así como que les sean practicados los estudios relativos al "Protocolo de Estambul"; de ahí que solicitan se les ponga en inmediata libertad bajo protesta, mientras se sigue su proceso, pues ello constituye la imposición de una medida cautelar aplicable. Señalan también, que la responsable infringe el principio de acceso a la administración de justicia, mismo que se establece en diversos tratados internacionales que prevén estándares mínimos para ese derecho humano, verbigracia el Pacto de Derechos Civiles y Políticos numeral 14.18, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 8.1 y 25.1, que si bien no lo reconocen literalmente, la Corte Interamericana ha interpretado en diversos casos los artículos en cita, determinando la violación del derecho de acceso a la justicia, y con la entrada en vigor de la citada reforma adquirieron vigencia los derechos humanos protegidos por la Carta Magna y por los Tratados Internacionales, entre los que se encuentra la libertad bajo protesta, además de haberse incorporado el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Precisan que, de acuerdo al contenido del artículo 133 de la Carta Magna, en ninguna parte se otorga rango de supremacía constitucional a los artículos transitorios de alguna reforma, menos a los artículos cuarto y quinto transitorios en que se apoya el Juez responsable, por lo que el paradigma entre normas constitucionales no existe, pues el numeral 20 Constitucional reformado sí goza de supremacía constitucional; de ahí que, teniendo en consideración que el principio de la Ley más favorable al reo establecido en el artículo 14 Constitucional, interpretado contrario sensu, si bien establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, se admite como excepción la aplicación de la ley más favorable al reo, que en materia Constitucional su aplicación es irrestricta y no debe estar condicionada a cuestiones de legalidad o formalidad contempladas en leyes secundarias. Enfatizan que, la responsable abandona la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que considera como constitucionales los tratados internacionales que obligan a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o comprometer al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, la inserción en el sistema jurídico interno del derecho internacional y de los tratados en materia de derechos humanos. Estiman también, que la autoridad responsable interpreta erróneamente los preceptos constitucionales y ordenamientos internacionales de observancia obligatoria, al considerar que no puede ejercer control de convencionalidad alguno. No asiste razón a los quejosos. En efecto, de inicio debe acotarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un documento en el que se condensan los principios y valores del Pueblo de México, contiene los derechos fundamentales, las libertades de los individuos, las normas que dan pauta a la prevalencia del Estado de derecho y que rigen la organización, funcionamiento y atribuciones de los poderes públicos, así como de los organismos autónomos y su relación con los habitantes. De conformidad con el principio de Supremacía Constitucional; es cierto que todas las normas relativas a los derechos humanos quedan subordinadas a dicho documento y a los tratados internacionales signados por este País; el ejercicio de tales derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahora bien, el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Dicho decreto fue resultado de una discusión, sobre la necesidad de incorporar al derecho interno la obligación de los órganos del Estado, de respetar, aplicar y hacer efectivos los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por México. Por consiguiente, la reforma constitucional tuvo como propósito modernizar la Ley Fundamental y ponerla en sincronía con el ámbito internacional a fin de darle hegemonía a los principios que caracterizan a los derechos humanos en el mundo, como son: la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. El Poder reformador hizo énfasis en que el principio de universalidad debe regir el ámbito de los derechos humanos en el país, al igual que los principios de interdependencia, progresividad, e indivisibilidad, mismos que necesitan contar con la plena protección jurisdiccional, para que el agraviado pueda acudir a los tribunales a pedir justicia y obtener, de ser el caso, un fallo favorable; ya que es obligación de éstos resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos; concepción que protege a todas las personas sin distinguir su condición social, jurídica o política. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite restringir el derecho de libertad del gobernado al disponer la prisión preventiva como medida cautelar y provisional, para todo procesado por delito o delitos que merecen pena corporal. Para la formalización de la prisión preventiva son requisitos necesarios: la comprobación del cuerpo del delito sancionado con pena privativa de la libertad y la justificación de que alguien es probable responsable de su comisión. Su duración no puede ser mayor a la que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En el ámbito internacional, en sentido amplio se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está entre otras cosas en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva. En nuestro País, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso; en el aseguramiento de la ejecución de la pena; y en evitar los daños al ofendido y a la sociedad. De tal suerte que la libertad de una persona, a