Jesús Guadalupe Rodríguez
Expediente 1428/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Jesús Guadalupe Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta firmado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó por notoriamente improcedente el recurso de queja, interpuesto por el quejoso ********************; mismo que quedó registrado bajo el número 470/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta, tómese nota de lo informado, y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de cuenta signado por ******************** parte quejosa; por medio del cual interpone recurso de revisión contra la el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, emitido en este juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. Con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer el promovente; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, con las constancias respectivas, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto original y réplica del aludido escrito. Asimismo, hágase del conocimiento de la Superioridad, que el presente asunto, se encuentra integrado de conformidad con lo establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós; por lo que en términos del diverso 113 del precitado Acuerdo; infórmese al Ad quem, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el (1) Juez Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancias a efecto de acreditar el estado procesal que guarda el expediente ********************, de su índice, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de las cuales se aprecia que: (a) En actuación de dos de octubre de esta anualidad, emitida en ese sumario, tuvo por recibida la comunicación suscrita por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, autoridad demandada en ese procedimiento (aquí vinculada al cumplimiento), a través de la que solicitó una nueva prórroga para el cabal cumplimiento de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de origen. Petición que fue sustentada, bajo el argumento que, mediante oficio 01969/2023, solicitó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, la adecuación presupuestaria, en la modalidad de ampliación líquida, por cantidad de $********************(******************** moneda nacional), a efecto realizar el pago de la cantidad aún adeudada dentro de ese procedimiento; sin embargo, sostuvo que a esa data, aún no contaba con la respuesta de la entidad fiscal de referencia. Por lo que, previo a emitir pronunciamiento sobre dicho tópico, con su contenido, dio vista al actor de ese sumario para que, dentro del plazo ahí concedido, manifestara lo que a su interés conviniera; asimismo, procedió requerir a la Secretaría de Hacienda en cita, para que dentro del plazo otorgado, informara del resultado de la gestión efectuada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica enjuiciada en el juicio de origen. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexos. Así, toda vez que de lo informado por la oficiante, se advierte que se encuentra realizando gestiones para dar cumplimiento al fallo protector, téngase a la citada autoridad en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, SE REQUIERE a la autoridad responsable (1) Juez Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, para que realice lo siguiente: (i) Una vez que el actor de ese procedimiento haya desahogado la vista concedida en actuación de dos de octubre de esta anualidad, emitida dentro del sumario de origen, o en su caso, haya transcurrido el término concedido, informe inmediatamente a este Juzgado la determinación que conforme a derecho haya dictado en torno a la prórroga solicitada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica en el Estado de Chiapas. (ii) En identidad argumentativa, con la respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, respecto a la solicitud de adecuación presupuestaria realizada por la autoridad sujeta a su jurisdicción o, en su caso, con su omisión, informe inmediatamente a este órgano de control constitucional lo que en derecho corresponda. Asimismo, infórmese que se mantiene incólume el apercibimiento decretado en actuación de tres de abril de esta anualidad. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Jesús Guadalupe Rodríguez, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en el proveído de referencia; por lo que, se procede a lo siguiente: CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertidos de la demanda de amparo, en los siguientes términos: Actos reclamados: Del Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; reclama el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, mismo que surtió sus efectos el veintiuno de agosto del año en curso, por el que la autoridad responsable niega tener por cumplida la sentencia emitida el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 505/2017, toda vez que no se cubrió el monto total de la sentencia. De la Empresa Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclama la posible la falta de cumplimiento a depositar los montos requeridos por el Juez Cuarto Civil en el expediente 505/2017. Del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con sede en esta ciudad; reclama la no autorización para rescatar el depósito de la cantidad de $26,170.56 (veintiséis mil ciento setenta pesos 56/100 m.n.), efectuado por su empleadora Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, respecto del análisis del acto reclamado a las autoridades Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable y Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con sede en esta ciudad, en virtud de que dichas dependencias, no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo, obtenemos que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, de lo esgrimido en la demanda de amparo, es de particular importancia destacar, que la parte quejosa, reclama de la