Jesús Heriberto García García
Expediente 764/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Heriberto García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en este biinstancial, el cual radicó como toca 195/2023. Por otro lado, se comisiona a la oficialía Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa contra el proveído que declaró el sobreseimiento del presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la representación adscrita a este juzgado, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Certificación. El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el suscrito secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hago constar que mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que compareciera ante este juzgado, a fin de que se le hiciera entrega de los edictos para su publicación, lo cual debía acreditar dentro de los veinte días siguientes; asimismo, que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se hizo entrega al autorizado del impetrante, de los edictos para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en cualquiera de los diarios de mayor circulación en el Estado de Sonora, haciéndose constar que se hizo sabedor del apercibimiento decretado en el auto aludido de nueve de noviembre pasado; lo anterior, sin que a la fecha la parte quejosa haya acreditado la publicación de los edictos, no obstante que el plazo de veinte días para acreditar su publicación transcurrió del veintidós de noviembre al diecinueve de diciembre pasado, descontando los días veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser días inhábiles conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo. Se asienta lo anterior, para debida constancia y efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Jesús Enrique Mata Palafox, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo por tener interés contrario a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por lo que se ordenó el emplazamiento correspondiente. Con motivo de lo anterior, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional levantó razón en la cual hizo constar la imposibilidad para llamar a juicio al citado tercero interesado, por lo que, en proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio cierto y correcto en el cual pudiera ser emplazado dicho tercero interesado. No obstante, y sin que la parte quejosa hubiese desahogado el requerimiento formulado, mediante proveído de doce de septiembre de la anualidad pasada, este juzgador procedió a actuar conforme lo establece el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y se inició el procedimiento de investigación respectivo, por lo que se libraron oficios a diversas dependencias para que informaran lo relativo al domicilio del mencionado tercero interesado, sin embargo, el resultando de dicho procedimiento fue infructuoso. Bajo ese contexto fue, que el nueve de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa y se le requirió para que compareciera ante este Juzgado a recoger los edictos y los publicara, lo que debía acreditar dentro de un plazo de veinte días, siguientes computados legalmente. Dicho proveído se emitió con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el acuerdo referido con antelación, el autorizado de la parte quejosa acudió a recoger los edictos el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, comparecencia en la cual además expuso que se hizo sabedor del apercibimiento señalado. En esa medida, conforme a la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veinte días a la parte quejosa, sin que acreditara la publicación de los edictos tal como se ordenó en autos. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, ante el incumplimiento de la carga procesal imputable a la parte quejosa y al contravenir esta circunstancia con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos de mérito, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurrió el quejoso al no acreditar la publicación de los edictos, impide tener constituida la relación jurídica entre el solicitante del amparo y los terceros interesados, lo que detona que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en contravención con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, pues su interés particular no puede quedar por encima del interés público, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.22/2015 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 725, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1 a./J. 2/2014 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, consultable en la página 24, Libro 22, Septimbere de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Por lo anterior, y acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles a que remite aquél, deriva que la publicación de los edictos "a costa del quejoso" a que se refiere el primero, corresponde únicamente al importe total que se cobre por dicha publicación en: a) el Diario Oficial de la Federación; y, b) un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo." Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2014, también emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 727, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del terceo perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no fue objeto de modificación la tesis jurisprudencial 2a./J. 64/2002, que aparece publicada en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Hágase del conocimiento de las partes esta circunstancia, realícense las anotaciones correspondientes. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo -las once horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés-. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Ismael Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Jesús Enrique Mata Palafox, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo por tener interés contrario a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por lo que se ordenó el emplazamiento correspondiente. Con motivo de lo anterior, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional levantó razón en la cual hizo constar la imposibilidad para llamar a juicio al citado tercero interesado, por lo que, en proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio cierto y correcto en el cual pudiera ser emplazado dicho tercero interesado. No obstante, y sin que la parte quejosa hubiese desahogado el requerimiento formulado, mediante proveído de doce de septiembre de la anualidad pasada, este juzgador procedió a actuar conforme lo establece el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y se inició el procedimiento de investigación respectivo, por lo que se libraron oficios a diversas dependencias para que informaran lo relativo al domicilio del mencionado tercero interesado, sin embargo, el resultando de dicho procedimiento fue infructuoso. Bajo ese contexto fue, que el nueve de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa y se le requirió para que compareciera ante este Juzgado a recoger los edictos y los publicara, lo que debía acreditar dentro de un plazo de veinte días, siguientes computados legalmente. Dicho proveído se emitió con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el acuerdo referido con antelación, el autorizado de la parte quejosa acudió a recoger los edictos el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, comparecencia en la cual además expuso que se hizo sabedor del apercibimiento señalado. En esa medida, conforme a la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veinte días a la parte quejosa, sin que acreditara la publicación de los edictos tal como se ordenó en autos. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, ante el incumplimiento de la carga procesal imputable a la parte quejosa y al contravenir esta circunstancia con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos de mérito, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurrió el quejoso al no acreditar la publicación de los edictos, impide tener constituida la relación jurídica entre el solicitante del amparo y los terceros interesados, lo que detona que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en contravención con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, pues su interés particular no puede quedar por encima del interés público, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.22/2015 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 725, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1 a./J. 2/2014 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, consultable en la página 24, Libro 22, Septimbere de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Por lo anterior, y acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles a que remite aquél, deriva que la publicación de los edictos "a costa del quejoso" a que se refiere el primero, corresponde únicamente al importe total que se cobre por dicha publicación en: a) el Diario Oficial de la Federación; y, b) un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo." Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2014, también emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 727, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del terceo perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no fue objeto de modificación la tesis jurisprudencial 2a./J. 64/2002, que aparece publicada en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Hágase del conocimiento de las partes esta circunstancia, realícense las anotaciones correspondientes. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo -las once horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés-. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Ismael
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 17/ENERO/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA...
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