Jesús Guadalupe Peralta Encinas

Expediente 165/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 1 actuación registrada, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
165/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Jesús Guadalupe Peralta Encinas

Actuaciones

  1. Principal

    Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese con el número 165/2022, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Una vez establecido lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el consiste en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La Ilegal y arbitraria Orden emitida por la autoridad judicial generada del procedimiento registrado bajo expediente 165/2018, para efectos de que sea desalojado de mi domicilio, del cual soy propietario y de mi familia con la cual cohabito en nuestro domicilio particular, toda vez que el suscrito y mi familia habitamos el domicilio ubicado en Calles 14 y 15, avenida 35, Colonia Luis Donaldo Colosio, de este Ciudad desde el año 2002, (.)" En relación al acto reclamado antes citado, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los citados numerales se advierten dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se plantea en el primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se expone en los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento, el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Luego, si el acto reclamado en el presente juicio lo hace consistir en la orden de desalojo emitida en el expediente 165/2018, en la cual se requirió la entrega del bien inmueble materia de la litis; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior, pues si bien dicha actuación tiene por objeto requerir la propiedad a la parte quejosa, lo cierto es que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, no es la determinación que declara totalmente cumplida la sentencia, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, primer supuesto al que se refiere la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo; siendo hasta el dictado de alguna de estas, cuando se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, se precisa que toda vez que el acto reclamado aún y cuando se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, no puede aplicársele la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque como lo sostiene el máximo tribunal bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo, por lo que si el acto reclamado no es la última determinación en el procedimiento de ejecución el mismo no resulta procedente para efectos del juicio de amparo... Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo para impugnar las violaciones cometidas en el mismo. En ese tenor, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Del contenido de la demanda se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle Aldama, número 31, colonia San Benito, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por tanto, al encontrarse dicho inmueble fuera de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para esos efectos. 4. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martín Alfredo Fragoso Bringas, Valentín Jaime Acosta Sánchez y Rocío Salazar Virgen, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se tiene a Nallely Yanayth Noriega Macías como persona autorizada, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos quien no gozará de las demás facultades previstas en el numeral 12 párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el sistema citado.

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