Jesús Gutiérrez Guzmán

Expediente 1267/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1267/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Jesús Gutiérrez Guzmán
  • Consejo Técnico de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se acusa recibo a Tribunal de Alzada. Agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, solicita se le acuse recibo del juicio de amparo directo 454/2022, de su índice, mismo que se recibió en este juzgado el dieciséis de noviembre de la presente anualidad, avocándonos al conocimiento del mismo. Atento a su contenido, como lo solicita y en obvio de mayores dilaciones procesales, acúsese recibo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, lo anterior para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Informa compensación demanda de amparo. Téngase por recibido el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional, que se efectuó la compensación requerida quedando registrada en el sistema de turno con el número de registro 20220869034001721, del rubro amparo indirecto y contabilizada en favor de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con una impresión de la boleta del sistema de turno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio 26506/2022, suscrito por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo 1247/2022, de su índice, en razón de que dicho órgano jurisdiccional refiere que la presente demanda se encuentra relacionada con el diverso juicio de amparo 964/2022, de nuestro índice. Acúsese recibo. 1.2. Compensación de demanda. Hágase del conocimiento del Titular de la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, con copia del oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, para que realice la compensación correspondiente. 2. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Jesús Gutiérrez Guzmán, contra actos del Consejo Técnico de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por conducto de su Presidente; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1267/2022. 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución de veinticuatro de agosto de este año, en que se determinó que no procedía el recurso que hizo valer contra el acta dictaminadora relativa al Concurso de Oposición Abierto 2022/2022 de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 4. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De dichos artículos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación, que se resumen de la manera siguiente: Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que la resolución que constituye el acto reclamado está vinculada al Concurso de Oposición Abierto, para la asignación de materias de forma definitiva 2022/2022 de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para cubrir una plaza dentro de la referida universidad. En su demanda de amparo el quejoso refiere que no existe relación laboral con la autoridad responsable, pues ésta no es parte patronal, porque todavía no le ha contratado para la prestación de un servicio. No obstante ello, en el caso, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, pues el acto reclamado deriva del ejercicio a la autonomía universitaria que establece el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, tales como educar, investigar y difundir la cultura, y que además le otorga libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. En el caso, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, establece: "ARTICULO 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para: I . . VIII. Fijar los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y ." Así, la autonomía universitaria a que se ha hecho referencia, aplicada al caso concreto, conlleva constitucionalmente a que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo goce de independencia para establecer los requisitos y las reglas para el ingreso, promoción y permanencia del personal académico para garantizar el derecho a la educación, al margen de interferencias e intereses ajenos. Por lo cual, no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del amparo al Consejo Técnico de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por conducto de su Presidente, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica del acto que se le reclama, no ejerce un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, quien tiene el carácter de aspirante a catedrático de dicha institución, pero no de gobernado que pudiera verse afectado en sus derechos constitucionales por no resultar favorecido con la determinación reclamada, pues como participante de aquél concurso, sólo tenía una expectativa a ser nombrado, pero no un derecho a ser elegido de entre todos los aspirantes. Virtud a lo anterior, en el caso no estamos en presencia de un acto que implique una relación en la que la universidad señalada como responsable de forma unilateral y con imperio afecte la esfera jurídica del quejoso, y que por ello pueda ser combatible a través del amparo. Se aplica a lo anterior por analogía la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." 5. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 6. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a Rafael León Torres quien gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

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