Jesus Guadalupe Hernandez Reyes

Expediente 1253/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Jesus Guadalupe Hernandez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de diciembre de dos mil veintidós. SE DECLARA FIRME LA SENTENCIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se SUSPENSIÓN DE PLANO INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO NO NO NO NO YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 declara que dicha resolución adquirió firmeza para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 Amparo indirecto 1253/2022 Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 4 que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1253/2022, promovido por Jesús Guadalupe Hernández Reyes, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas; sin la comparecencia física o virtual de las partes. Estado procesal. De igual forma, se trae a la vista el proveído de diecinueve de octubre del dos mil veintidós, en el que se requirió al quejoso para que en el término de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de los terceros interesados 1Gasolinera Estación Galerías 10194 y 2Luciano Andres Ruiz Robledo, a fin de emplazarlos al presente juicio; sin que haya hecho manifestación alguna, toda vez que se le notificó por lista el veinticinco de octubre actual, previo aviso de notificación de veinte de octubre. La Jueza de Distrito acuerda: Ahora bien, en el caso, se realizaron las gestiones conducentes para lograr el emplazamiento de los terceros interesados al presente asunto; no obstante, dado al sentido de este fallo, y con el fin de evitar dilaciones procesales en el sumario en que se actúa, se estima incensario su llamamiento, sin que ello les depare perjuicio alguno. Apoya la anterior determinación, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 196912, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: P. V/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, Tipo: Aislada. "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Lo anterior se estima en razón de que ambas partes en el juicio de origen, están interesadas en que la justicia se imparta de manera pronta y expedita. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 03-05 2 AUTO ADMISORIO 06-14 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 16 4 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO 16 5 INFORME JUSTIFICADO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, Y SU ANEXO. 35-146 Asimismo, se hace constar el sentido del informe justificado de la autoridad responsable: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO ÚNICO JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. NIEGA Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 QUEJOSA DOCUMENTAL 27 2 JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. DOCUMENTALES 36- 146 La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular sus alegatos; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1253/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de la que correspondió conocer por razón de turno a este juzgado de distrito, Jesús Guadalupe Hernández Reyes, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre siguiente, se registró dicho libelo bajo el número de expediente 1253/2022, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se comisionó al actuario judicial para que emplazara a los terceros interesados, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, seguida la secuela procesal, se dijo nueva fecha y hora para su celebración, llevándose a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza del actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable consiste en: La paralización total del juicio ordinario J/O/489/2015, al no dictar el laudo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la omisión de dictar laudo, por los motivos que expone y justifica con las documentales que integran el sumario laboral J/O/489/2015, en el que se aprecian diversas actuaciones de dicha potestad que evidencian la inexistencia del acto reclamado, pese a los escritos promovidos por el actor [aquí quejoso] para gestionar las etapas procesales que deparan en el cierre de instrucción a que se refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Así, tratándose de omisiones la persona juzgadora debe llegar a la convicción de la existencia del acto reclamado analizando la aptitud para actuar de la autoridad, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación, o bien, el desahogo de una actuación. En efecto la persona juzgadora de amparo debe revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen, para obtener certeza sobre la existencia de la omisión reclamada. En otras palabras, cuando los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el juzgador de amparo debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización. Esta conclusión se corrobora si se pondera que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. La diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Por ello, muchas de las cosas que no hacen las autoridades pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacen, pero que por alguna razón tenían el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones. Tales consideraciones derivan de los criterios por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías." (Novena Época. Registro: 171435. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Común. Tesis: 1a. CXC/2007. Página: 386). "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En ese sentido, del informe justificado y pruebas ofertadas por la Junta responsable, se destaca que a pesar de acordar de conformidad los escritos del actor, y turnar el expediente laboral para la elaboración del proyecto de laudo, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós [foja 146], la Junta regularizó el expediente destacando que se encontraba pendiente el desahogo de las pruebas ofertadas por la parte demandada [terceros interesados], consistente en la testimonial y confesional a cargo del actor. Expuesto lo anterior, se concluye que no son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, consistentes en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral J/O/489/2015, de su índice, lo que evidencia que el juicio no guarda estado para dictar laudo y, por ende, no existen las omisiones reclamadas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), número de registro 2018110, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por tanto, se sobresee el juicio por inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio respecto de los actos y autoridad señalados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Intégrese a los autos el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en eta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. PRUEBAS DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE LABORAL ORIGINAL Ahora, respecto al tomo original del expediente laboral J/O/489/2015 que la potestad en trato anexó a su informe de cuenta, a fin de no interrumpir el procedimiento en el juicio de origen, previas copias certificadas que se dejen en esta Secretaria, mediante oficio que al efecto se genere, devuélvase el expediente original a la Junta responsable, en el entendido que el sello de recepción se tomará como acuse de recibo. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 Por lo anterior, en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales de mérito, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva, las cuales se ordena glosar al expediente en que se actúa. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de octubre de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurre el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, toda vez que recibió el oficio el cuatro de octubre del año en curso. Asimismo, que en auto de diecinueve de octubre se ordenó dar vista a la parte quejosa con la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados en el domicilio proporcionado, por lo que, se encuentra pendiente dicha diligencia. 1 Día 11/15. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 DIFERIMIENTO En tal virtud, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia de ley y se fijan las once horas con veinte minutos del catorce de noviembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Notifíquese.

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