Jesús Guillen Rubio

Expediente 1583/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1583/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
03/04/2018

Partes del expediente

  • Jesús Guillen Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado de la Administración Chapultepec Cuernavaca, de la Gerencia Postal Morelos, por medio del cual remite copia certificada de las piezas postales relativas a los oficios: 3869/2018COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES. (AUTORIDAD RESPONSABLE)3870/2018COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE)3871/2018COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) En consecuencia, únicamente se ordena agregar sin mayor proveído en virtud de que las citadas piezas postales ya obran en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sarai González Galicia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1583/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Toda vez que la directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, al quejoso JESÚS GUILLEN RUBIO, el presente acuerdo y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante exclusivamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado de la Administración Chapultepec Cuernavaca, de la Gerencia Postal Morelos, por medio del cual informa el tratamiento dado a las piezas postales relativas a los oficios: 3869/2018COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES. (AUTORIDAD RESPONSABLE)3870/2018COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE)3871/2018COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Adviértase que fueron despachados a la oficina postal de "TACUBA" en la Ciudad de México; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes. Por consiguiente, requiérase al Jefe de la Oficina Postal "TACUBA"en la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las piezas postales relativas a los oficios: 3869/2018 COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 3870/2018 COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 3871/2018 COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES, COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL y COORDINADOR GENERAL DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, para que dentro del término de TRES DÍAS, contadas a partir de que se encuentre notificada del presente auto; informe vía telegráfica a este Juzgado, si se encuentran notificadas de los oficios 3869/2018, 3870/2018 y 3871/2018, por el cual se hace del conocimiento la sentencia dictada en autos; en caso afirmativo, señale en qué fecha fue notificada, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso que se le concede, se le impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1583/2017-II, promovido por JESUS GUILLEN RUBIO, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido ese día en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Jesús Guillen Rubio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México y otras autoridades, reclamado lo siguiente: "I. Reclamo la propuesta para que el suscrito sea trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social Cefereso diverso (sic)." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete ordenó registrar la demanda promovida por Jesús Guillen Rubio, con el expediente 1583/2017-II, por lo que solicitó a las autoridades responsables 1) Comité Técnico interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, 2) Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, 3) Coordinador General de Centros Federales, 4) Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, 5) Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y 6) Comisionado General de la Policía Federal, su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por el quejoso. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto reclamado por el quejoso Esteban Eduardo Chaides Barrera consiste en: La sesión ordinaria XVII de veintiséis de abril del dos mil diecisiete, llevada a cabo por el Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el que emite su opinión a efecto de que se traslade al quejoso a su lugar de procedencia que implique su traslado. La autorización de la propuesta de traslado del quejoso a otro centro de reclusión. Cabe destacar que la propuesta de la orden de traslado se corrobora de las constancias que en copia certificada remitió la licenciada Gabriela Prietto Avalos (Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial) en la que asentó que las copias eran una reproducción fiel y exacta del expediente CFRP/2078/2014, certificadas el diez de noviembre del dos mil diecisiete, sin que se advirtiera diversa propuesta posterior a la ya citada. documentos que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, consistente en la autorización de la propuesta del traslado a otro centro de reclusión. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables a) Comisionado General de la Policía Federal, b) Coordinador General de Centros Federales, c) Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, con sede en México d) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el impetrante haya desvirtuado dicha negativa con prueba alguna Así, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama. Toda vez que la propuesta de la orden de traslado se corrobora de las constancias que en copia certificada remitieron dichas autoridades responsables en apoyo a su informe justificado (anexo I), entre ellas, copia certificada del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, derivado de la XVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; documentos que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Esto más aún si se tiene en cuenta que fue expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, además de que no se advierte que hayan sido impugnadas ni desestimadas en su contenido con medio de prueba alguna. