Jesús Hazael Bañuelos Zarco
Expediente 1895/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1895/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesús Hazael Bañuelos Zarco
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, queda firme la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto vigesimo primero del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista fijada en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el contenido de la determinación emitida el veintisiete de noviembre que de manera sintetizada indica: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Hazael Bañuelos Zarco, contra actos del Juez Civil del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y otras autoridades, de quienes reclama la negativa de consultar el expediente 453/2013, relativo al juicio especial hipotecario. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el 1895/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley en consulta. anterior es así porque el peticionario de amparo señala como acto reclamado la negativa de consultar el expediente 453/2013, relativo al juicio especial hipotecario. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la Ley de la Materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: ".V.- ACTO RECLAMADO De la autoridad ordenadora: La falta de justicia rápida y expedita y debido proceso De la autoridad ejecutora Que a la suscrita las autoridades responsables no le permiten ver y checar el expediente 453/2013." Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. se advierte que en contra de autos dictados dentro de la ejecución de sentencias, la negativa o negligencia en el desempeño de sus cargos, procede el recurso de queja. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que esencialmente la parte quejosa reclama la negativa de consultar el expediente 453/2013, relativo al juicio especial hipotecario. En este orden de ideas, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto precisado con antelación, en términos de la fracción XVIII del artículo 61, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda.Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual se anexó el original del juicio de amparo 934/2018, del índice de dicha autoridad. Se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como lo ordenó el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en determinación de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Hazael Bañuelos Zarco, contra actos del Juez Civil del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y otras autoridades, de quienes reclama la negativa de consultar el expediente 453/2013, relativo al juicio especial hipotecario. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el 1895/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley en consulta. Lo anterior es así porque el peticionario de amparo señala como acto reclamado la negativa de consultar el expediente 453/2013, relativo al juicio especial hipotecario. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la Ley de la Materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: ".V.- ACTO RECLAMADO De la autoridad ordenadora: La falta de justicia rápida y expedita y debido proceso De la autoridad ejecutora Que a la suscrita las autoridades responsables no le permiten ver y checar el expediente 453/2013." Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en las normas secundarias, pues en el caso, procede la queja, conforme al artículo 518 fracción IV, en relación con los artículos 553 y 554 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, los cuales disponen lo siguiente: ".ARTICULO 518.- De los recursos que se admiten. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I.- Revocación y reposición; II.- Revisión; III.- Apelación; y, IV.- Queja. ARTICULO 553.- Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: I.- Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante; II.- Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias; III.- Contra la denegación de la apelación; IV.- Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V.- En los demás casos fijados por la Ley. La queja contra los jueces procede aun cuando se trate de juicios en los que por su cuantía no se admite recurso de apelación." "ARTICULO 554.- Recurso de queja contra actos de secretarios y actuarios judiciales. El recurso de queja contra actos de secretarios y actuarios podrá interponerse, por: I.- Actos ilegales o irregularidades cometidas al ejecutar las resoluciones del Juez; y, II.- Por omisiones o negligencia en el desempeño de sus cargos." De los enunciados normativos trascritos, se advierte que en contra de autos dictados dentro de la ejecución de sentencias, la negativa o negligencia en el desempeño de sus cargos, procede el recurso de queja. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que esencialmente la parte quejosa reclama la negativa de consultar el expediente 453/2013, relativo al juicio especial hipotecario. En este orden de ideas, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto precisado con antelación, en términos de la fracción XVIII del artículo 61, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda. Transparencia y acceso a la información pública Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y solamente por autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que indica. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Guillermo Amaro Correa, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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