título de prisión preventiva puede restringirse en forma apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito sancionado con pena privativa de la libertad, existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad. No obstante lo anterior, la propia Carta Fundamental, para salvaguardar los principios y valores del Estado mexicano, dispone a favor de todo gobernado la prerrogativa de que pueda permanecer en libertad mientras se le sigue proceso, siempre y cuando: a) Se trate de delitos que por su gravedad la ley expresamente no lo prohíba. b) No haya sido condenado con anterioridad por algún delito de esa naturaleza -grave-. c) No se hayan aportado por parte del agente del Ministerio Público elementos para establecer que la libertad del inculpado representa un riesgo para el sujeto pasivo del delito o para la sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -salvo lo dispuesto en relación con la libertad provisional bajo caución-, no prevé expresamente que pueda analizarse la restricción de la libertad del procesado realizada con motivo del dictado del auto de formal prisión; sin embargo, eso no significa que no sea posible constatar, si se violentan en su perjuicio los principios de "debido proceso legal" y "plazo razonable", emanados de la Ley Suprema de la Unión; en atención a dichos principios es factible examinar, pasado un plazo razonable, si la mencionada restricción a su libertad debe tutelarse desde otra perspectiva, en aras de favorecerlo en la protección más amplia (principio "pro personae") como lo exponen los quejosos; desde luego, se debe interpretar lo anterior de acuerdo con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Desde la perspectiva de la Ley Fundamental, una aproximación para considerar razonable el plazo de la prisión preventiva es: Cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; Un año, si la pena excede de ese tiempo; o, Mayor tiempo, si el imputado ejerce su derecho de defensa. No obstante lo anterior, establecer un "plazo razonable" únicamente desde esa óptica, podría ser atentatorio de los derechos humanos de la persona, por ejemplo si al inculpado se le mantiene privado de su libertad con motivo del auto de formal prisión y éste ya no quiere ofrecer pruebas, siendo su deseo renunciar al plazo constitucional para ser juzgado y que se le sentencie de inmediato a pesar de que todavía no ha transcurrido el tiempo que la Ley Suprema establece para tal efecto -incisos I o II-; entonces, el que se le constriñera sin decisión firme a permanecer en prisión preventiva hasta la culminación de los plazos constitucionales sería excesivo. Esto es, puede infringirse el principio de "plazo razonable", al darse el supuesto de que un proceso penal se pueda instruir y sentenciar en un lapso inferior al fijado en la constitución, cuando el procesado ya no quiere ejercer su derecho de defensa, renuncia a los plazos y no obstante ello, se le mantiene en prisión preventiva con motivo del auto de formal prisión y no se le sentencia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, hasta marzo de mil novecientos noventa y siete, recibió denuncias contra el Estado Argentino, que tenían como denominador común la excesiva duración de la prisión preventiva para las personas sometidas a proceso criminal. En su informe 2/97, hizo un señalamiento expreso, en el sentido de que la situación jurídica de la persona que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa, porque existe una sospecha en su contra, sin que esté demostrada su culpabilidad. Estableció que el derecho al levantamiento de la prisión preventiva luego de transcurrido un cierto tiempo, se encontraba garantizado por el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. De igual manera, adujo que el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo 7.5, que establece: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. (.) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". De lo contrario -explicó-, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada y constituye una violación del artículo 8.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre esas premisas, estableció que la razonabilidad del plazo se debe fundar en la prudente apreciación judicial. Para tal efecto, sostuvo que el juzgador debe analizar todos los elementos relevantes a fin de determinar cuándo existe una necesidad genuina de mantener la prisión preventiva y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes a la excarcelación del procesado. Recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos, resolvió con respecto del artículo 5.3 de la Convención Europea, que la determinación del plazo razonable de la prisión preventiva debía basarse en las razones proveídas por las autoridades judiciales nacionales para la detención, y en los hechos no controvertidos presentados por los acusados para desvirtuar lo decidido por dichas autoridades. Con base en tales discernimientos, expuso que la información por las autoridades judiciales nacionales debía ser analizada en cada caso, a fin de llegar a la conclusión correcta en relación con la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva. Al revisar su propia jurisprudencia y la de los órganos internacionales de derechos humanos, llegó a la conclusión de que las razones legítimas que permiten justificar la prisión preventiva de una persona durante un plazo prolongado son: La sospecha de que el acusado cometió un delito: aunque sostuvo que esto único resulta insuficiente para justificar la continuación de la privación de la libertad. El