Jesús Heriberto López Reta

Expediente 823/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
823/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Jesús Heriberto López Reta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese la razón actuarial de dos de marzo del año en curso, de la que se advierte que a la actuaria judicial de este órgano jurisdiccional, no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de veintisiete de febrero de la presente anualidad, por los motivos asentados en la misma; en tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese el acuerdo de que se trata y las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Y DICHA DETERMINACIÓN EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de seis meses que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo para que proceda la devolución o cancelación de la garantía otorgada por la parte quejosa en este asunto, por tanto, se provee: Se ordena la devolución a la parte quejosa del billete de depósito ******************** expedido por Banco del Bienestar, por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, que exhibió para garantizar la suspensión provisional, y debidamente endosado a su nombre devuélvasele, previa razón que de su recibo se deje en estos autos. A disposición. En tal virtud, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el billete de depósito a que se ha hecho referencia se encuentra a su disposición, por lo que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente y legible, a efecto de que mediante comparecencia recoja el billete de depósito en cuestión. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del fisco federal. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de seis meses que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo para que proceda la devolución o cancelación de la garantía otorgada por la parte quejosa en este asunto, por tanto, se provee: Se ordena la devolución a la parte quejosa del billete de depósito ******************** expedido por Banco del Bienestar, por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, que exhibió para garantizar la suspensión provisional, y debidamente endosado a su nombre devuélvasele, previa razón que de su recibo se deje en estos autos. A disposición. En tal virtud, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el billete de depósito a que se ha hecho referencia se encuentra a su disposición, por lo que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente y legible, a efecto de que mediante comparecencia recoja el billete de depósito en cuestión. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del fisco federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional. Asimismo, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Devuélvanse al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, en San Luis Potosí los dos discos compactos que presentó en este juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de autos se advierte que, las restantes partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, en San Luis Potosí, en el que manifiesta que sí es cierto el acto reclamado únicamente por lo que hace a la orden de aprehensión, toda vez que en la audiencia de veintitrés de junio del año en curso libró la citada orden en contra del quejoso Jesús Heriberto López Reta, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar reiterada. Sin embargo, posteriormente el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del promovente del amparo, se autorizó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso por el término de doce meses, imponiendo las medidas contenidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones I, II, VIII y IX, además de que se ordenó girar oficio a la Dirección General de Métodos de Investigación haciendo saber que el imputado se presentó de manera voluntaria y quedó sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña dicha autoridad responsable, consistentes en el índice cronológico de la audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, celebrada en el expedientillo RI/SLP/EXP-977/2021 de su índice y un disco compacto. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en audiencia de veintitrés de junio del año en curso, en su contra por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar reiterada, en el expedientillo RI/SLP/EXP-977/2021 y, su ejecución. Causal de improcedencia. Visto el oficio de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;...". Dicha fracción dispone que cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Antecedentes del acto reclamado De las constancias que obran en autos, así como del informe justificado que se agrega en este proveído las que adquieren eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 fracciones II y VII, 129, 188, 197, 202 y 10-Adel Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se advierte: La autoridad responsable informó que el uno de septiembre de dos mil veintiuno dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Jesús Heriberto López Reta y autorizó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso por el término de doce meses, imponiendo las medidas contenidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones I, II, VIII y IX. Caso concreto De lo anterior, se advierte que una vez que el quejoso Jesús Heriberto López Reta, compareció voluntariamente el uno de septiembre del año en curso; y en esa fecha en la causa penal RI/SLP/CP-507/2021, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en el expedientillo RI/SLP/EXP-977/2021 -audiencia de veintitrés de junio del año en curso-; donde dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar reiterada. Lo anterior, hace patente la improcedencia del presente juicio de amparo por cambio de situación jurídica, por lo que ve a la orden de aprehensión reclamada, al haber cesado en sus efectos la situación jurídica anterior. Esto es así, porque el amparo que se promueve en contra de la orden de captura, resulta improcedente cuando se emite el auto de vinculación, por haber cambiado la situación jurídica, ya que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que se hayan cometido en aquélla, por no poder decidir sobre la misma, sin afectar la situación jurídica que se generó al pronunciarse el auto de vinculación, pues ahora la libertad del inconforme se encuentra restringida por la segunda de las resoluciones mencionadas, mas no por dicha orden. De lo anterior, se desprende que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de esa determinación, ya que no es posible analizar dicho acto sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado. Por lo que, con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que las violaciones atribuidas al acto reclamado han quedado consumadas de forma irreparable. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas al acto reclamado, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y remitido a este Juzgado el diez siguiente, mientras que una vez que el quejoso compareció ante el juez de la causa, el uno de septiembre del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar reiterada. Por tanto, el presente juicio de amparo se torna improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, sin afectar la nueva situación jurídica. Apoyo lo precedente, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Asimismo, sirve de apoyo por su contenido la jurisprudencia XIII.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que expresa: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". El sobreseimiento decretado es extensivo respecto de los actos de ejecución que el citado quejoso atribuye a la autoridad ejecutora, toda vez que no se reclamaron por vicios propios sino como consecuencia de la orden de aprehensión emitida por la autoridad ordenadora. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada en el presente juicio de amparo para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

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