Jesús Guillermo Ley Robles
Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Guillermo Ley Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos la copia certificada del oficio remitido por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Devolución de legajo de prueba. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, por lo cual, como se determinó en dicho auto, resulta innecesario conservar los documentos originales, entre los cuales se encuentra el legajo de prueba señalado como tomo I, que fue formado con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable (presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje); en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Del estado de los autos y la certificación de cuenta se advierte, que los juicios de derechos 116/2022 y 144/2022 del índice de este juzgado, promovidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y Jesús Guillermo Ley Robles, respectivamente, se señaló en estos como acto reclamado, la resolución incidental de liquidación del laudo dictado en el juicio laboral 907/2017, además, que por resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, se decretó la acumulación del juicio 142/2022 al mencionado 116/2022; por otra parte, en el presente juicio se señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables, de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo dictado en el juicio 907/2017, esto es, que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue al ahora quejoso la pensión por vejez en los términos precisados en la Ley del Seguro Social. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al respecto, este juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado, existe una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio (trece de enero de dos mil veintidós) y hasta la data en que se emite la presente determinación, el acto reclamado subsiste, pues no se ha proveído lo necesario para que al ahora quejoso le sea otorgada la pensión por vejez, ordenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sin embargo, al tener a la vista los juicios de derechos 116/2022 y 142/2022 (acumulados) del índice de este juzgado, se advierte que en estos, se señaló como acto reclamado, la resolución incidental de liquidación del laudo dictado en el juicio laboral 907/2017. Por otra parte, en el laudo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se condenó a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, a otorgar al actor Jesús Guillermo Ley Robles, la pensión de vejez en términos de la Ley del Seguro Social. En la parte considerativa del citado laudo, se precisó lo siguiente: ".por lo que en esa tesitura al concluir que reúne los requisitos de dicho numeral, es acreedor del beneficio reclamado, por tanto se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a que otorgue la pensión por vejez al C. JESÚS GUILLERMO LEY ROBLES en términos del artículo 167 de la Ley del Seguro Social a partir de la fecha de la presentación de la demanda, así como se hace acreedor a que se otorguen las designaciones familiares y el aguinaldo anual, prestaciones que se deberán calcular en el incidente de liquidación respectivo, en términos del numeral 843 de la ley laboral." Luego, como se dijo con antelación, el veintitrés de noviembre del año anterior, se dictó la resolución incidental en la que se realizaron los cálculos correspondientes, con el objeto de otorgar al ahora quejoso, entre otros, la pensión por vejez; sin embargo, en los mencionados juicios de derechos 116/2022 y 142/2022 del índice de este juzgado, se señaló como acto reclamado la resolución incidental de liquidación antes referida, por lo que dicha resolución no se encuentra firme, al existir la posibilidad de su modificación en la sentencia de amparo que se dicte en el juicio de derechos 116/2022 y su acumulado 142/2022, del índice de este juzgado. Por tanto, el acto reclamado en este juicio de amparo no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal en que actualmente se encuentran los juicios de derechos apenas mencionados en el párrafo anterior. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la legislación en cita, por lo que hace al acto omisivo reclamado a la autoridad responsable. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el órgano jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa -once horas con veinticinco minutos del veinticinco de abril del año en curso-. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
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