peligro de fuga: en cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia. Aseveró que las citadas variables por sí solas no resultan suficientes para justificar la continuación de la prisión preventiva luego de haber transcurrido un lapso prudente, toda vez que a medida que aumentara la duración de la detención, el tiempo debía ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia. De igual manera, indicó que deben tomarse en cuenta los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que la mantendrían en el país; sin soslayar la posibilidad de fijar fianza suficiente en el sentido de que la perspectiva de perderla pudiera ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que el procesado se fugara o eludiera la acción de la justicia. Riesgo de comisión de nuevos delitos: al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos en relación con el detenido, reiteró que se debía tener en cuenta la gravedad del delito. Pero para justificar la prisión preventiva, el peligro de nueva comisión tenía que ser real, para tal efecto, resultaba especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado anteriormente fue condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión: plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. Pero, una vez concluida la investigación, esa necesidad por sí sola tampoco podía justificar la continuación de la medida restrictiva. La necesidad de investigación -enfatizó- debía fundarse en un peligro efectivo de que el proceso de investigación sería impedido por la liberación del acusado. Riesgo de presión sobre los testigos: el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación. Empero, cuando la investigación prosigue y dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la justificación para mantener la prisión preventiva. Las autoridades judiciales deben demostrar igualmente que existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos o sospechosos por parte del procesado. Preservación del orden público: en circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado. En todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento: sostuvo que aún en los casos en que se consideraran suficientes las razones expuestas por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva, se debía justipreciar, si tales autoridades habían empleado la debida diligencia al sustanciar el procedimiento a fin de que tal medida no se vuelva irrazonable. Razones las anteriores, que fueron avaladas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 27/2012, que permiten establecer parámetros exactos para conocer cómo ponderar un "plazo razonable" en la duración de la prisión preventiva, determinado al respecto lo siguiente: "Por consiguiente, la ecuación para el plazo razonable queda conformada de la siguiente manera: Plazo razonable = f (probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria; peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; viabilidad de presión sobre los testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; ejercicio efectivo del derecho de defensa; eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad). Los jueces fundándose en una prudente apreciación, deben evaluar en cada caso los factores anteriores en forma razonada y proporcional, para concluir si el procesado ha pasado un plazo razonable restringido de su libertad precautoriamente y sobre esa base dictar lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que la interpretación que realicen debe favorecer de la manera más amplia posible a la persona imputada, a fin de no causarle un menoscabo en su "dignidad humana". A manera de corolario, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho- no prevé que con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, el juzgador pueda pronunciarse respecto de la restricción cautelar de la libertad del procesado antes de que se dicte la sentencia correspondiente -salvo lo relativo a la libertad provisional bajo caución-; sin embargo, al ser la libertad un bien de la más alta jerarquía axiológica, es posible analizar si amerita que se tutele. En efecto, en atención a los principios de "presunción de inocencia", "debido proceso", "pro homine" "plazo razonable" y "dignidad humana", emanados de la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -firmado en Nueva York-, se llega a la conclusión de que es viable ponderar si la restricción provisional de la libertad del procesado atenta contra los mencionados principios en caso de que el procedimiento se hubiere ralentizado y no exista decisión firme respecto de su culpabilidad; el plazo razonable de duración de la prisión preventiva a efecto de no violentar los principios señalados, debe ponderarse por los jueces de acuerdo al asunto en específico, con base en las variables antes destacadas." En tal contexto, en el caso, se aprecia que a Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez y Jesús Hermilo Aldama Córdova, se les dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la calificativa contemplada en el dispositivo 5, fracción II, de esa misma legislación especial, y por diverso ilícito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar esta clase de antijurídicos tipificado en los numerales 193 y 194, fracción III, del Código Penal Federal. Delitos considerados como graves, en términos de la legislación adjetiva penal federal, como lo dispone el artículo 194, que en lo conducente establece: "ARTÍCULO 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: (.) I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: (.) 12) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. II. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el previsto en el artículo 2.". Al tomar en cuenta que el actual artículo 1° Constitucional dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se llega a la conclusión de que la determinación reclamada se encuentra apegada a derecho, atendiendo a una prudente apreciación. En efecto, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de "presunción de inocencia" y "plazo razonable" que se desprenden de los previsto en los numerales 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, y demás relativos; se considera que fue correcta la determinación del juez de distrito de negar el cese de la prisión preventiva de los quejosos, toda vez que, si bien han transcurrido más de seis años desde que se les dictó auto de bien preso; de actuaciones se advierte que los ilícitos que se les imputa a título de probable comisión, son de naturaleza grave y ello genera el riesgo latente de que dejarlos en libertad a través de una medida cautelar distinta afecte al desarrollo del proceso, por ser factible que busquen evadir la acción de la justicia, dada la eventual severidad de la pena; concomitantemente a ello, no puede decirse que ha transcurrido un plazo razonable porque no han dejado de ejercer su derecho de defensa -cabe enfatizar que la reposición del procedimiento ordenada por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, el veintisiete de febrero de dos mil trece, fue debido a que los propios quejosos interpusieron apelación contra la sentencia condenatoria de veintisiete de febrero de dos mil trece-; lo que ocasiona que por el tiempo transcurrido los quejosos se encuentren sujetos a una privación de su libertad más allá de un plazo razonable. Por consiguiente, se llega a la conclusión de que la autoridad responsable fundó y motivó debidamente el acto reclamado, sin atentar contra los principios pro homine y el de acceso a la administración de justicia, porque aunque no se haya dictado sentencia en contra de los quejosos, ello no significa que la prisión preventiva no se encuentre justificada, pues al respecto existe un auto de formal prisión dictado por el Tribunal de Alzada, en el que se determinó que son probables responsables en la comisión de los delitos que se les imputan; por lo que, además, no se trasgrede el principio de presunción de inocencia, en la medida en que no se les da el tratamiento de culpables; además, no debemos olvidar que la privación de la libertad de los impetrantes es una medida dictada por esa probable responsabilidad en la comisión de delitos graves así calificados por la ley; medida que tiende a asegurar el desarrollo del proceso y la ejecución de la pena. Cabe enfatizar que, para la justificación de la prisión preventiva se necesita que los delitos se sancionen con pena carcelaria; sobre el particular, la Constitución Federal exige que dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial, debe quedar comprobado el cuerpo del delito y existir datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión, para que pueda dictarse auto de bien preso. El que no se les haya sentenciado, no se traduce en que sea violatorio de derechos humanos mantener a los inconformes sujetos a la medida cautelar en comento. Asimismo, la interpretación "pro homine" no puede ser en el sentido que alegan los quejosos, porque contrariamente a lo que sustentan, el tema de plazo razonable debe verse, no respecto de la tardanza en el dictado de una sentencia, sino con base en la instrucción. Porque el acto reclamado es la resolución por la cual durante la instrucción, el juez consideró improcedente cesar la prisión preventiva decretada a los quejosos o sustituirla por una medida cautelar distinta. Si bien han transcurrido más de seis años sin que se dicte sentencia definitiva, lo que aquí interesa analizar es, si debe cesar la prisión preventiva de los quejosos por haber mediado un plazo más que razonable a partir del dictado de la formal prisión. De ahí que no se trastocan ninguno de los principios mencionados, porque el procedimiento ha seguido su cauce en forma paralela a la impugnación de la sentencia condenatoria de veintisiete de febrero de dos mil trece, sin interrupción. Esto es, no se puede afirmar que el juez responsable haya dejado de respetar los principios de "plazo razonable", "pro homine" y "acceso a la administración de justicia", pues la negativa al cese de la prisión preventiva a juicio de este órgano de control constitucional obedece en primer lugar, a la variable del peligro de que evadan la acción de la justicia, la cual surge de la gravedad del delito que se les imputa y a la posibilidad de que pueda imponérseles una pena elevada; circunstancias que se traducen en el riesgo de que su libertad puede afectar al desarrollo del proceso. En efecto, a los quejosos se les atribuye, entre otros, el pertenecer a un grupo que se dedica de manera permanente a cometer delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si se les releva de la medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, el peligro de que se sustraigan de la acción de la justicia es elevado por la eventual severidad de la pena que se les pudiera imponer; no es insensato pensar que una persona procesada por un delito de naturaleza grave, una vez libre, decida fugarse para evitar cumplir con la imposición de una sanción posiblemente alta. Ahora, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya contemplado en forma destacada la gravedad del delito como un