Jesús Guillermo Lara Fernández
Expediente 726/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2016
Partes del expediente
- Jesús Guillermo Lara Fernández
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite un telegrama, así como los oficios 827 y 832, ambos del Juez responsable, visto su contenido, se provee: Téngase al Juez de lo Civil de Tlatlauquitepec Puebla, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para tal efecto, informa que por auto de dos de mayo del año en curso, dentro del expediente 213/2013, dejó insubsistente todo lo actuado únicamente respecto de NANCY CASTILLO VIVEROS, a partir de la diligencia de emplazamiento hasta la sentencia y la totalidad de los actos emitidos para su ejecución, ordenando realizar su debido emplazamiento, remitiendo para tal efecto la constancia de notificación que así lo justifica. Asimismo, se advierte que giró oficio al Registrador Público de la Propiedad del distrito judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, a efecto de que levante el embargo trabado sobre el bien inmueble propiedad de NANCY CASTILLO VIVEROS. Con lo anterior en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado de Puebla, por medio del cual nombra como perito oficial a Octavio Peña Pizano. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días que se concedió a las partes mediante auto de diecisiete de febrero del año en curso, respecto de la admisión de la prueba pericial en vialidad terrestre ofrecida por el peticionario de amparo, para que se encontraran en aptitud de nombrar perito de su parte y en su caso, adicionaran el cuestionario sobre el que versaría dicha probanza; atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Tomando en consideración que han transcurrido los cinco días concedidos a las partes por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se declara que ha precluído el derecho de las partes para que nombraran perito de su parte o adicionaran el cuestionario sobre el que versará la prueba pericial en Vialidad Terrestre e Ingeniería de Tránsito y Transporte. Asimismo, se advierte de autos que la parte quejosa y la autoridad responsable Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, nombraron como perito de su parte a Joel Alfonso Alba Cruz y Leonardo Jaime Mone Urióstegui y la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, nombró a Octavio Peña Pizano, para que funja como perito oficial dentro de la prueba aludida. En consecuencia, requiérase a los aludidos peritos, a través de quien los represente, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden notificados de este proveído, se presenten ante este Juzgado Federal, debidamente identificados en día y hora hábiles de oficina a aceptar y protestar el cargo conferido. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo: a) Al quejoso, si no comparece se tendrá por desierta la prueba en su perjuicio por falta de interés en su deshago. b) Al de la autoridad responsable y al perito oficial se harán acreedores a una multa equivalente al valor diario de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237 y 259, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En tales circunstancias, dígase a los peritos nombrados por las partes, así como al que fungirá como oficial, que deberán dictaminar teniendo como base los cuestionarios que los oferentes de la prueba exhibieron en el presente asunto. Finalmente, de autos se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, se sirviera informar sobre la posibilidad de nombrar un perito en la materia de que se trata, al respecto infórmese que ya no es necesario, pues con esta fecha se tuvo como tal a Octavio Peña Pizano.
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