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página 153, de título y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente. Se advierte que en el presente juicio de amparo, respecto a las autoridades responsables denominadas como: a) Comisionado General de la Policía Federal, b) Coordinador General de Centros Federales, c) Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, con sede en México d) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En virtud de que de las constancias del juicio se advierte que no emitieron, dictaron, ejecutaron o dejaron de realizar los actos que se reclaman, por lo que no se le puede considerar como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, razón por la cual debe sobreseerse en cuanto a ésta se refiere, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Máxime que en la especie se acreditó que dichos actos reclamados fueron realizados por las diversas autoridades responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos y Titular del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos". Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Novena Época), identificada con el número I.5o.P. J/3 consultable en la página 1363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, registro número 177141, que precisa lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS." Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la propuesta de traslado a su centro de procedencia, emitida en XVII sesión ordinaria de veintiséis de abril del dos mil diecisiete, por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, se da la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." Lo anterior, porque de la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico y el legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 2004501, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia 852 emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 394808, cuyo rubro y texto indican: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la propuesta de egreso y consecuente traslado a diverso centro penitenciario y que no se trata de un acto que transgreda sus derechos humanos reconocidos ni sus derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello toda vez que únicamente se trata de una propuesta y no una orden para trasladarlo de un centro penitenciario a otro, estando supeditada a la autorización que en su caso, pudiera realizar el juez de ejecución competente, tal y como lo determinó la propia responsable en el único punto resolutivo del acuerdo derivado de la XVII sesión ordinaria mencionada (foja 637 a 639 de autos). Por tanto, aun cuando el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, haya emitido el acto, lo cierto es que el mismo no afecta el interés jurídico del quejoso, entendido éste como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente, pues no se causa un perjuicio ni se afecta la esfera jurídica del promovente de manera real, objetiva y jurídica, ni ocasiona un agravio personal y directo pues, como se indicó, los efectos y consecuencias de la propuesta de traslado contenida en la décimo séptima sesión ordinaria de veintiséis de abril del dos mil diecisiete, es un acto futuro e incierto, que pudiera materializarse o no, pues se requiere que el juez de ejecución competente, autorice el egreso y traslado del impetrante del centro federal donde se encuentra recluido a otro diverso, siendo en este momento cuando se otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de amparo para impugnarlo. Ahora bien, conviene precisar que respecto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, esta no corresponde a las autoridades administrativas, ni tampoco de los eventos que surjan durante dicha etapa, entre ellas, el traslado a diverso centro de reclusión; pues a partir de las reformas de los artículos 18 y 21 constitucionales, es facultad exclusiva del poder judicial, y no del ejecutivo. Lo anterior tiene sustento en el hecho consistente en que a partir del diecinueve de junio de dos mil once, con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo un sistema penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, por ende, cualquier aspecto relacionado con su ejecución, surgido después esa fecha corresponde a la autoridad judicial competente y no de la autoridad administrativa, cuya función en la etapa de ejecución de sanción se limita a la administración de los lugares en los que los sentenciados compurgan la pena impuesta, sin tener injerencia en los aspectos jurídicos relevantes que surjan durante la vigencia de la pena, pues éstos, son de competencia exclusiva del poder judicial. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.17/2012, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 18, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." Criterio que incluso toma vigencia al establecerse Jurisprudencialmente por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, constituye en acto formal y materialmente jurisdiccional y no administrativo, pues la competencia legal para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10ª ), sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 17 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época, que indica lo siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada." Bajo dichas premisas, es dable concluir que la determinación de los lugares donde un sentenciado debe cumplir la pena, a partir de la reforma constitucional en comento, es competencia exclusiva de la autoridad judicial, a quien le corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pudieran producir sobre tal aspecto. Lo anterior fue sostenido en la Jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional". Sin embargo, en el caso concreto, como se anticipó, se reclama la propuesta de egreso y consecuente traslado a diverso centro penitenciario del quejoso y en la opinión emitida en la sesión ordinaria referida en el párrafo que antecede se refiere a un posible egreso y consecuente traslado, sin que resulte una determinación en sí misma. Cierto, los estudios realizados al quejoso que culminaron con la propuesta reclamada se tratan de simples opiniones técnicas, tendientes a hacer del conocimiento de la autoridad a la que le corresponda, la existencia de una situación jurídica o fáctica determinada, para que se dicte la resolución que en derecho proceda, por lo que aquéllas opiniones, en sí mismas, no obligan unilateralmente, pues están sujeta a que sean acogidas o no por la autoridad judicial de que se trate. Aunado a ello, la propuesta en cuestión no tiene, por sí sola, una ejecución de imposible reparación, habida cuenta de que como ya se señaló, con ella no se emite una resolución decisoria; ciertamente, la opinión