elemento para el establecimiento de plazo razonable, no significa que no pueda armonizarse con la variable de peligro de evasión de la acción de la justicia y ponderar así la razonabilidad del plazo. Corolario de lo anterior, si bien ya transcurrieron más de seis años en los que los quejosos han permanecido sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, tiempo que tiene que ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia en caso de ser considerados plenamente responsables; sin embargo, todavía dicha medida cautelar puede prolongarse, porque la temporalidad aún es muy inferior a la penalidad de los delitos que se les atribuyen, cuyo rango oscila para los delitos de delincuencia organizada de los veinte a los cuarenta años de prisión; luego, el riesgo sigue siendo alto de que puedan sustraerse de la acción de la justicia, con lo cual se impediría la marcha regular del proceso. Lo anterior no implica que se les impone un castigo anticipado porque son probables responsables en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, pues únicamente están sujetos a una medida cautelar mientras dura el proceso; y aunque dicha medida es la privación de la libertad, la prisión preventiva es una excepción a la garantía de audiencia previa, en los términos previstos por la norma fundamental. Apoya lo discernido, lo expresado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XVIII/98, visible en la página 28, Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho; materias constitucional y penal; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad." En relación con los tratados internacionales signados por México, si bien, de conformidad con el artículo 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -pacto de San José-, no se pueden suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. La privación de la libertad en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado, no constituye una trasgresión a los principios que refieren los quejosos, en la medida en que el artículo 7.2, del citado ordenamiento, también dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Así las cosas, en nuestro País, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Federal de Procedimientos Penales, permiten la privación de la libertad como medida cautelar, mediante el dictado de un auto de bien preso que se refiera a un delito que merece pena de prisión, motivo por el cual, el que permanezcan sujetos a la citada medida no infringe la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se insiste, no se trata de una pena anticipada. En el mismo orden de ideas, es importante traer a colación lo previsto en los numerales 5°, puntos 1 y 2, y 9°, puntos 1, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -firmado en Nueva York-, donde se preceptúa que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin que pueda ser sometido a detención o prisión arbitrarias; esto es, no podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta; toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, donde la prisión preventiva no debe ser la regla general, la cual tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la ilegalidad de su prisión. De conformidad con dicho Pacto, la prisión preventiva puede ser recurrida ante un tribunal a fin de que este decida sobre su legalidad; la prisión preventiva no debe ser la regla general; asimismo, toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Una interpretación "pro personae" aplicada al derecho nacional en términos del artículo 1° constitucional, permite inferir que la prisión preventiva debe durar un plazo razonable. Sin duda la aplicación del principio de "plazo razonable", es para cualquier fase del procedimiento penal, no obstante lo anterior, en este caso la prisión preventiva se ha prolongado para los quejosos, porque durante la instrucción no han dejado de ejercer su derecho de defensa, variable que también debe tomarse en cuenta para cuantificar el plazo razonable. Asimismo, si bien el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", lo cual responde a una exigencia razonable que debe tomarse en cuenta para estimar si en la especie se han vulnerado los principios a que aluden los inconformes. En este caso, es palpable que el tiempo transcurrido ha estado en función del ejercicio de defensa de los quejosos. El derecho de defensa que tiene todo procesado influye en la temporalidad de la medida cautelar, porque ésta queda a merced de los elementos de convicción que pudiera ofrecer y a los medios de impugnación, los cuales han influido -en la especie- en el tiempo en que se ha desarrollado el proceso (como se advierte de los antecedentes del caso precisados al inicio del presente considerando). Si dentro de los plazos de la ley durante el periodo de instrucción penal, los quejosos no han dejado de ejercer su derecho de defensa, sin que se advierta interrupción en el procedimiento, no se violentan los principios invocados, pues la restricción de su libertad con motivo de la prisión preventiva dictada en su contra, no es contraria al principio de "plazo razonable", toda vez que el derecho de defensa que tiene todo procesado impacta en la ponderación de la temporalidad de dicha medida cautelar provisional. En complemento a lo expuesto, resulta oportuno señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio, son solamente orientadores para las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1° constitucional, lo que significa que, si en este asunto se aprecia que el citado organismo internacional no ha emitido algún