Jesús Guadalupe Sandoval Ríos
Expediente 965/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Guadalupe Sandoval Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que en proveído de diez de los actuales mes y año, se tuvo entre otro, a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia de la Región Sur, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe con justificación, a través del cual hizo del conocimiento de este juzgado federal que el ocho de noviembre de la presente anualidad, fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Sur, con residencia en esta localidad, el quejoso ********************, generando la causa penal 651/2023 del índice del aludido órgano jurisdiccional, asimismo, comunicó que se programó audiencia de control de legalidad de la detención, para las doce horas con treinta minutos del día nueve siguiente, de conformidad con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Sur, con residencia en esta localidad, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo, informe el estado procesal que guarda la causa penal 651/2023 de su índice administrativo, asimismo, remita copia certificada de las constancias que la integran. Bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo o manifestar su imposibilidad legal para ello, se hará acreedor a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, de acuerdo a lo establecido en los preceptos jurídicos 237 y 259 del propio ordenamiento legal. Por otra parte, téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por el licenciado ********************, autorizado del quejoso ********************, mediante el cual ofrece como prueba el video consistente en las grabaciones videografías que realizaron las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia, conocido como C4-i y de la institución bancaria denominada ********************, ubicada en la esquina que forman las ********************, ambos con asiento en esta municipalidad, a fin de desvirtuar las manifestaciones rendidas por las autoridades responsables; memorial que se reserva proveer hasta en tanto el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Sur, desahogue la prevención formulada en los párrafos que anteceden.
- Principal
De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase recibido el oficio S.S.P.M./A.J./2277/2023, firmado autógrafamente por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, en representación del titular de dicha dependencia, por medio del cual rinde informe justificado y remite pruebas documentales en copia certificada, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acodará sobre su admisión y desahogo; memoriales que se ordenan glosar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con lo cual se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Respecto a la designación de domicilio para oír y recibir notificaciones, deberá estarse a lo acordado en auto de nueve de noviembre del año en curso.
- Principal
Informes relativos a la suspensión de plano. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, ténganse recibidos los oficios 765/2023 y S.S.P.M./A.J./2208/2023, firmados autógrafamente, el primero por el Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia de la Región Sur y el segundo por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, en representación del titular de dicha dependencia municipal, todos sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe relativo a la suspensión de plano decretada en el sumario en que se actúa; memoriales que se ordenan glosar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con los cuales se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 965/2023, de los que se advierte la razón actuarial en la que hace constar que el directo agraviado ********************, ratificó la demanda promovida en su favor. El Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: - La integración de una carpeta de investigación seguida en su contra. - La privación de su libertad personal e incomunicación. DESECHAMIENTO PARCIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. A LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consiste en la integración de una carpeta de investigación seguida en su contra, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés jurídico en el juicio de amparo constituye en realidad un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional, con el objeto de que se anule o se deje sin efecto un acto específico de autoridad que está afectando, de manera negativa, un derecho individualizado y legítimo del que dicho gobernado es titular y que considera violatorio de algún derecho fundamental protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en el sentido que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y, así, el quejoso debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de la protección constitucional, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo, al no oponerse a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 1a./J.168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Lo anterior, se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Ahora, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que son facultades de los agentes del Ministerio Público la investigación y persecución de los hechos puestos a su consideración, para determinar si son o no constitutivos de algún tipo de delito previsto en las normas sustantivas locales o federales, según sea el caso y, en su oportunidad, una vez recabados los datos de prueba necesarios, determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. De lo que se colige que la función del ente investigador es de orden público, por lo que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una carpeta de investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad, de ahí que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos acaecidos durante la investigación inicial es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no obstaculizar las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público, ya que es evidente que no se cumpliría con el propósito constitucional aludido, si antes de investigar y obtener datos de prueba, se decide sobre la improcedencia de la denuncia. Aunado a lo expuesto, la interpretación sistemática de los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conllevan a reafirmar que la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio, trámite y judicialización de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial y su judicialización, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, dado que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo plasmado, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia PC.VII.P. J/1 P (11a.) del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En consecuencia, respecto del acto reclamado consistente en la integración de una carpeta de investigación seguida en su contra, como se dijo, resulta improcedente el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la ley de la materia, relativo a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, debido a que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico; por tanto, SE DESECHA PARCIALMENTE la demanda de amparo promovida por ********************, únicamente contra el acto que quedó precisado en este apartado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ********************, la cual quedó registrada con el número 965/2023, por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación de la libertad e incomunicación de que se dice objeto. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir sus informes justificados y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo; en el entendido que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional, igual prevención se realiza para los incidentes que deriven de este expediente. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) y la tesis I.20o.A.2 K (10a.). CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. No se advierte tercero interesado que llamar a juicio. PRUEBAS. No se ofrecieron pruebas al escrito inicial de demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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