emitida por sí sola no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos de la parte quejosa. Sustenta lo anterior por identidad jurídica al caso, la tesis emitida en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, página 583, que dispone: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DEL DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y CONSULTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Como el dictamen que rinde el director general de lo Contencioso y Consultivo de la Procuraduría General de la República al oficial mayor, informando que un elemento de seguridad no aprobó la pericial poligráfica en términos de los artículos 11 bis-1, 11 bis-2 y 11 bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es una simple opinión tendiente a hacer de su conocimiento, la existencia de una situación jurídica o fáctica determinada, para que el oficial mayor dicte la resolución que en derecho proceda, es claro que dicho dictamen no obliga unilateralmente y, por tanto, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque está sujeto a que sea acogido o no por la autoridad administrativa mencionada." También respalda lo anterior por identidad jurídica, la tesis emitida en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 5, página 4706, que establece: "SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL AMPARO QUE PROMUEVAN CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA ES IMPROCEDENTE. Conforme a los artículos 44 a 60 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 83 a 88 de su reglamento, la referida institución cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza que tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza de sus servidores públicos, con sujeción a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de verificar que satisfagan los requisitos de permanencia en relación con el cumplimiento a los principios constitucionales de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Así, los mencionados servidores públicos deberán someterse y aprobar los siguientes exámenes: a) patrimonial y de entorno social; b) médico; c) psicométrico y psicológico; d) poligráfico, y e) toxicológico y, en caso de no resultar aptos, dejarán de prestar sus servicios en la dependencia, previo desahogo del procedimiento de terminación del nombramiento o de separación del servicio en que se les citará a una audiencia para que manifiesten lo que a su derecho convenga; una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización de dicha procuraduría resolverá lo que corresponda. En estas condiciones, los actos emitidos dentro de los procesos de evaluación de control de confianza no tienen, por sí solos, una ejecución de imposible reparación, porque no se ha emitido la resolución decisoria y, por tanto, el amparo promovido en su contra por los señalados servidores públicos es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el precepto 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo." De la misma forma sustenta lo antes expuesto por identidad jurídica al caso, la tesis emitida en la Novena Época por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1952, que dice lo siguiente: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO EL RESULTADO "NO APTO" DE SU EVALUACIÓN CONJUNTA DEL PROCESO DE CONTROL DE CONFIANZA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). El resultado "no apto" de la evaluación conjunta del proceso de control de confianza practicada a los agentes del Ministerio Público de la Federación, por sí solo no les causa perjuicio, pues para separarlos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal no basta esa evaluación, sino que es necesario sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en 2008, en el cual podrán cuestionar dicho resultado, pues aun cuando sirve de base para instaurarlo y para decretar su separación, como este hecho es futuro de realización incierta, no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos del examinado. Por tanto, los mencionados servidores públicos carecen de interés jurídico para reclamar en el amparo el mencionado resultado." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley en cita, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa, respecto a la propuesta de traslado. Por la conclusión alcanza, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su escrito inicial de demanda (foja 02 a 04), así como sus manifestaciones en vía de alegatos realizadas mediante escritos de once de diciembre del dos mil diecisiete (fojas 122 y 123), toda vez que dichos conceptos de violación y manifestaciones no cambiarían el sentido de este fallo. Tal consideración se funda en la tesis Jurisprudencial con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 24, Tercera parte, pagina 49, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. El criterio adoptado por este juzgador ha sido confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoctavo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 365/2017, derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 1597/2015-III, del índice de este juzgado. La invocación de la ejecutoria dictada por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ella a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. SEXTO. El quejoso está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, notifique este fallo al quejoso Jesús Guillen Rubio y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. SEPTIMO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Guillen Rubio, contra el acto consistente en la sesión ordinaria VIII de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la que se emite opinión a efecto de que se traslade al quejoso a su lugar de procedencia, y la autorización a las autoridades 1) Comité Técnico interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, 2) Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, 3) Coordinador General de Centros Federales, 4) Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, 5) Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y 6) Comisionado General de la Policía Federal, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Gírese despacho para notificar esta sentencia al quejoso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.

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