criterio de esa índole que pudiera ser tomado en cuenta, entonces no hay perjuicio alguno que afecte a los quejosos. Ilustra lo anterior, la tesis P. LXVI/2011 (9a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se lee en la página 550, Libro III, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Tomo 1, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos." Cabe enfatizar que lo argumentado por la autoridad judicial sí es acorde con la Constitución y los tratados internacionales a que se ha hecho alusión y es lo más favorable a la persona de los quejosos, porque su interpretación de negar el cese de la prisión preventiva se orienta entre otras cosas a que los delitos que se les imputan son graves. En otro aspecto, los quejosos exponen que en el incidente de mérito ofrecieron como prueba la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, emitida con motivo del incidente no especificado de sobreseimiento a favor del encausado Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha, documento que debió ser valorado al resolver la incidencia en términos de lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues la postura de la responsable fue de franca contradicción al no tomar en consideración su propia resolución incidental emitida a favor de diverso coprocesado, a quien se le otorgó la libertad bajo protesta y actualmente goza de su derecho a la libertad, fundándose en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pasando por alto los artículos transitorios que invoca en la resolución reclamada. No asiste razón a los quejosos. Se emite tal aserto, ya que ningún beneficio representa para los quejosos la resolución incidental de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, referida por el Juez responsable en el considerando "Tercero" de la determinación reclamada, pues no se advierte que exista contradicción de criterios, ya que en la referida resolución emitida con motivo del incidente no especificado de sobreseimiento en favor de Héctor Cecilio Zepeda de la Rocha, el Juez responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del delito que se le imputa al citado encausado (portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea), y el hecho de que en sentencia de veintisiete de febrero de dos mil trece, se le impuso una pena de ocho años tres días de prisión, la cual fue computable a partir del doce de julio de dos mil siete, en que fue detenido, y no obstante que dicha determinación fue revocada y se ordenó la reposición del procedimiento, habían transcurrido diez años y un mes seis días a partir de la detención del procesado, plazo que superaba los dos años establecidos en el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal, motivo por el cual ordenó su inmediata libertad mientras se sigue el proceso, imponiendo una diversa medida cautelar. Por consiguiente, si con el mismo criterio, en la resolución reclamada, se consideró la naturaleza de los delitos que se imputan a los quejosos, los cuales son graves, entonces no podía privar el mismo criterio sostenido la resolución incidental de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, inexistiendo entonces contradicción entre ambos criterios sostenidos por la responsable; pues lo que aquí interesa analizar es, si debe cesar la prisión preventiva de los quejosos por haber mediado un plazo más que razonable a partir del dictado de la formal prisión. Finalmente, los quejosos señalan que existió tardanza en resolver la incidencia reclamada, pues transcurrieron seis meses para que se resolviera el incidente. No asiste razón a los quejosos. Es de afirmar lo anterior, dado que al respecto el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante resolución de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en la queja 60/2016, determinó toralmente que el proceder del Juez de la causa no se tradujo en una conducta que contravenga lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, y por ende, no constituye la omisión de despachar los asuntos de acuerdo a lo establecido en la citada legislación, pues de las peculiaridades que reviste el incidente, se aprecia que cuatro de los cinco encausados se encuentran recluidos en entidades federativas diversas a aquella en que se sigue su proceso; por lo que la forma en que se ordenaron las notificaciones (personales), y la devolución de los exhortos en los que se encomendó su realización, demoraron el plazo promedio. En ese contexto, teniendo en cuenta la dificultad de notificar de manera personal a los quejosos debido a que se encuentran recluidos en entidades federativas diversas a aquella en que se sigue su proceso, ello implicó el retardo en la resolución de la incidencia que nos ocupa, tal como lo determinó el Tribunal de Alzada. Asimismo, cabe enfatizar que el desahogo de los careos procesales y la realización del "Protocolo de Estambul", fueron ordenados con motivo de la reposición del procedimiento emitida por el Tribunal de apelación, con motivo de la impugnación contra la sentencia condenatoria por parte de los propios quejosos. En las relatadas circunstancias, no demostrada la infracción de los preceptos aludidos por los quejosos, ha lugar a negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Álvaro Manuel Ochoa Gil, Francisco Román Gutiérrez y Jesús Hermilio Aldama Cordova, por propio derecho, contra actos que reclamaron del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe; hasta el día de hoy catorce de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron.

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