Jesús Heriberto Leyva

Expediente 1038/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1038/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Jesús Heriberto Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 1038/2023 El veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con el estado de autos y la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios remitidos por la autoridad responsable, mediante los cuales cumple con el requerimiento formulado en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, e informa el acato a la suspensión de plano decretada en este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.Vistas las constancias actuariales de cuenta, se tiene a los agraviados cumpliendo con lo requerido en autos. Suspensión de plano En tal contexto, tomando en consideración que en la razón actuarial ******************** precisó como actos destacados la tortura y amenazas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato los actos anteriormente precisados de los que se dice es objeto ********************, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. No obstante, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, autorizándose copia certificada de la totalidad de las actuaciones de este asunto, para que inicie la investigación correspondiente respecto de la afectación relacionada con la tortura de la que el aludido promovente dice es objeto. Es aplicable la tesis 1a. CCVII/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 561, libro 6, mayo 2014, tomo I, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA." Requerimiento Por otra parte, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal lo siguiente: Si los directamente agraviados Daniel Wilfrido Vázquez López y ********************, formularon controversia en relación con sus condiciones de internamiento -orden de traslado-. Si los cuadernos de ejecución ********************, ******************** y ********************, corresponden a controversias promovidas por los aludidos impetrantes. En su caso, deberá comunicar el estado procesal que guarde cada uno de los cuadernos de ejecución correspondientes. Apercibido que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notifíquese.

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