Jesus Guillermo Balanzar Reyes
Expediente 877/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesus Guillermo Balanzar Reyes
Actuaciones
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente electrónico con el registro ******************** en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA. ********************, en su calidad de imputado. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. ACTO RECLAMADO El acto futuro en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada de manera provisional (durante el término constitucional), que se pretende imponer en audiencia de comunicación de imputación que se llevará a cabo el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 19 Constitucionales. DESECHAMIENTO. De la lectura de la demanda de amparo, se estima que se surte LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, por INAFECTACIÓN DEL INTERÉS JURÍDICO DEL JUSTICIABLE. Lo anterior es así, ya que del estudio realizado al escrito inicial de la demanda, se podrá determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Los numerales en cita, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Los preceptos citados 61, fracción XII, y 5°, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (...)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De los dispositivos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa; entonces, para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad, es indispensable que le produzca a la parte quejosa un agravio dentro de su esfera jurídica o difuso cuando se promueve en favor de la colectividad. Bajo esa condición, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos tanto por la Constitución Federal, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, la noción de perjuicio, para los efectos del amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir a demandar que cese esa transgresión. El contexto anterior hace evidente la existencia de elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, los cuales son concurrentes, pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. Para acreditar el interés jurídico la parte quejosa del juicio de amparo debe demostrar, necesariamente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo, el promovente del amparo debe acreditar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. De esta manera, se reitera que el juicio de amparo puede ser promovido únicamente por aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo, de ahí que el perjuicio debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Así, como la parte quejosa tiene la carga de demostrar la afectación a su interés jurídico, éste debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones; es decir, el gobernado que acude ante la instancia constitucional debe demostrar, en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo; de tal suerte que la comprobación del interés jurídico se vincula directamente con el bien que se dice afectado. En concordancia con lo expuesto, la quejosa reclama: El acto futuro en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada de manera provisional (durante el término constitucional), que se pretende imponer en audiencia de comunicación de imputación que se llevará a cabo el ocho de septiembre de dos mil veintitrés; lo anterior en la causa penal ******************** Con esa sola manifestación, se pone en evidencia la actualización notoria y manifiesta de la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA anotada, en la consideración de que la imposición de la media cautelar a que alude el justiciable es una mera especulación, un acto inmaterial, futuro e incierto, el cual, al no invadir la esfera del peticionario no le genera un agravio personal, real, directo y actual que motive la procedencia para admitir la demanda de que se trata, En cuya circunstancia, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, 112 y 113 de la Ley de Amparo, como 107, fracción I de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, dado que el acto reclamado es FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA. Se invoca en apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Cuarto Circuito, consultable n la página 5968 del libro 77, agosto de dos mil veinte, tomo VI, Décima Época Registro digital: 2021833, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, SI AÚN NO SE HA CELEBRADO LA AUDIENCIA RELATIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado diversos criterios que postulan que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos, pues son nulas las posibilidades a que el acto de alguna autoridad pudiera causar daño o perjuicio a una persona determinada, sin que éste sea actual o inminente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido -en los casos que proceda-, una vez formulada la imputación o se haya vinculado a proceso al imputado. Por tanto, si al momento de la presentación de la demanda de garantías, aún no se verifica la etapa relativa a la imposición de medidas cautelares al incoado, resulta claro que no existe certeza de su materialización ni de su realización inminente y, en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso, lo que por vía de consecuencia actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado para recibirla con las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************; ya que su cédula si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente autorizando para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que menciona, por así solicitarlo la parte promovente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO. Atendiendo a la certificación secretarial realizada en el juicio principal, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario ********************, únicamente para que consulte el expediente electrónico de este asunto, no así para realizarle notificaciones electrónicas por no haberlo solicitado. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. PETICIÓN A LAS PARTES. En otro aspecto, se exhorta a las partes de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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