Empresa Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable, la posible falta de cumplimiento a depositar los montos requeridos por el Juez Cuarto Civil en el expediente 505/2017 y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con sede en esta ciudad; reclama la no autorización para rescatar el depósito de la cantidad de $26,170.56 (veintiséis mil ciento setenta pesos 56/100 m.n.), efectuado por su empleadora Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, se estima que los actos anteriormente citados a las autoridades responsables Empresa Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable y Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con sede en esta ciudad; no pueden ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación. Lo anterior es así, ya que el reclamo que realiza el impetrante del amparo a Empresa Operadora de Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable y Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con sede en esta ciudad, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo con el Poder Judicial del Estado de Chiapas, para efectos de hacer cumplir mandatos judiciales, esto es actúan como auxiliares de la autoridad responsable ordenadora, donde el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele el quejoso, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Finalmente respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residente en esta ciudad, esta juzgadora estima que el juicio constitucional es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, pues contra dicho acto, el Código de Comercio prevé un recurso, dentro del procedimiento, por virtud del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado. Del referido numeral se desprende la obligación del quejoso para agotar los recursos o medios de impugnación contenidos en la legislación ordinaria que rija al acto reclamado, previo a promover el juicio de amparo indirecto; así como las excepciones específicas para ello, contenidas en los incisos a) al c). Además, en el último párrafo se establecen dos supuestos más que fueron introducidos en la nueva legislación y que excluyen la observancia del principio de definitividad: 1) Cuando la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional; y, 2) Cuando el fundamento legal resulte insuficiente para determinar la procedencia del recurso o medio de defensa. En ambas hipótesis, se otorga a elección del quejoso la posibilidad de agotar el recurso ordinario o acudir al juicio de amparo indirecto, lo que indica que la finalidad de la norma es lograr un fácil acceso al juicio de amparo y evitar la proliferación de obstáculos procesales. En ese sentido, el precepto transcrito contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, como juicio excepcional que, solamente es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que, aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, sino únicamente lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La primera parte de la causal de improcedencia contenida en la disposición transcrita, prevé que el gobernado agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente una vez que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de garantías proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En el caso concreto, el aquí recurrente fue parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Asimismo, el quejoso se duele del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, mismo que surtió sus efectos el veintiuno de agosto del año en curso, por el que la autoridad responsable niega tener por cumplida la sentencia emitida el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 505/2017, toda vez que no se cubrió el monto total de la sentencia, en el cual tiene la calidad de demandado. En esas condiciones, si bien es cierto que, el procedimiento de origen se encuentra en la etapa de ejecución y, contra el citado acto reclamado, procede el recurso de revocación; en consecuencia, el peticionario se encontraba obligado a agotar dicho principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, por las razones que se exponen a continuación. En efecto, en el presente asunto, la ley aplicable al caso concreto es el Código de Comercio actual, toda vez que la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Atendiendo al criterio formulado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 246/2013 y que dio lugar a la jurisprudencia 1ª./J. 95/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su letra dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio.". Cabe hacer la precisión que debido a que la parte quejosa reclama en el juicio de origen la cantidad de $158,760.00 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), se tomara en cuenta lo establecido en el Código de Comercio vigente a la fecha en que se emitió la sentencia en el expediente 505/2017, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, esto es el año dos mil dieciocho. Ahora, por lo que hace a la apelación; del contenido de los numerales 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio (vigente a la fecha de la presentación de la demanda, misma que fue en el año dos mil diecisiete), se obtiene lo siguiente: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (.)". "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone". Así, del examen al cardinal transcrito en primer término, se desprende que, en los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional (vigente a la época en que se emitió la sentencia en el juicio de origen), por concepto de suerte principal, como ocurre en el caso; asimismo, procederá la apelación en ambos efectos, respecto de sentencias definitivas; sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio; aunado a que en cualquier otra resolución que sea apelable, la alzada solamente se admitirá en el efecto devolutivo. Por su parte, el numeral inserto en segundo lugar, dispone que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional (vigente a la época en que se emitió la sentencia en el juicio de origen). Mientras que, el artículo referido en último término, prevé que las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior; además de que, con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. Ahora bien, aunque el artículo 1341 del Código de Comercio no distingue para efectos de la procedencia del recurso de apelación, que se trate de autos o resoluciones emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva; antes bien, la interpretación lógica y jurídica debe ser en el sentido de que los autos que se emitan en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad material de que se revisen en la definitiva porque ésta ya existe, deben ser recurribles en apelación, con la única condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, y que el interés del negocio exceda de la cuantía referida, vigente a la época de la interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal . Corrobora la conclusión anterior, el contenido de la jurisprudencia 1a/J. 13/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 112, registro digital 194073, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." Atento a lo anterior, si bien es cierto que en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, mismo que surtió sus efectos el veintiuno de agosto del año en curso, por el que la autoridad responsable niega tener por cumplida la sentencia emitida el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 505/2017, toda vez que no se cubrió el monto total de la sentencia; cuyo proveído por razón de la cuantía no es apelable; por tanto, no procede el recurso de apelación en su contra; también es verdad que ello no implica que sea irrecurrible, conforme a lo previsto en el diverso numeral 1334, párrafo primero, del Código de Comercio, aplicable al caso concreto, y que dispone: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". De la interpretación literal del mencionado dispositivo legal, se desprende que la revocación es un medio de impugnación contemplado para los autos o decretos dictados por los jueces de primera instancia que no fueren apelables. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no es exacto que la regla general contenida en dicha disposición, únicamente sea aplicable a los autos y decretos dictados durante el procedimiento respectivo, ya que el capítulo relativo a ejecución de sentencia, no consigna excepción alguna al respecto; por ende, afirmó que los proveídos emitidos en los juicios ejecutivos mercantiles, en la fase de ejecución del fallo respectivo, que no sean apelables, admiten el recurso de revocación, establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis aislada con número de registro 352724, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXI, página 1306, del rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, CONTRA AUTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Los autos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles, en el periodo de ejecución de sentencia, que no sean apelables, admiten el recurso de revocación, establecido por el artículo 1334 del Código de Comercio, disposición que es aplicable, en relación con lo dispuesto por los artículos 1341, segunda parte, y 1344 del ordenamiento mencionado, interpretados en sentido contrario, pues no es exacto que la regla general contenida en el precepto primeramente citado, únicamente se refiera a los autos y decretos dictados en el periodo de conocimiento del negocio, ya que el capítulo relativo a ejecución de sentencia, no consigna excepción alguna al respecto". Asimismo, es aplicable al caso, por las razones que informa, el criterio jurisprudencial 1a./J. 101/2001, pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, del tenor siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil , sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con el lo se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general , deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". Como se vio, tanto del contenido del dispositivo normativo y los criterios invocados con antelación, se desprende que, la circunstancia de que el acuerdo reclamado no sea impugnable mediante el recurso de apelación, no implica que éste fuera irrecurrible, al existir a su favor un diverso recurso, siendo en el caso, el de revocación; por ende, la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad que regula al juicio constitucional, ya que, como se precisó en párrafos precedentes, el recurso de revocación procede contra los autos dictados en ejecución de sentencia, pues los supuestos de procedencia de dicho medio de impugnación, se encuentran establecidos en el numeral 1334 del Código de Comercio, son a) autos que no fueren apelables y, b) decretos de mero trámite. En esa tesitura, el auto reclamado de que se trata, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, pues si bien, como se dijo, no es apelable, sí era revocable ante el juez que lo dictó, lo que pudo traer como consecuencia la reparación de las violaciones aducidas, antes de acudir al juicio de garantías, agotando en principio el medio de defensa a su alcance y dar con ello cumplimiento al citado principio rector del juicio de amparo. Es en esa razón, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada al inicio del presente estudio. Es aplicable al caso, en cuanto a su contenido, el criterio jurisprudencial 1ª./J. 70/2013 (10ª.), sustentando por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 401, del tenor siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Asimismo, la jurisprudencia de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII y XXIII, 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Jesús Guadalupe Rodríguez. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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